Deuda de pensiones en El Salvador supera $11,380 millones

La deuda de pensiones en El Salvador continúa creciendo y ya supera los 11.380 millones de dólares, según datos del Banco Central de Reserva (BCR). Solo en los primeros dos meses de 2026, el incremento fue de 139,08 millones, reflejando la presión constante sobre el sistema previsional y el uso de fondos provenientes de los trabajadores.

Las cifras oficiales, retomadas del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), muestran que el saldo pasó de 11.241,13 millones de dólares en diciembre de 2025 a 11.380,21 millones en febrero de 2026. Este aumento se suma a una tendencia sostenida en los últimos años.

Si comparás con febrero de 2025, cuando la deuda alcanzaba los 10.619,74 millones, el crecimiento es de 760,47 millones de dólares, equivalente a aproximadamente un 7,16 %. Este ritmo evidencia cómo el financiamiento del sistema público de pensiones sigue dependiendo de recursos que se originan en el sistema privado.

Cómo funciona el financiamiento previsional

El Estado obtiene estos recursos mediante la emisión de títulos valores que las administradoras de fondos de pensiones (AFP) están obligadas a comprar. Estos fondos provienen de los descuentos aplicados a los salarios de trabajadores tanto del sector público como privado.

Uno de los principales instrumentos utilizados son los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), que actualmente suman 2.986,02 millones de dólares. A esto se agregan los Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), que alcanzan 8.394,19 millones de dólares.

Estos últimos tienen una característica clave: no pagan capital ni intereses desde una reforma aprobada a finales de 2022 por la Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas. Este cambio ha generado debate sobre la sostenibilidad del sistema y el impacto en los ahorros previsionales.

Advertencias y presión internacional

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha señalado que esta estructura ha llevado a que el 89 % de los activos administrados por las AFP que en 2024 llegaron a 14.900 millones de dólares estén invertidos en deuda pública, ya sea de forma directa o indirecta.

Además, el organismo ha advertido que las pensiones del sistema privado han comenzado a pagarse con recursos de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS). Este fondo común se utiliza cuando los afiliados agotan los recursos acumulados en sus cuentas individuales, lo que plantea interrogantes sobre su sostenibilidad a largo plazo.