La celebraciones del gobierno salvadoreño al agenciarse la prórroga de los permisos de trabajo a los salvadoreños con Estatus de Protección Temporal (TPS) como un logro de la gestión diplomática de la administración de Nayib Bukele ante el gobierno de Estados Unidos no termina de calar en algunos sectores de la Alianza Nacional del TPS y de la comunidad salvadoreña en el Área Metropolitana de Washington, que bregan en varios frentes con el tema de migratorio.
Para el director ejecutivo del Centro de Recursos para Centroamericanos (Carecen), Abel Núñez, el que el gobierno salvadoreño lanzara a los cuatro vientos el anuncio de la prórroga de un año más a los permisos de trabajo de los tepesianos, hasta el 4 de enero de 2021, simuló que era producto de una negociación específica hecha por El Salvador.
Sin embargo, eso dista mucho de lo que se ve en el anuncio que publicará el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, en el Registro Federal el próximo lunes, como está previsto en el avance de la publicación en línea.
“Estamos analizando algo muy interesante y es que el presidente (Nayib) Bukele quiso hacer ver que él había negociado con la administración Trump la extensión del TPS, pero lo que realmente estamos viendo es que no tiene nada que ver. Esta es una decisión propia de la administración por el proceso judicial en curso”, explica Núñez.
También le llama la atención que el gobierno salvadoreño dijera que es producto de su gestión diplomática, cuando otros países, a excepción de Honduras, no han movido un dedo para que sus ciudadanos tengan derecho a la prórroga de un año de los permisos laborales. El hermano país es el único que ha firmado acuerdos de cooperación para retener los flujos migratorios hacia Estados Unidos, junto a Guatemala.
En la Alianza Nacional del TPS, que aglutina a 70 comités en más de 20 estados de la Unión Americana, el protagonismo del gobierno salvadoreño en el tema no deja de causarles preocupación, en especial por los mensajes confusos que se están generando.
El coordinador del movimiento en Maryland, Mardoel Hernández, comentó luego de escuchar las declaraciones de la canciller Alexandra Hill, en Washington el lunes recién pasado, que la funcionaria dejaba ver la falta de experiencia y hasta de conocimiento del entramado legal del TPS por las demandas en curso.
Para Hernández, la politización del tema pone en riesgo la unificación del movimiento que durante dos años cobija con una misma bandera a varios países afectados por la cancelación del estatus y ha plantado las bases de lucha en varios frentes en Washington, la capital estadounidense.
Es más, son el soporte moral, logístico y de patrocinio de las demandas interpuestas contra la administración Trump, en especial la que se ventila en la Corte de Apelaciones en Pasadena, California.
“El hecho de que se den mensajes confusos y sabiendo que hay personas con diferente grado de identificación con un gobierno específico (salvadoreño), eso sin duda puede debilitarnos en lugar de reforzar en este momento que tanto lo necesitamos”, comentó Hernández.
El coordinador general de la Alianza Nacional del TPS, José Palma, también se une a las preocupaciones y recuerda que en las dos reuniones que han tenido con el presidente Nayib Bukele y con la canciller Alexandra Hill ambos se comprometieron a no politizar el tema.
Aunque fue la Alianza Nacional TPS que se abocó al presidente Bukele en Nueva York para pedirle que pusiera como prioridad el tema en la reunión bilateral con el presidente Donald Trump, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre.
Eso fue con la intención de lograr que el mandatario estadounidense aflojara las cuerdas de su bancada republicana para promover el debate por una residencia permanente para la clase TPS, algo que dista del interés de la administración Trump en el anuncio de la prórroga, donde deja claro que su objetivo final es ver el retorno de los beneficiarios del TPS a sus países de origen, en este caso de seis naciones.
“Nosotros en verdad lo que creemos es que este logro y esta protección que tenemos la comunidad tepesiana a este momento es el esfuerzo, sacrificio y valentía de la comunidad con TPS que hemos venido luchando por los últimos dos años y medio y el valor de estos compañeros y compañeras de poner su nombre para una demanda contra el presidente más poderoso del mundo y a la vez uno de los presidentes más racistas que haya tenido este país; para eso se necesita valor, y lo que estamos viendo con esta prórroga (de un año) es debido a eso, al resultado del trabajo de la comunidad”, agregó Palma a El Diario de Hoy.
El activista reconoció que hay situaciones que se salen de su control, pero pidió al gobierno salvadoreño tener cautela con este tema por todas las implicaciones legales que tiene, mientras se dirime en las cortes las querellas y por la misma incertidumbre de las familias en el día a día con la fecha de caducidad de su estatus legal.