Los diputados René Portillo Cuadra, de ARENA; Nidia Díaz, del FMLN y el abogado José Carlos Rodezno opinan que es necesario un decreto legislativo transitorio que proteja a los empleados, públicos y privados, que fueron enviados a “cuarentena” por el Gobierno por riesgo a contagio del coronavirus, para que reciban sus salarios.
Rodezno expone que el Decreto de Emergencia dice que las personas que se vean afectadas por una cuarentena, una restricción sanitaria que emita el Ministerio de Salud, quien asume el pago es el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), porque se tratarían como incapacidades temporales.
“Para obligar al patrono a pagar los salarios, creo que ese decreto Ejecutivo no es base legal suficiente, tendría que haber un decreto legislativo que en su momento lo avalara, porque de otra manera, esa disposición se tendría que entender dentro de las restricciones sanitarias que está dictando el Ministerio de Salud, y bajo esas restricciones sanitarias tendría que aplicar el decreto de emergencia y en ningún lado dice que el empleador privado es el que debe correr con los costos de los salarios”, sostiene Rodezno.
Ante dicha situación, el diputado Portillo Cuadra presentó una pieza de correspondencia, el pasado 16 de marzo, en la cual se detalla que las embarazadas, los mayores de 60 años, las personas con enfermedades crónicas y quienes tuvieran grave riesgo de contagio del Covid-19 no deberán presentarse a laborar a sus trabajos durante 30 días y gozarán de su salario y prestaciones sociales.
En el artículo 3 del decreto transitorio manifiesta también que el patrono del sector privado que incumpla lo dispuesto será sancionado. Según el diputado, el Decreto de Emergencia solo obliga a los patronos y al ISSS a pagar las incapacidades por cuarentena, y el decreto transitorio que propone cubre el 100 % de los salarios de las personas que el presidente Nayib Bukele ha dicho: embarazadas, personas que adolecen una enfermedad crónica, y adultos mayores de 60 años.
“Es muy diferente el pago de subsidio del Seguro Social por alguien que ha sido detectado con cuarentena de alguien que es mandado a su casa por su edad o por embarazo, son dos cosas totalmente diferentes, porque la incapacidad del Seguro la paga, sí y solo sí, existe una incapacidad del mismo Ministerio de Salud o del ISSS, pero la persona que fue mandada a su casa por ser mayor de 60 años qué va a presentar, entonces no hay una base legal”, sostiene el legislador.
Añadió que el obligar a un patrono privado a pagar un salario durante 30 días a estas personas es necesaria una ley aprobada por la Asamblea porque el Decreto de Emergencia le da plenas potestades al presidente de dirigir el tema de la pandemia, de orden sanitaria, pero el obligar a pagar salarios a los empleados no tiene relación con la pandemia, opina Portillo Cuadra.
Nidia Díaz manifiesta que según está redactado en el Decreto de Emergencia está claro que los empleadores deben pagar salarios a los empleados en cuarentena.
“La intencionalidad (del Decreto de Emergencia) es que nadie debe ser despedido, ni suspendido, a menos que haya una disposición anterior (una situación de despido), pero a las personas que van a cuarentena se les va a pagar el salario”, dice la legisladora.
Agregó que algunos parlamentarios de su partido opina que debe existir una iniciativa especial donde se especifique quién pagará el AFP, el ISSS de una persona que esté durante 30 días sin laborar.
“Nosotros estamos trabajando una propuesta también, tenemos un equipo trabajando en eso. Hoy por hoy, si alguien me dice que si le van a descontar yo le digo que no, no le pueden descontar, lo que no pueden es suspender el trabajo, suspender la empresa, es una modalidad que estamos discutiendo. Lo que nos preocupa es la micro y pequeña empresa”, manifiesta la diputada.
Añade que ante la solución del Ejecutivo de ofrecer un crédito con el Banco Hipotecario, que algunas empresas no podrían pagar debido a las pérdidas, entonces tendría que haber un plan de reactivación económica.