Reforma de pensiones estancada mientras el 70% de salvadoreños no cotiza

De acuerdo con la Nota de Pensiones N°90, titulada “Informalidad laboral en América Latina: desafíos y herramientas para avanzar”, elaborada por la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP), el 70% de los trabajadores salvadoreños no cotiza a la seguridad social. Esta cifra ubica al país entre los de menor cobertura contributiva en América Latina, evidenciando la magnitud del reto previsional.

El dato no es aislado. El mismo informe señala que el 46% de los trabajadores en el país no alcanza el salario mínimo, una condición que limita aún más la posibilidad de ahorrar para la vejez. En términos prácticos, esto significa que casi la mitad de quienes trabajan no solo están fuera del sistema de cotización, sino que además generan ingresos insuficientes para acumular ahorro previsional sostenido.

Este panorama cobra mayor relevancia en el contexto actual. Los salvadoreños continúan a la espera de que el Gobierno del presidente Nayib Bukele presente la reforma al sistema de pensiones comprometida con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyo plazo de entrega venció el pasado 10 de febrero de 2026.

Hasta este miércoles, la Asamblea Legislativa no había recibido ninguna propuesta. Consultado antes del inicio de la sesión plenaria, el presidente del órgano legislativo, Ernesto Castro, respondió de forma breve: “No”, al ser preguntado si el documento ya había ingresado al Congreso.

Un compromiso ligado a un préstamo de $1,400 millones

La reforma forma parte de los compromisos adquiridos por El Salvador tras suscribir con el FMI un préstamo por $1,400 millones bajo un Acuerdo de Servicio Ampliado. Según el organismo internacional, el programa busca corregir desequilibrios macroeconómicos y fortalecer la gobernanza y la transparencia fiscal.

En ese marco, la discusión previsional no es solo un tema social, sino también macroeconómico. La sostenibilidad del sistema de pensiones incide en las cuentas públicas, en la confianza de los mercados y en la estabilidad fiscal de mediano y largo plazo.

Un problema estructural

La informalidad laboral en América Latina alcanza el 51.7% del empleo total, equivalente a unos 92 millones de personas, según datos citados en el informe. Sin embargo, en países como El Salvador el fenómeno supera ese promedio regional.

La informalidad, entendida como la condición de trabajadores que no contribuyen a la seguridad social —ni para salud ni para pensiones—, tiene implicaciones directas sobre la sostenibilidad del sistema previsional. Cuando un trabajador no cotiza de forma regular, se generan lagunas en su historial contributivo. Esas lagunas reducen la densidad de cotización y, en consecuencia, disminuyen el monto de la pensión futura o incluso la posibilidad de acceder a una pensión contributiva.

El documento también advierte que la probabilidad de recibir una pensión contributiva en países como El Salvador es menor al 20%, una de las más bajas de la región. Dicho de forma sencilla: si la mayoría no cotiza, la mayoría tampoco tendrá una pensión financiada con sus propios aportes.

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Independientes: el eslabón más débil

Uno de los focos más críticos está en el trabajo independiente. En América Latina, el 36% del empleo corresponde a trabajadores por cuenta propia, y en promedio el 85% de ellos opera en la informalidad. En el caso salvadoreño, el informe señala que no existe cotización obligatoria para independientes ni un régimen simplificado que facilite su incorporación al sistema previsional.

Esto significa que miles de personas que trabajan por cuenta propia —desde comerciantes hasta profesionales independientes— dependen en gran medida de decisiones voluntarias para cotizar. En la práctica, cuando los ingresos son variables o bajos, la prioridad suele ser cubrir necesidades inmediatas, no ahorrar para el retiro.

El estudio también introduce un concepto relevante: la “Tasa Implícita de Impuesto a la Formalización” (FTR). En varios países de la región, para trabajadores de bajos ingresos esta tasa ronda el 60%, es decir, más de la mitad del ingreso adicional que obtienen al formalizarse puede destinarse a impuestos y contribuciones. Cuando formalizarse implica perder beneficios o asumir cargas altas, el incentivo a cotizar se debilita.

Informalidad, productividad y presión fiscal

La informalidad no solo impacta las pensiones individuales. También afecta la economía en su conjunto. El informe subraya que reduce la recaudación fiscal, debilita la sostenibilidad de los sistemas de protección social y limita la resiliencia macroeconómica.

Además, cuando una proporción elevada de trabajadores no logra generar ahorro propio, la presión recae en esquemas financiados por el Estado. En varios países de la región una parte significativa de la población accede a seguridad social mediante subsidios. Esto transforma, en la práctica, la lógica del seguro contributivo en una transferencia fiscal, con efectos sobre las finanzas públicas.

En El Salvador, donde la base contributiva es reducida, cualquier reforma que se presente deberá enfrentar este dilema: ampliar cobertura sin comprometer la sostenibilidad fiscal.

¿Qué opciones existen?

La Nota de Pensiones N°90 plantea cinco líneas de política pública para enfrentar la informalidad en la región NP-90-ESP. Entre ellas destacan la incorporación obligatoria de trabajadores independientes con mecanismos digitales de retención; el ajuste de programas sociales para evitar que formalizarse implique perder beneficios de forma abrupta; la simplificación de trámites mediante ventanillas únicas; la inversión en capital humano; y la creación de incentivos para que los consumidores exijan comprobantes fiscales.

Más allá del debate técnico, el eje común es reducir barreras y alinear incentivos. Si formalizarse es complejo o costoso, la informalidad tiende a perpetuarse. Si el sistema se adapta a ingresos variables y utiliza herramientas digitales, la probabilidad de incorporación aumenta.

El rol del ahorro digital

El informe también analiza el diseño de entornos digitales para fomentar el ahorro, especialmente en trabajadores con ingresos variables. Experiencias como la plataforma “Ahorrando” en Chile muestran incrementos superiores al 300% en el ahorro mensual promedio de los usuarios mediante reglas automáticas y personalizadas.

La lógica es sencilla: automatizar pequeños montos, aprovechar eventos de consumo y reducir la fricción para que el ahorro se convierta en hábito. Para economías con alta informalidad, estas herramientas podrían complementar la política previsional tradicional.

El desafío pendiente

El vencimiento del plazo para presentar la reforma al sistema de pensiones agrega presión al debate. Con un compromiso internacional vigente y un mercado laboral donde siete de cada diez trabajadores no cotizan, la discusión no puede limitarse a parámetros financieros. Tiene que abordar la estructura del empleo, la informalidad y los incentivos reales que enfrentan los trabajadores.

Si vos trabajás en la informalidad, lo más probable es que hoy no estés acumulando ahorro para tu jubilación. Y si tus ingresos están por debajo del salario mínimo, incluso cotizando el monto acumulado puede resultar insuficiente.

El reto es amplio. Implica revisar incentivos, simplificar procesos, incorporar tecnología y fortalecer la educación financiera desde etapas tempranas. También exige reconocer que el sistema previsional depende, en última instancia, de un mercado laboral más formal y productivo.

Porque las pensiones no se construyen solo cuando llega la edad de retiro. Se construyen —o se debilitan— todos los días, en cada empleo que no cotiza y en cada ingreso que no alcanza para ahorrar.