Comunidades en Estados Unidos frenan centros migratorios en almacenes

En distintas ciudades de Estados Unidos, comunidades locales se están organizando para frenar los planes del gobierno de Donald Trump de convertir almacenes logísticos en centros de detención de inmigrantes. La medida, impulsada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), forma parte de la campaña de deportaciones masivas y ha generado resistencia tanto en zonas demócratas como republicanas.

El debate no solo gira en torno a la política migratoria nacional, sino también al impacto directo que estos centros tendrían en barrios residenciales y suburbios con baja criminalidad. Para muchos residentes, la instalación de espacios de reclusión en antiguas bodegas industriales representa un cambio profundo en la identidad y dinámica de sus comunidades.

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Protestas en un suburbio conservador

En Roxbury, Nueva Jersey, un suburbio ubicado a unos 40 kilómetros al oeste de Nueva York, cerca de 500 personas se manifestaron contra la posible instalación de un centro de ICE en un enorme almacén vacío. La localidad, que votó por Trump en 2024, se convirtió en escenario de una protesta que reunió a vecinos con distintas posturas políticas.

El edificio en cuestión cuenta con casi 46.500 metros cuadrados y múltiples puertos de carga para camiones. Está diseñado para operaciones logísticas, no para albergar personas detenidas. “Esto es un almacén. Está diseñado para guardar paquetes y mercancías, no seres humanos”, dijo a la AFP William Angus, de 55 años, quien lidera las protestas frente al inmueble.

Las pancartas reflejaban el rechazo: “No somos un pueblo carcelario” y “ICE, fuera de nuestro vecindario”. Aunque muchos conductores expresaron apoyo tocando la bocina, un pequeño grupo respondió con gritos de “Váyanse a casa”.

La discusión también llegó al plano institucional. El ayuntamiento republicano aprobó una resolución mayormente simbólica en contra de la posible instalación. Sin embargo, las autoridades locales tienen capacidad limitada para impedir que ICE alquile o compre propiedades privadas.

Expansión de centros y cuestionamientos

Desde Texas hasta Pensilvania, ICE ha comprado o alquilado al menos ocho almacenes para transformarlos en centros de detención. Según el Consejo de Inmigración de Estados Unidos, el número de instalaciones pasó de 114 a 218 hacia finales de noviembre de 2025, casi el doble desde el inicio del segundo mandato de Trump en enero.

La organización documentó al menos 30 muertes de detenidos en cárceles de ICE durante 2025 y denunció problemas de hacinamiento y salud. “La administración Trump trata a las personas como paquetes”, afirmó a la AFP Nayna Gupta, directora de políticas de la ONG.

Las encuestas, de acuerdo con el reporte, sugieren que la agencia federal ha perdido respaldo entre sectores de la población debido a sus tácticas. Incluso en comunidades conservadoras, el rechazo se centra menos en el control migratorio como política general y más en el temor a que estos centros alteren la vida cotidiana.

En Roxbury, algunos vecinos apoyan la iniciativa. Gordon Taylor, un gerente de fábrica jubilado de 71 años, sostuvo: “Creo que es una oportunidad de limpiar esta zona de Nueva Jersey. Hay mucha gente que probablemente está aquí ilegalmente”. Su postura refleja una visión que respalda el endurecimiento de las medidas migratorias.

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Impacto en la comunidad migrante

Más allá del debate político, la posibilidad de redadas y detenciones preocupa a trabajadores y familias inmigrantes. Pablo Arceo, empleado en un restaurante mexicano cercano al almacén, expresó su inquietud ante la eventual presencia constante de agentes federales.

“Es una preocupación. Ya hemos tenido policías que se aparecen por cosas menores y todo el mundo se pone nervioso”, señaló el joven de 20 años.

El pulso entre comunidades y autoridades federales continúa en varios estados. Aunque ICE tiene herramientas legales para avanzar con la adquisición de inmuebles privados, la presión social ha llevado a la agencia a retirarse de algunos lugares ante el rechazo vecinal.

El debate sobre seguridad, migración y derechos humanos sigue abierto, y su evolución podría influir tanto en la política interna estadounidense como en la vida de miles de migrantes, incluidos salvadoreños que residen o trabajan en ese país.