Trump demanda a Minesota por reglas sobre atletas trans en escuelas
La acción legal argumenta que la política estatal viola la ley federal al permitir la participación según identidad de género.
Por
EFE
Publicado el 30 de marzo de 2026
El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó al estado de Minesota por permitir que niñas trans participen en deportes femeninos escolares. La Administración de Donald Trump argumenta que esta política viola el Título IX, una ley federal que prohíbe la discriminación por sexo, al basarse en criterios distintos al sexo biológico. La demanda también señala que las instituciones educativas del estado reciben fondos federales condicionados al cumplimiento de esta normativa. El caso se enmarca en una serie de acciones del Gobierno federal para cuestionar políticas inclusivas en el ámbito deportivo escolar en distintos estados del país.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra el estado de Minesota por permitir que niñas trans participen en deportes femeninos escolares, al considerar que esta práctica constituye una discriminación por razón de sexo y viola la legislación federal.
La demanda señala al Departamento de Educación estatal y a la liga de institutos por, según el documento, incurrir en una discriminación “flagrante” al permitir que estudiantes compitan en categorías deportivas basadas en su identidad de género y compartan espacios como vestuarios y baños.

Base legal del caso
La acción del Gobierno se sustenta en una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en febrero de 2025, titulada ‘Excluir a los hombres de los deportes femeninos’, que define el sexo únicamente en términos biológicos.
Bajo ese criterio, la Administración argumenta que las políticas de Minesota contradicen el Título IX, una ley federal de 1972 que prohíbe la discriminación por sexo en instituciones educativas que reciben fondos federales.

Posibles implicaciones
Según el Gobierno estadounidense, el Departamento de Educación de Minesota recibe alrededor de 3.000 millones de dólares en financiamiento federal, condicionado al cumplimiento de esta normativa.
La demanda forma parte de una serie de acciones legales impulsadas por la Administración para cuestionar políticas estatales que permiten la participación de personas trans en actividades deportivas escolares de acuerdo con su identidad de género.
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