Centros Penales solo ha colocado 8% de brazaletes electrónicos que costaron $4.7 millones

Director Marco Tulio Lima señala que jueces no “explotan” herramienta que descongestionaría las cárceles

Foto de referencia. EDH/ Archivo

Por Diana Escalante

Dic 09, 2018- 07:00

Un año ha pasado desde que el Gobierno puso en marcha un proyecto en el que invirtió $4.7 millones provenientes de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para comprar 2,840 brazaletes electrónicos que serán colocados a reos de baja peligrosidad que pueden recobrar su libertad, pero con restricciones. Sin embargo, el proceso avanza a paso lento y, a la fecha, no se han logrado los resultados “deseables”.

La Dirección General de Centros Penales había estimado que al cierre de este año estarían activados el 100 por ciento de los dispositivos electrónicos, pero solo se les ha colocado a 209 personas, es decir que únicamente se ha utilizado 8 por ciento de los aparatos.

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Las autoridades han visto en esta medida una alternativa para reducir el 360 por ciento de sobrepoblación que hay en las cárceles de El Salvador.

El titular de la institución, Marco Tulio Lima, sostiene que el sistema de brazaletes funciona bien y se tiene suficiente equipo humano y tecnológico para ponerlo en práctica. Pero matiza que “el país tiene una solución eficaz (al problema del hacinamiento carcelario) que no se está explotando”.

“Reconocemos que solo se ha conectado el 8 por ciento de los dispositivos. A estas alturas ya debíamos tener conectado los 2,840. Nosotros creemos que hay un poco de deficiencia en la claridad y conciencia que deben tener los juzgadores para hacer uso de esta medida”, señala Lima.

Él considera que los jueces deberían aprovechar estos aparatos electrónicos para imponer medidas alternas a la prisión provisional. Además, para permitir la salida de estos recintos a más de 3,000 reclusos que ya no deberían estar ahí, entre otras razones, porque sufren enfermedades crónicas o degenerativas; así como a otros 500 que tienen complicaciones de salud por ser portadores del virus del VIH.

Para el director general de las penitenciarías del país, también es “lamentable” que por la “mora judicial”, desde diciembre del año pasado, algunos jueces ordenaron colocar 86 aparatos a quienes enfrentaban procesos por diferentes delitos pero se les venció el plazo de detención provisional (24 meses).

En diciembre de 2017, delegados del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (de quien depende la Dirección de Centros Penales), de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General de la República firmaron una carta de entendimiento en la cual dejaron establecido que la asignación de las pulseras electrónicas iba a ser determinada por los jueces de causa cuando se tratara de personas procesadas y si ya habían recibido una condena estarían a disposición de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria.

¿A quiénes se beneficia?

De acuerdo a las autoridades, en el sistema carcelario los reos que pueden optar a este beneficio son quienes de acuerdo al Consejo Criminológico han cumplido las dos terceras partes de la condena, que demuestren buena conducta y se hayan incorporado a los programas de rehabilitación y reinserción.

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El proceso para otorgar el brazalete inicia cuando el juzgado lo solicita a Centros Penales y, mientras la institución resuelve, el imputado es recluido en bartolinas. Luego, si al reo le es aprobado el beneficio, delegados de Centros Penales llegan a colocarle el brazalete y recobra su libertad.

La Unión, San Salvador y Santa Ana son los departamentos en donde los jueces han avalado la colocación de más pulseras electrónicas. San Vicente, Cabañas y Chalatenango es donde menos se ha hecho uso de este recurso, según los registros del sistema carcelario.

Jueces señalan falta de difusión

Días atrás, El Diario de Hoy consultó a algunos jueces sobre la aplicación de los brazaletes electrónicos y aunque señalaron que es una herramienta útil, coincidieron en que falta difusión por parte de las autoridades para el uso de los aparatos.

La jueza Segunda de Paz, Martha Liliam Villatoro,consideró que la pulsera es una herramienta “muy buena” porque la detención provisional es la última opción que ella quisiera imponer. La funcionaria sostuvo que ha dispuesto del recurso en casos que lo han ameritado.

“Es muy importante porque ayuda a reducir el hacinamiento y los imputados que lo llevan consigo no se exponen a un riesgo mayor en las bartolinas”, opinó Villatoro.

Su colega, del Juzgado Cuarto de Paz, Nelly Pozas, aseguró haber impuesto la medida en dos casos y no más, porque se requiere de todo un trámite entre el Juzgado y Centros Penales que dura unas dos semanas.

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La juzgadora reconoció que es “una muy buena medida”, pero señaló el candidato debe reunir condiciones como no residir cerca de un penal, porque la señal telefónica está bloqueada.

“Sí es posible ponerle la medida sustitutiva a la detención con el brazalete, pero esto se decide hasta después de la audiencia”, advirtió.

Lima asegura que personal de que la institución está haciendo “visitas domiciliares” a los jueces para explicarles cómo se lleva a cabo el estudio técnico que permite establecer si es factible que a un procesado se le beneficie con el brazalete electrónico. Además, se le instruye sobre cómo funciona el aparato y sus ventajas.

“Vamos a seguir divulgando esta opción, pero esto pasa por el tipo de visión que tenga el juez y cómo quiera manejar las resoluciones judiciales”, manifiesta Lima.

Diputado advierte falta de transparencia en compra de dispositivos

Mauricio Ernesto Vargas, diputado del partido ARENA e integrante de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, señala que no ha habido “transparencia ni claridad” en la compra de brazaletes electrónicos, así como del equipo que permite ponerlos a funcionar.

A este hecho atribuye él que, a un año de haber iniciado el proyecto, el Gobierno no ha logrado colocar “ni el cinco por ciento de la compra total, en la que se hizo una inversión (económica) fuerte”.

El diputado sostiene que en reiteradas ocasiones se le ha pedido a las autoridades de Seguridad que den explicaciones al respecto pero, según dice, la respuesta que han recibido es que “todo marcha bien”.

“Se buscó y se compró (los dispositivos electrónicos) sin los criterios técnicos adecuados. De una inversión de $4 millones se están usando $200,000, por decirlo así. Creo que han tenido un analfabetismo tecnológico al mandar a cualquier persona a hacer una compra altamente calificada y tecnificada”, expresa Vargas.

Agrega que no hay “voluntad política” para exigir explicaciones sobre el tema, pues no se han alcanzado los 43 votos necesarios de los diputados para que se pueda interpelar a funcionarios de seguridad.

El Director de Centros Penales asegura que “nunca” se le ha pedido un informe acerca de los brazaletes; rechazó que se esté ocultando información y sostiene que está dispuesto a dar explicaciones a cualquier entidad.

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