El Salvador suma 21 bitcoin a sus reservas y alcanza los 6,313 BTC

El Salvador reafirmó su estrategia de acumulación de bitcoin con una nueva compra de 21 unidades, equivalentes a aproximadamente $2.3 millones de dólares, según anunció el Presidente Nayib Bukele a través de su cuenta oficial en la red social X recientemente. 

La adquisición se realizó con motivo del cuarto aniversario de la Ley Bitcoin, que convirtió a la criptomoneda en moneda de curso legal en 2021, convirtiendo al país en pionero global en la adopción estatal de activos digitales.

Con esta transacción, las reservas nacionales de bitcoin alcanzan un total de 6,313 BTC, valoradas en unos $701.8 millones al precio de mercado actual. Esta cifra posiciona al país como uno de los Estados con mayores tenencias soberanas de criptomonedas en el mundo, consolidando su estrategia de largo plazo en torno a un activo caracterizado por su escasez y descentralización.

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Una estrategia iniciada en 2021

La acumulación de bitcoin por parte del Estado salvadoreño comenzó en septiembre de 2021 con la compra inicial de 400 BTC, poco después de la aprobación de la Ley Bitcoin. Desde entonces, las adquisiciones se han vuelto frecuentes, en su mayoría anunciadas públicamente por el propio presidente Bukele o por la Oficina Nacional de Bitcoin (ONBTC).

En marzo de 2024, el gobierno dio un paso adicional al establecer un esquema de compras diarias de 1 BTC, lo que ha permitido sostener una acumulación progresiva y constante pese a la volatilidad del mercado. Esta estrategia ha sido presentada como un mecanismo de ahorro soberano basado en tecnología descentralizada, lejos de la especulación a corto plazo.

La reciente compra de 21 BTC posee un fuerte valor simbólico, pues hace alusión al límite de 21 millones de bitcoin que pueden existir en todo el mundo. Para el gobierno salvadoreño, esta escasez programada es una característica central que refuerza la narrativa del bitcoin como activo inmune a manipulaciones externas y como herramienta de soberanía financiera.

Tensiones con el FMI y compromisos internacionales

La política bitcoin de El Salvador no ha estado exenta de controversia. Desde la aprobación de la Ley Bitcoin, organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) han expresado preocupación por los riesgos fiscales y de estabilidad macroeconómica que implica adoptar una criptomoneda tan volátil como parte de las reservas nacionales .

En enero de 2025, el país firmó un acuerdo de financiamiento por $1,400 millones de dólares con el FMI. Como condición, el organismo solicitó al gobierno limitar las adquisiciones voluntarias de bitcoin por parte de entidades públicas y fortalecer la transparencia en la gestión de estos activos. Sin embargo, la administración Bukele ha continuado con su estrategia, generando un escenario de tensión y debate sobre el grado de cumplimiento de los compromisos internacionales.

El presidente Bukele ha defendido en repetidas ocasiones la política bitcoin, asegurando que los beneficios de largo plazo superan los riesgos: diversificación de reservas, atracción de inversión extranjera, turismo financiero e impulso a la innovación tecnológica. En sus propias palabras, “si no se detuvo cuando el mundo nos ostracizó, no se detendrá ahora, y no se detendrá en el futuro”.

Seguridad y gestión de las reservas digitales

Más allá de las compras, el gobierno también ha tomado medidas de seguridad sobre su tesorería digital. El mes pasado, la ONBTC redistribuyó las tenencias de bitcoin en 14 direcciones diferentes como parte de una estrategia de resguardo frente a posibles amenazas tecnológicas futuras, incluyendo la hipotética irrupción de la computación cuántica. Esta acción, poco común entre Estados, refuerza la narrativa de que El Salvador busca combinar acumulación con buenas prácticas de custodia.

El nivel de transparencia en torno a estas operaciones, sin embargo, sigue siendo motivo de debate. Mientras algunos analistas consideran positivo que las compras y movimientos se hagan públicos, otros señalan la necesidad de incluir estas operaciones de manera clara en los balances del Banco Central de Reserva (BCR) para fortalecer la rendición de cuentas y la credibilidad de la política.

Ecosistema en expansión

La estrategia del gobierno no se limita a la acumulación de bitcoin. Desde 2021 se han impulsado proyectos complementarios como los Bonos Volcán, instrumentos de deuda respaldados por bitcoin destinados a financiar infraestructura energética y tecnológica. Asimismo, se ha promovido la minería de criptomonedas utilizando energía geotérmica, con la visión de posicionar al país como un nodo sostenible dentro de la red global de bitcoin.

Más recientemente, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma regulatoria que permitirá a grandes instituciones financieras solicitar licencias para ofrecer servicios de bitcoin y activos digitales a inversores sofisticados. Esta expansión legal apunta a robustecer el marco normativo y crear un ecosistema más amplio que respalde la adopción estatal de la criptomoneda.

Perspectivas a futuro

A cuatro años de la entrada en vigor de la Ley Bitcoin, El Salvador continúa apostando por la criptomoneda como pilar de su política financiera. La compra simbólica de 21 BTC en este aniversario refuerza la narrativa oficial de que la estrategia no es coyuntural, sino estructural.

No obstante, el futuro de esta apuesta dependerá de múltiples factores: la evolución del precio del bitcoin en los mercados globales, la respuesta de organismos internacionales como el FMI, y la capacidad del país para mantener la estabilidad macroeconómica mientras avanza en este experimento financiero sin precedentes.

Así mismo, es un reto para las autoridades que el bitcoin no forma parte del día a día de la población salvadoreña. Una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA, realizada a finales de 2024, reveló que el 91.8% de los salvadoreños no usó bitcoin para transacciones, lo que representa el nivel más bajo de uso desde su adopción como moneda de curso legal en 2021. De hecho, la mayoría de las personas encuestas (76.2%) afirmó que nunca lo ha usado.

Por ahora, el gobierno salvadoreño mantiene firme su postura: acumular bitcoin como parte de un plan de largo plazo, convencido de que esta estrategia fortalecerá la soberanía financiera y convertirá al país en referente mundial de la adopción soberana de criptoactivos.