Trece empleados de la alcaldía de Santiago de María, departamento de Usulután, esperan desde hace varios días, que las autoridades municipales cumplan la orden judicial de reinstalarlos en sus puestos y que les paguen los sueldos que dejaron de percibir desde hace un año.
Desde el 4 de mayo anterior, los 13 favorecidos con la resolución judicial han estado llegando a la comuna en espera a ser reinstalados en los cargos o puestos que desempeñaban hasta que en mayo del 2021, en diversas fechas, fueron despedidos, argumentando que ocupaban puestos de confianza.
En algunos casos, los empleados fueron notificados por la jefa de recursos humanos de la comuna, en otros, como en el caso de la jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales, fue directamente el alcalde, Nelson Alberto Gómez Salas, quien le dijo que “su presencia no era requerida por ser cargo de confianza”, según consta en documentos judiciales a los que El Diario de Hoy ha tenido acceso.
Sin embargo, los 13 empleados no se quedaron cruzados de brazos a sabiendas, afirman ellos, que el despido laboral era arbitrario, y decidieron interponer un “procedimiento de nulidad de despido de empleados municipales”.
El pasado 20 de enero, el Juzgado de Primera Instancia de Santiago de María falló a favor de los empleados, ordenando que fueran reinstalados en sus puestos o en otros de igual nivel o categoría.
La resolución judicial también condena a que el alcalde, así como al síndico y seis regidores propietarios, a que cancelen de su dinero, es decir con su patrimonio, los salarios que los empleados despedidos en mayo de 2021, dejaron de percibir.
En la resolución judicial también se condena, de manera subsidiaria, al municipio.
De acuerdo con abogados consultados, lo anterior implica que los sueldos dejados de percibir deberían ser cancelados por quienes emitieron el acuerdo de despido ilegal y en caso de que en la búsqueda de bienes (muebles, inmuebles y cuentas bancarias) no se encontrare lo suficiente para saldar los salarios, entonces podrá pagarse de fondos municipales.
Sin cumplir orden judicial
Los salarios de los empleados despedidos ilegalmente, según la resolución judicial, oscilan entre los 325 a los 900 dólares.
Según los empleados favorecidos con la decisión judicial, sumando los 12 salarios de las 13 personas más el respectivo aguinaldo de 2021, sumarían en conjunto, más de 107,000 dólares. Eso sería lo que tendrían que pagar el alcalde, el síndico y los seis concejales mencionados en el dictamen judicial.
“Lo último que nos dijo el alcalde es que habían puesto un amparo y que se los habían admitido, pero todos los abogados a quienes hemos consultados nos han dicho que ya así como está esa sentencia, ya no acepta ningún tipo de amparo sino que el alcalde tiene que cumplir”
A finales de marzo de este año, la Cámara Segunda Sección de Oriente, con sede en Usulután, ratificó la decisión del Juzgado de Primera Instancia que ordenaba el reinstalo y el pago de los sueldos.
Sin embargo, de acuerdo con algunos de los beneficiados, el alcalde Nelson Alberto Gómez Salas, les ha manifestado que no los reinstala en sus puestos de trabajo porque habían puesto un amparo ante la Corte Suprema de Justicia.
“Lo último que nos dijo el alcalde es que habían puesto un amparo y que se los habían admitido, pero todos los abogados a quienes hemos consultados nos han dicho que ya así como está esa sentencia, ya no acepta ningún tipo de amparo sino que el alcalde tiene que cumplir”, afirmó uno de los afectados por el desacato del concejo municipal.
“Prácticamente estamos solos porque las instituciones como la Procuraduría de Derechos Humanos tienen miedo de acompañarnos, pero nos tenemos que hacer presentes todos los días porque de lo contrario nos podrían acusar de abandono laboral”, manifestó una fuente.
Dos abogados consultados por El Diario de Hoy manifestaron que ciertamente, el concejo municipal de Santiago de María tendría que acatar la orden judicial de reinstalo, que habiendo sido ratificada por la Cámara Segunda de la Sección de Oriente, pues ya no admite otro recurso.
En todo caso, el alcalde y su concejo, lo único que pueden hacer es recurrir a un tribunal de lo contencioso administrativo contra las actuaciones del juez que les ha ordenado el reinstalo, la cual deben cumplir, pues de lo contrario estarían cayendo en el delito de desacato, es decir, desobedecer una orden judicial, afirmaron los expertos.
El Diario de Hoy intentó obtener la versión del alcalde de Santiago de María, sin embargo no fue posible contactarlo.