El Salvador supera $35,000 millones en deuda ¿cómo afecta esto al bolsillo de los salvadoreños?

Comprar una casa con un préstamo, conseguir financiamiento para un negocio o recibir determinados servicios públicos parecen asuntos alejados de la deuda del Gobierno, pero pueden estar relacionados. En El Salvador, la deuda pública alcanzó $35,038 millones hasta agosto de 2026, $1,231 millones más que al cierre de 2025, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).

La explicación comienza con algo sencillo: cuando el Estado pide dinero prestado adquiere una obligación que posteriormente debe pagar. Además de devolver parte de lo prestado, debe cubrir intereses.

Por eso, una deuda pública elevada no significa que cada salvadoreño tenga que pagar personalmente una parte de esos $35,038 millones. Tampoco implica que automáticamente aumentarán los impuestos o se encarecerán los préstamos. Lo que sí ocurre es que el Gobierno debe reservar recursos para cumplir sus compromisos financieros.

Para 2026, el Presupuesto General asignó $2,433.6 millones al servicio de la deuda pública. De esa cantidad, $1,504.2 millones corresponden a intereses y $929.4 millones a amortización de capital, según información del Ministerio de Hacienda.

¿Qué tiene que ver con los servicios que recibe una familia?

Aquí aparece uno de los puntos más cercanos para los hogares. Cuando el Estado dispone de menos margen financiero, aumenta la importancia de decidir cómo repartir sus recursos entre sus diferentes obligaciones.

El economista y expresidente del BCR Óscar Cabrera señala en su libro Las ocho trampas del desarrollo, próximo a publicarse, que el gasto en intereses de la deuda pasó de $1,336.6 millones en 2019 a $1,756 millones en 2025, un incremento del 31.4%.

El análisis de Cabrera plantea que una elevada carga de deuda puede limitar la capacidad para aumentar inversiones en infraestructura, educación, innovación y programas de apoyo.

Para una familia, estas áreas importan porque están relacionadas con servicios que utiliza directamente o con condiciones que pueden facilitar sus actividades económicas.

El efecto, sin embargo, no debe entenderse como automático. El Presupuesto 2026, por ejemplo, incrementó las asignaciones para los ministerios de Educación y Salud respecto al año anterior, de acuerdo con información del Ministerio de Hacienda.

Por eso, más que asumir que una deuda mayor significa inmediatamente menos servicios, uno de los indicadores que permite medir su impacto es observar cómo evoluciona el gasto público mientras aumentan o disminuyen los pagos de intereses.

¿Puede hacer más difícil conseguir un préstamo?

Otro posible vínculo está en los bancos. Las instituciones financieras pueden utilizar sus recursos para prestar dinero a familias y empresas, pero también para adquirir títulos emitidos por el Gobierno. El FMI ha señalado que la exposición del sistema bancario salvadoreño al sector público aumentó durante los últimos años.

Las tenencias de títulos gubernamentales de los bancos pasaron de aproximadamente $1,100 millones antes de la pandemia a cerca de $3,400 millones al cierre de 2024, según datos publicados por el organismo.

Esto genera una pregunta práctica: si los bancos destinan más recursos al Estado, ¿queda menos dinero para prestar a una persona que quiere comprar una vivienda o abrir un negocio?

El FMI encontró evidencia limitada de ese efecto cuando analizó el crédito total del sistema, aunque identificó señales más claras al estudiar individualmente a las instituciones financieras. Por ello, no sería preciso afirmar que la deuda pública ya está provocando de manera generalizada una reducción de préstamos para las familias.

De hecho, el organismo proyecta que el crédito al sector privado aumente del equivalente al 64.4% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025 al 68% en 2026.

El empleo también entra en la discusión

El vínculo señalado por Cabrera está principalmente en la inversión. Recursos destinados a infraestructura, educación e innovación pueden generar condiciones para el desarrollo de empresas y la creación de puestos de trabajo.

Su estudio señala que entre 2023 y 2024 se perdieron hasta 52,000 puestos de trabajo y que entre los hogares pobres el porcentaje de personas en subempleo o inestabilidad laboral pasó del 60% al 65.6%.

Estos datos tampoco permiten atribuir esas pérdidas únicamente a la deuda pública. El empleo depende de otros elementos, entre ellos la actividad económica, inversión privada, consumo y desempeño de los distintos sectores productivos.

Para 2026, el FMI proyecta un crecimiento de 4.5% para la economía salvadoreña, impulsado, entre otros factores, por la inversión, el consumo privado, las remesas, el turismo y los flujos de capital.

Cuatro datos que acercan la deuda al bolsillo

Para una familia, seguir diariamente el porcentaje de deuda respecto al PIB puede resultar poco práctico. Hay indicadores más sencillos que ayudan a comprender cuándo las cuentas públicas pueden comenzar a tener efectos más cercanos.

El primero es cuánto paga el Gobierno en intereses. Si esa cantidad aumenta, una mayor parte de los recursos públicos debe reservarse para cumplir obligaciones financieras.

El segundo es qué sucede con la inversión y los servicios públicos. Observar los presupuestos destinados a salud, educación, infraestructura y programas sociales permite comprobar si aumentan, disminuyen o permanecen estables.

El tercero es el comportamiento de los préstamos y sus tasas de interés. Este indicador permite saber si familias y empresas continúan teniendo acceso al financiamiento y bajo qué condiciones.

Y el cuarto son las decisiones fiscales que adopte el Gobierno, como modificaciones de impuestos, reducción o aumento de determinados gastos o nuevas medidas para financiar sus obligaciones.

La deuda pública, entonces, no representa una factura de $35,038 millones que se reparta entre todos los salvadoreños. Su relación con el bolsillo aparece de otra manera: en cuánto cuesta pagarla, cuánto margen conserva el Estado para atender otras necesidades y qué ocurre con la economía y el financiamiento mientras esas obligaciones deben cumplirse.

Con reportes de Juan Carlos Mejía, periodista salvadoreño.