La Alcaldía de San Salvador tiene tres apelaciones en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), por no brindar los datos sobre el contrato de videovigilancia con la empresa mexicana EyeTech Solutions, ya que los declara como “información reservada” por un período de cinco años.
El pasado 4 de marzo, el abogado Herbert Danilo Vega pidió a la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, que declare inconstitucional la reserva impuesta a la información sobre la licitación pública de la Alcaldía de San Salvador.
Según las apelaciones y la demanda, el expediente de licitación pública denominado “Concesión de servicio público del sistema de monitoreo y plataforma tecnológico de Smart City (ciudad inteligente), para la prevención de la violencia, delincuencia y desarrollo local del municipio de San Salvador.”, debe ser información pública.
La negación de la entrega de la información es de la Gerencia de Tecnologías de la Información, tras una orden del Concejo Municipal, ya que argumentan que se encuentran “datos sensibles del recurso humano” que administra el centro de monitoreo, además de rutas de conexión, de implementación, información de centros de monitoreo, entre otros informes.
La alcaldía se ha amparado en el artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública para declarar reserva en la información, pero no especifica el daño si la revela.
La comuna optó por la oferta más alta, de $84,881.670.45, con vigencia de 15 años.
En la apelación de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), se solicita que se pronuncie la Alcaldía de San Salvador sobre los motivos de reserva.
Otro de los apelantes es el partido Vamos, quien sostiene que la comuna tiene que entregar la información como estipula en la ley.
En dicha apelación también se argumenta que el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, reveló las tasas de interés que se cobrarán por el proyecto, pero no existe ordenanza municipal que regule el servicio, ya que el servicio se encuentra en fase de diseño.
El Diario de Hoy también realizó una solicitud de la información de la licitación para el contrato con la municipalidad de San Salvador, pero fue negada, por lo que se apeló para tener acceso a los datos.
La comuna en esta solicitud de acceso a la información de la información expuso que al revelar la información podrían caer en manos equivocadas y generar efectos adversos que podrían detonar en el paro del proyecto por medio de actos vandálicos y llegar hasta afectar la seguridad de los capitalinos.
El alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, llegó ayer a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa para explicar en qué consistirá el proyecto Smart City.
La intención de los parlamentarios al citar al funcionario era conocer si no habría una duplicidad de esfuerzos con este proyecto y el que pretende implementar el Ejecutivo. Muyshondt expuso el caso, pero no abordó las demandas ni solicitudes de mayor información de ciudadanos y de este medio.