Archivan el caso de Julio Iglesias y denunciantes aseguran que seguirán luchando

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España decidió archivar la investigación abierta contra el cantante Julio Iglesias por presunto acoso y agresión sexual, al concluir que los tribunales españoles no tienen competencia para investigar los hechos denunciados por dos exempleadas del artista. La resolución, conocida este viernes, ha provocado una inmediata reacción de las denunciantes y de las organizaciones que las representan, quienes anunciaron que continuarán su lucha judicial por otras vías.

El archivo del caso se fundamenta, según el Ministerio Público, en la “falta de jurisdicción” de la Justicia española. En un decreto, la Fiscalía concluye que no se cumplen los requisitos establecidos por la Ley Orgánica del Poder Judicial para que España pueda investigar delitos presuntamente cometidos fuera de su territorio.

Entre esos requisitos se incluyen que exista una conexión material relevante con España, como que las víctimas sean españolas o residentes en el país, que los hechos hayan ocurrido en territorio español o que no exista un Estado primariamente competente para investigarlos. Ninguna de estas condiciones, sostiene la Fiscalía, se cumple en el caso que involucra al intérprete de La vida sigue igual.

Según el documento oficial, las dos mujeres que presentaron la denuncia son extranjeras y no residen en España. Los hechos denunciados se atribuyen a República Dominicana y Bahamas, países que la Fiscalía considera plenamente competentes para conocer del caso. Además, los denunciados —Julio Iglesias y otras dos personas— no residen en España y cuentan con distintas nacionalidades: española, colombiana y brasileña.

El Ministerio Público también cita la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que impide que España asuma jurisdicción sobre hechos ocurridos en el extranjero salvo que se acredite una “imposibilidad real o falta de voluntad” de los Estados donde habrían ocurrido los delitos para investigarlos. En este caso, añade la Fiscalía, no consta que las denunciantes hayan presentado denuncias en los países territorialmente competentes.

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“Seguirán luchando por justicia”

La denuncia fue presentada el pasado 5 de enero por dos mujeres que trabajaron para Julio Iglesias en 2021: una exempleada del hogar y una fisioterapeuta. En ella acusaban al cantante de presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, agresión sexual, lesiones y vulneración de los derechos de los trabajadores.

Para respaldar sus acusaciones, las denunciantes aportaron documentación laboral, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp y registros de llamadas. Días después de presentada la denuncia, el 16 de enero, la Fiscalía les concedió la condición de testigos protegidos.

La apertura de la investigación se conoció públicamente el mismo día en que una investigación periodística de eldiario.es, en España, y Univisión Noticias, en Estados Unidos, difundió los testimonios de ambas mujeres. En esos relatos, las denunciantes situaron los hechos en las residencias del cantante en República Dominicana y Bahamas.

Una de ellas aseguró que, como parte de sus condiciones laborales, estaban obligadas a someterse a controles médicos periódicos, entre ellos revisiones ginecológicas, pruebas de embarazo y exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual como el VIH.

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Julio Iglesias ha negado de forma categórica todas las acusaciones. En un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, el cantante afirmó que nunca ha “abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer”. También sostuvo que la denuncia le ha causado un “grave daño reputacional”.

El artista intentó además personarse en la investigación para acceder al contenido íntegro de la denuncia, pero la Fiscalía rechazó su solicitud. Posteriormente, Iglesias publicó en sus redes sociales supuestos mensajes de WhatsApp que habría recibido de las mujeres que lo denunciaron, con los que buscó reforzar su versión de los hechos y sostener su inocencia.

Tras conocerse el archivo del caso, las organizaciones Women’s Link Worldwide y Amnistía Internacional, que asesoran a las denunciantes, emitieron un comunicado conjunto en el que calificaron la decisión de la Fiscalía como “lamentable”. A su juicio, el archivo impide que se investiguen los hechos y que se valore de manera integral la evidencia presentada por las mujeres, identificadas públicamente como Rebeca y Laura.

Las organizaciones subrayaron que la resolución de la Fiscalía no analiza el fondo del caso ni determina la culpabilidad o inocencia del denunciado, por lo que consideran que las denunciantes podrían reproducir su denuncia ante otros órganos judiciales competentes.

Además, cuestionaron la interpretación de la jurisdicción aplicada por el Ministerio Público. “La idea de que un ciudadano español pueda eludir un proceso judicial porque los presuntos delitos ocurrieron fuera de España y contra mujeres no españolas desconoce el principio de extraterritorialidad y el derecho fundamental de las mujeres a vivir libres de violencia”, señalaron.

Women’s Link y Amnistía Internacional recordaron que convenios internacionales como el de Varsovia y el de Estambul obligan a los Estados a investigar violaciones de derechos humanos cuando el presunto autor es nacional del país, incluso si los hechos ocurrieron fuera de su territorio.

Finalmente, ambas organizaciones aseguraron que Rebeca y Laura seguirán buscando justicia y acudirán a las vías legales disponibles. Las mujeres han solicitado respeto a su privacidad mientras evalúan sus próximos pasos, ante el temor de posibles represalias, pero reiteraron que no aceptarán que un tecnicismo legal cierre la puerta a que su denuncia sea investigada.