Con la abstención de algunos diputados, la Asamblea Legislativa eligió ayer a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), pero varias organizaciones de la sociedad civil han cuestionado los nombramientos porque consideran que algunos tienen expedientes abiertos, tienen nexos partidarios o porque no tienen la experiencia para ostentar a esos cargos.
“Las entrevistas que ha realizado la Asamblea Legislativa han dejado en evidencia que personas que han llegado muchas de ellas carecen de los conocimientos básicos en materia electoral; otras tienen claros vínculos partidarios y además, algunos incluso investigaciones activas en la Fiscalía; por lo tanto, este proceso ha dejado mucho que desear”, planteó el presidente del Centro de Estudios Jurídicos, José Miguel Arévalo, a El Diario de Hoy.
La Asamblea Legislativa nombró a la abogada Dora Esmeralda Martínez de Barahona como presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), reeligió a Julio Olivo, aún presidente del TSE y con vínculos con el FMLN y a Luis Guillermo Wellman (ARENA) como magistrados propietarios. Wellman es señalado de tener vínculos con ARENA por haber sido diputado suplente por ese partido.
A propuesta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) los diputados eligieron para propietarios a Noel Orellana, quien actualmente es el gerente de operaciones legislativas del Congreso y quien tiene procesos abiertos por falsedad ideológica y ocultamiento de documentos en la Fiscalía General de la República, y a Rubén Atilio Meléndez, actual magistrado suplente en el TSE.
“Hemos tenido el cuidado de que independientemente sean propuestas de los partidos no tengan una clara vinculación partidaria, hemos respetado eso. Todos los aspirantes que se sometieron a eso cumplieron el requisito de presentar una constancia del Tribunal Supremo Electoral; nosotros hemos cumplido los procedimientos”, manifestó el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano.
Además de los cuestionamientos, ya existe una demanda de parte del abogado Enrique Anaya, quien presentó el escrito de impugnación ante la Sala de lo Constitucional.
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) también se sumó a las críticas y apuntó que ni la CSJ ni la Asamblea hicieron público el mecanismo de evaluación “con base a un baremo que justifique, de forma objetiva la calificación obtenida por los aspirantes en aspectos fundamentales como su formación académica, el conocimiento del Derecho electoral, la trayectoria profesional, la independencia e imparcialidad y la moralidad de los integrantes de las diferentes ternas”, expone Fusades.
Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana (AC), también arremetió contra la elección tanto que se hizo por la Corte Suprema de Justicia como la decisión que finalmente tomó el Congreso.
“Hablamos que hay una evidencia de que se hicieron a un lado inhabilitaciones que la Sala de lo Constitucional había señalado para cierto tipo de candidatos en estos cargos, no pesaron estos aspectos en la ponderación de Comisión Política. Había señalamientos de falta de idoneidad, procesos abiertos, militancia o vinculación partidaria y no fueron escuchados. La Asamblea de nuevo hace un procedimiento sin observar todos estos criterios”, manifestó Escobar.
Diputados defienden idoneidad
Uno de los mayores cuestionamientos se enfocó en la nueva presidenta del TSE, quien durante la entrevista que le hicieron los legisladores dejó dudas sobre su capacidad en los representantes de estas organizaciones.
Los legisladores a excepción de algunos que se abstuvieron de acompañar en la votación defendieron el proceso de selección.
“La verdad es que yo no comparto ese tipo de señalamientos, la licenciada Barahona, sin bien es cierto no tiene mayor experiencia electoral; sin embargo, los fundamentos elementales, los fundamentos básicos, los fundamentos imprescindibles en esta materia ella los maneja”, dijo Mario Tenorio del partido GANA que la propuso.