El viceministro de Hacienda, Jerson Rogelio Posada, llegó este miércoles a la Asamblea a dejar un informe sellado con la palabra “confidencial”, el cual fue solicitado por la comisión especial que investiga el traslado de dinero a ONG, Fundaciones y Asociaciones sin fines de lucro.
El funcionario detalló que desde 2010 a 2021, han identificado que se entregaron $273 millones a 360 organizaciones no gubernamentales; sin embargo, no precisó a quiénes y tampoco si los fondos se ocuparon o no para los fines previstos.
"Este informe tiene toda la información desde el 2010 hasta el 2021; es decir, 11 años en los que se hizo una transferencia de recursos por un monto de $273 millones a 360 organizaciones sin fines de lucro. Tenemos la certeza de que esta información servirá para investigar si se utilizó para beneficio de la población o no el dinero. Estamos en la disposición de apoyar a la Comisión Especial en las diligencias que estime convenientes”, explicó el viceministro de Hacienda.
Algunos diputados de Nuevas Ideas y el gobierno reclaman que mucho de ese dinero fue para beneficio de allegados a partidos políticos y que no se cumplió la función para la cual iban destinados los recursos.
La comisión especial fue creada por la Asamblea el pasado 19 de mayo solo con diputados del oficialismo y de los partidos afines al gobierno: GANA y el PCN, en una cruzada que también ha llevado a varios diputados de Nuevas Ideas a emprender una campaña de desprestigio en contra de las organizaciones de la sociedad civil que cuestionan las decisiones del presidente Nayib Bukele.
Sus acciones han llegado hasta publicar de forma burlesca en sus cuentas de Twitter los logos de varias organizaciones sociales que son críticas del Gobierno, además de cuestionar los comunicados que dichas organizaciones publican denunciando, lo que a su juicio, son acciones irregulares en contra de la institucionalidad y la Constitución de la República ejercidas por el Ejecutivo y la Asamblea.
Específicamente, las asociaciones civiles alegan que la destitución de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional realizada el 1 de mayo por la nueva legislatura es “ilegal” y que se “impuso” ese mismo día una nueva Sala que no garantiza la imparcialidad en la justicia constitucional.
Al igual que pasó con el ex fiscal general, Raúl Melara, quien fue separado de su cargo. La Asamblea nombró ese mismo día a Rodolfo Delgado en su lugar, a quien se observó tener nexos con el gobierno, en su participación como abogado defensor del director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, en el caso de su antejuicio promovido por la anterior legislatura.
La situación se volvió más crítica, cuando las organizaciones se unieron para acudir al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para manifestarle la crisis institucional y política que existe en El Salvador desde el pasado 1 de mayo cuando fueron destituidos los magistrados de la Sala de lo Constitucional y el fiscal general.
Christian Guevara, jefe de la fracción parlamentaria de Nuevas Ideas, comentó sobre el comunicado emitido por los organismos diciendo en su cuenta de Twitter que cada logo tenía un costo de $1 millón y que esa era la preocupación de las entidades.
También el pasado 25 de mayo varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ); la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades); la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde); Acción Ciudadana; la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), entre otros, denunciaron “persecución penal con fines políticos”.
Se referían a los casos en que el gobierno “utiliza instituciones estatales” como la Fiscalía para atacar el ejercicio de la libertad de expresión y de otros derechos fundamentales, específicamente contra Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC-Funde) y de Bertha María de León, abogada y excandidata a diputada, a quien la Fiscalía le sigue varios procesos en su contra; uno de ellos promovido por el exdiputado de Nuevas Ideas, Walter Araujo.
El diputado de Nuevas Ideas, Walter Alemán, publicó en su cuenta que el comunicado de las organizaciones reflejaba una “descripción gráfica de cómo se miraba la corrupción en el país”, y añadió que son “los que siempre querían controlar al Estado, salvadoreño”, y pidió a los usuarios que comentaran lo que piensan de los organismos.
Elisa Rosales, diputada de Nuevas Ideas, también publicó en Twitter que las organizaciones serán investigadas y auditadas. “Ojo, vamos a auditar y a investigar a todos los tanques de pensamiento y a las ONG (fantasma)”, publicó en su cuenta de la red social.
Otro de los funcionarios que han tuiteado los logos de las organizaciones es el subsecretario de Innovación, Fabrizio Mena, quien publicó en su cuenta: “juguemos, juguemos… De los siguientes loguitos, díganme ¿Cuántos van a salir en el informe final de la #ComisionAntiFachada de #LaNuevaAsamblea”?”
Hasta el momento la comisión especial no ha entrado en detalle a conocer sobre los casos, ya que ha quedado abierta, es decir, que podrá reunirse en cualquier momento, explicó la presidenta de la misma, la diputada Alexia Rivas, de Nuevas Ideas.
Rivas explicó que no abrirán el documento que el viceministro de Hacienda les llevó sellado hasta que tengan toda la información completa, incluida la que han pedido a la Asamblea y al Ministerio de Gobernación, sobre las ONG inscritas con personería jurídica.
“Esta comisión va a llegar hasta las últimas consecuencias y vamos a desmontar ese sistema corrupto que se instaló en esta Asamblea. Hemos sido claros en decir que nosotros vamos a investigar a todas las ONG y los resultados se darán a conocer a todos los salvadoreños. No importa qué diputado o qué funcionario haya estado involucrado, todos van a tener que rendir cuentas”, manifestó Rivas.
Funde hizo investigación
Jiovanni Fuentes, coordinador de Proyectos de Funde, explicó que ellos realizaron un estudio referente al dinero público que se destina a las ONG, en el cual pudieron evidenciar revisando los presupuestos aprobados que entre el periodo de 2002 a 2017, se habían adjudicado $294 millones a distintas organizaciones.
“Entenderíamos que si no hubo algún tipo de sanción por parte de las instituciones de control, probablemente las justificaciones que dieron eran adecuadas en aquel momento”, señaló Fuentes; sin embargo, no descartó que en algunas asignaciones lograron identificar que ciertos recursos iban destinados a “fundaciones allegadas a algunos funcionarios del gobierno o representantes de partidos políticos”.
En ese momento se sugirió la posibilidad de legislar en el sentido de crear una ley para que las fundaciones y asociaciones pudieran acceder en igualdad de condiciones, en procesos transparentes y competitivos y que la Corte de Cuentas tuviera una acción de control de los recursos.
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Pero de eso a que Funde haya recibido dineros públicos para beneficio propio como lo hace ver el gobierno no es cierto, dijo Fuentes.
“Para que el gobierno diga eso, tiene que presentar pruebas, por el momento no se han presentado. El informe de Hacienda que ha presentado este día (ayer) lo presenta de manera confidencial”, señaló Fuentes.
El director de Funde, Roberto Rubio, fue abordado el pasado martes sobre el mismo tema y al respecto contestó: “No hemos recibido del gobierno, de ningún gobierno donaciones. Donaciones ni un cinco, que es lo que se tienen que investigar, qué se ha hecho con ese dinero”, manifestó Rubio.