Víctor Alejandro Fuentes, un supuesto pandillero de 20 años, tenía colocado un brazalete electrónico para ser controlado por un centro de monitoreo, ya que era procesado en libertad por posesión y tenencia de drogas.
La detención de Fuentes, en su casa situada en la colonia Altavista, en el sector que corresponde a Tonacatepeque; se produjo después de que el presidente Nayib Bukele anunciara el retiro de los brazaletes electrónicos por considerar que no funcionan, por lo que han comenzado a investigar esas supuestas irregularidades.
El uso del dispositivo, por Fuentes, fue autorizado desde hace tres meses y medio por un juzgado de Instrucción donde es procesado por posesión y tenencia de droga.
La madrugada de ayer, Fuentes fue capturado por policías de la División Central de Investigaciones (DCI) es acusado junto a otros nueve pandilleros de extorsionar a residentes y negocios del sector, según fuentes policiales.
“Creemos que no funcionan y son más de $2 millones en bodegas que incluso ponen en riesgo al pueblo salvadoreño”, dijo Bukele.
Agregó que los dispositivos para los imputados que son procesados en libertad “no envían alarmas. No funcionan”, dijo.
Recientemente, otro supuesto pandillero que llevaba un brazalete electrónico para que las autoridades controlaran sus movimientos fue capturado mientras estaba reunido con otros mareros.
Jaime Ulises Reyes Lazo, de 24 años, fue arrestado en San Miguel, mientras se reunía con pandilleros a quienes tenía prohibido frecuentar. Reyes Lazo residía en el cantón Siramá de La Unión, pero el centro de monitoreo detectó que se había salido del área que tenía permitido desplazarse. En mayo pasado, otro pandillero rompió el dispositivo y huyó en San Miguel.
El proyecto fue puesto en marcha en diciembre de 2017 con la compra de 2,480 brazaletes electrónicos a un costo de 4.7 millones de dólares de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Las autoridades de Seguridad anteriores tenían previsto que el 100 por ciento de los dispositivos estuvieran activados en diciembre de 2018, pero solo a 209 procesados en libertad se los habían colocado, lo que significaba un 8 por ciento.
El uso de los brazaletes electrónicos era una de las opciones que dijeron tener las autoridades para poder reducir más del 300 % del hacinamiento carcelario.