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Defensoría recupera más de $57 millones a favor de consumidores salvadoreños en 2025

La Defensoría del Consumidor recuperó $57.6 millones y multó con $3.6 millones a empresas, fortaleciendo la protección económica de los salvadoreños.

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Por Evelyn Alas
Publicado el 19 de diciembre de 2025

 

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En 2025, el Gobierno de El Salvador, por medio de la Defensoría del Consumidor, logró recuperar $57.6 millones a favor de más de 329,000 personas, marcando un crecimiento del 43 % respecto al año anterior. Esta cifra es resultado de una estrategia moderna que convierte denuncias individuales en soluciones colectivas. Además, se impusieron más de $3.6 millones en multas a empresas por incumplimientos a la ley. Sectores como inmuebles, servicios financieros y telecomunicaciones concentraron la mayoría de casos. Esta gestión refuerza la confianza del consumidor y mejora el entorno para emprendedores y proveedores que actúan con responsabilidad.

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En 2025, la Defensoría del Consumidor (DC) logró recuperar $57.6 millones en favor de los consumidores, marcando un nuevo hito en protección económica para la población salvadoreña. Esta cifra representa un incremento del 43% respecto al año anterior, gracias a la implementación de un modelo de atención colectiva que agiliza los procesos de denuncia y restitución de derechos.

Más resultados con tecnología y estrategia colectiva

El presidente de la DC, Ricardo Salazar, explicó que este nuevo enfoque permite transformar denuncias individuales en acciones colectivas, lo que ha acelerado la recuperación de fondos para los consumidores. El caso más significativo se dio en el sector de telecomunicaciones, donde un operador tuvo que reintegrar más de $1.5 millones por cobros indebidos.

Cinco sectores concentraron el 97 % de lo recuperado:

  • Inmuebles: $41.9 millones
  • Servicios financieros: $9.1 millones
  • Telecomunicaciones: $1.6 millones
  • Turismo: $1.3 millones
  • Vehículos: $1.1 millones

Los principales motivos de las reclamaciones incluyen incumplimientos de contrato, cobros indebidos y violaciones a derechos como el retracto y la garantía.

Multas millonarias y vigilancia efectiva del mercado

Además de las recuperaciones, la Defensoría impuso más de $3.6 millones en multas a proveedores que infringieron la Ley de Protección al Consumidor, la Ley contra la Usura y otras normativas. El 80 % de estas sanciones se concentraron en turismo, servicios financieros, alimentos y artículos del hogar.

Entre las infracciones destacan la negativa a devolver dinero tras cancelaciones, incumplimientos contractuales, obstaculización de inspecciones y omisión de reportes crediticios al Banco Central.

Inspecciones en comercios: Delegados de la Defensoría del Consumidor verifican precios y cumplimiento de derechos en establecimientos a nivel nacional.
Inspecciones en comercios: Delegados de la Defensoría del Consumidor verifican precios y cumplimiento de derechos en establecimientos a nivel nacional. / foto archivo.

Más atenciones, menos burocracia

Durante el año, 112,940 personas recibieron asesoría o gestionaron denuncias. El 67 % de estas atenciones se realizó en línea o vía telefónica, facilitando el acceso a la justicia económica sin importar la ubicación geográfica.

Los sectores más consultados fueron servicios financieros, telecomunicaciones, electrodomésticos y energía eléctrica, con motivos como cobros indebidos, sobreendeudamiento e incumplimientos de garantías.

Buenas prácticas y educación: pilares del cambio

En 2025, más de 690 proveedores se adhirieron a programas de cumplimiento promovidos por la DC, y 65 obtuvieron el Sello de Garantía para comercio electrónico. Esto refuerza la confianza del consumidor y mejora la transparencia en las relaciones comerciales.

Por otro lado, más de 32,000 personas fueron capacitadas en derechos del consumidor, fortaleciendo una cultura de consumo informado y responsable.

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¿Por qué importa esto para emprendedores y consumidores?

Para emprendedores, estos datos reflejan un entorno más transparente y regulado, donde competir con buenas prácticas genera ventajas reputacionales. Para los consumidores, la posibilidad de recuperar fondos y acceder a resoluciones más rápidas representa una mejora directa en su economía familiar.

La estrategia del Gobierno muestra que una institución más moderna y con enfoque colectivo puede convertirse en una herramienta poderosa de justicia económica y confianza en el mercado.

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