La Corte de Cuentas del país será anfitriona de una asamblea de instituciones fiscalizadoras y estará expuesta a la mirada de representantes de Latinoamérica y del Caribe, en momentos de cuestionamientos hacia la institución luego que el expresidente de la entidad, Hernán Contreras, fuera acusado por la Fiscalía de incumplir sus deberes al favorecer al expresidente Antonio Saca en una auditoría.
Ante ello, organizaciones como Funde (Fundación Nacional para el Desarrollo), que forma parte de Transparencia Internacional y del Consorcio por la transparencia y lucha contra la corrupción, critica el gasto de alrededor de $200,000 que planea hacer el ente contralor en una asamblea de cuatro días en octubre, pues ese dinero puede ser invertido en mejorar el trabajo de la Corte.
El Diario de Hoy publicó este lunes que la Corte de Cuentas planea gastar esa cantidad de fondos públicos en un cónclave con más de 350 invitados de 22 países miembros de la Olacefs (Organización de Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores) que se realizará del 15 al 18 de octubre de 2019 en San Salvador, cuya agenda de temas a tratar aún no ha sido divulgada.
Las bases de la licitación pública para contratar al organizador están en el sitio oficial de Comprasal.
Roberto Rubio, director ejecutivo de Funde, cuestiona: “¿Qué se está haciendo en la Corte de Cuentas, no tanto para hacer seminarios o eventos donde se gasten $200,000, sino cuáles son las acciones concretas para devolverle la credibilidad a la Corte de Cuentas, que está perdida?”.
A juicio de Rubio, “el historial de la Corte de Cuentas deja mucho que desear. La Corte de cuentas no ha contado bien las cuentas de los funcionarios que les interesan”.
El director de Funde señala que la Corte ha sido un “coto de caza de los partidos políticos para defender a los funcionarios de esos partidos, sobre todo cuando están en el gobierno o cuando son aliados del gobierno e incluso ha servido de cómplice”.
Uno de los casos que menciona Rubio es la entrega de “finiquitos exprés”, como el que Contreras entregó a Saca al concluir su mandato en 2009.
En junio pasado, la Fiscalía General acusó a Contreras ante el Juzgado Octavo de Paz de San Salvador de favorecer a Saca en una auditoría hecha a la partida secreta, al plasmar información falsa en los análisis y al hacer el trabajo desde los escritorios de la Corte y no en Casa Presidencial, como manda la ley.
La Fiscalía acusa a Contreras de incumplimiento de deberes y de falsedad documental agravada.
De allí que Rubio opina que “el historial de la institución que vela por la transparencia de las instituciones públicas es oscuro”.
Coincidentemente, la embajadora de EE. UU., Jean Manes, fue consultada ayer durante una entrevista televisiva qué retos veía para el país y entre esos la diplomática menciona que uno es la Corte de Cuentas, donde “aún hay muchas cosas que hacer”. Luego añadió: “seguimos apoyando la institucionalidad en lo que se debe invertir todos los días”.
Por su parte, Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana (organización que vigila el uso de los fondos públicos), opina que el costo de la asamblea que planea hacer la Corte “es alto”.
“Lo que habría que analizar es si hay una eficiente utilización de los recursos para organizar este tipo de evento, es decir si puede costar $100,000 y están pagando $200,000 no hay un eficiente uso de los recursos; y habría que ver el costo-beneficio que puede resultar de esta actividad… y si resulta que no tiene un beneficio o un impacto en la función de la Corte de Cuentas, entonces sí se puede rechazar ese tipo de evento”, apunta.
Defiende la asamblea
Entre tanto, la presidenta de la Corte de Cuentas, Carmen Elena Rivas Landaverde, reiteró ayer durante una entrevista radial que hacer la asamblea “es un compromiso que la institución tenía” y que se iba a realizar en 2017, pero se pospuso porque recién había asumido la dirección de la institución y la reprogramaron para este año.
La funcionaria defiende los frutos que obtienen de ese tipo de eventos. “La idea es que nos aglutinamos y de allí retomamos varias mejores prácticas, nos dan el apoyo técnico para capacitar a nuestros auditores”.
En cuanto al gasto de $200,000, indicó que “eso es lo que se ha previsto, pero no es lo que se va a gastar”. Aseguró que en la verificación presupuestaria la cantidad es menor.
Además explicó que Olacefs tiene presupuesto para sus asambleas, “pero de acuerdo a la normativa que ellos mantienen, cada institución que asuma (ser sede) debe incurrir con algún gasto”.
Rivas Landaverde también justificó que las atenciones para los invitados en Suchitoto y en la despedida que les darán en la playa “es un impulso y una oportunidad para mejorar el turismo de la institución, porque ellos acá vienen a comprar y lo que compran extra lo compran con su dinero y queda aquí en el país”.