Más de 500 personas han acudido a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para demandar a las autoridades del gobierno por considerar que les han violentado sus derechos constitucionales entre el 13 de marzo y el 15 de abril pasados, en el marco de la pandemia por coronavirus.
La cantidad de personas que presentaron demandas de Hábeas Corpus asciende a 266 y las que acudieron a través de los recursos de Amparo son 250.
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Entre las causas por las que los demandantes han pedido el auxilio constitucional de la Sala figuran la restricción a la libertad ambulatoria, detenciones de manera arbitraria por incumplir con la cuarentena domiciliar, también alegan privación de libertad por mantenerlos más tiempo del debido en cuarentena controlada, aún cuando las pruebas han resultado negativas.
Además reclaman que no les han proporcionado los resultados de la prueba COVID-19 ni les han proporcionado medicamentos, ni tampoco han sido sometidos a una revisión médica para descartar que estén contagiados del virus.
También han presentado recursos de inconstitucionalidad de los decretos legislativos que han restringido la libertad de tránsito, el derecho a reunirse y el cambio de domicilio entre otros. Además de los decretos ejecutivos en los que se sustenta la cuarentena domiciliar obligatoria y que ordenan las detenciones arbitrarias de personas infractoras de la cuarentena.
En un informe, la Sala de lo Constitucional detalla que han recibido 142 demandas de Hábeas Corpus (exhibición personal), 32 recursos de Amparo y 15 peticiones de inconstitucionalidad de los decretos legislativos y ejecutivos sobre restricciones de libertades constitucionales por la cuarentena sanitaria.
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A las anteriores se suma 52 Hábeas Corpus, cuatro Amparos y 5 recursos de Inconstitucionalidad; presentados entre el 15 y 20 de abril.
En 18 demandas que fueron presentadas como Exhibición Personal fueron reconducidas para que sean analizadas bajo el proceso de Amparo porque los demandantes alegaron que les vulneraban su derecho a la libre circulación al negarles el ingreso al país y actualmente están varados en distintos países.
En ese sentido, de los 32 recursos de Amparo presentados en el referido período, 19 fueron de salvadoreños que están varados en el exterior desde que se cerró el Aeropuerto San Óscar Arnulfo Romero.
Los casos en detalle
En uno de los casos, la Sala admitió la demanda y le ordenó al Presidente Bukele y al resto de autoridades que elaboraran un plan urgente para la repatriación gradual de los salvadoreños que se encuentran en 60 países del mundo y que por motivo de las medidas de prevención de la propagación del COVID-19 se les ha imposibilitado el regreso al país.
Son más de 4,000 personas las que necesitan ayuda de alojamiento, de alimentación y hay enfermos crónicos, dijo ayer la ministra de Relaciones Exteriores. Alexandra Hill dijo que han enviado medicamentos a personas que están en 17 países.
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La Sala le dio seis días al Gobierno para la elaboración de un plan para repatriar a esas personas. También deberá garantizar que los centros de contención tengan las condiciones dignas y adecuadas para albergar a los salvadoreños que retornen.
Entre los Hábeas Corpus admitidos figura uno a favor de tres mujeres detenidas en Jiquilisco, Usulután, cuando iban a comprar alimentos para sus familias. En esa resolución, la Sala ordenó frenar las detenciones arbitrarias de personas que incumplían con la cuarentena.
Esa resolución de capturar a los infractores y llevarlos a un centro de contención sin que se les haya probado que son fuente de contagio fue ratificada el 8 de abril por los magistrados constitucionalistas.
Bukele se ha negado a cumplir con esos fallos de la Sala, lo que le ha generado cuestionamientos de sectores nacionales e internacionales que le recuerdan que esas resoluciones son de estricto cumplimiento.
Ordena mandar a casa a dos personas que cumplieron medida
Los magistrados constitucionalistas ordenaron ayer que dos personas que ya cumplieron con los 30 días de cuarentena en los hoteles Izalco en La Paz y El Roble en La Palma sean enviados a continuar con la medida en sus casas, siempre y cuando las pruebas del COVID-19 a las que sean sometidas resulten negativas. Los demandantes alegan que no tienen síntomas de la pandemia y que les hicieron la prueba, pero no les han entregado los resultados.
En otra resolución, la Sala decidió estudiar bajo el proceso de Amparo, la petición de un abogado que pide le permitan ir a traer a su esposa y a su hijo a Arambala, Morazán, donde están desde el 21 de marzo, día en que entró en vigencia la cuarentena domiciliar. Ellos residen en Ilopango.
El abogado alega que su esposa recibe tratamiento médico por hipertensión y otras enfermedades en el hospital San Bartolo, de Ilopango.