ICE autoriza a sus agentes a ingresar a casas de inmigrantes en Estados Unidos sin aval de un juez

Un documento interno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) autoriza a sus agentes a entrar en viviendas particulares sin necesidad de una orden judicial para arrestar a personas en situación migratoria irregular.

Así lo reveló un memorando fechado el 12 de mayo de 2025, filtrado recientemente por el grupo Whistleblower Aid, que representa a dos funcionarios estadounidenses que permanecen en el anonimato.

La existencia del documento fue confirmada por medios estadounidenses y ha sido remitida también al Congreso, generando alarma entre organizaciones defensoras de derechos civiles.

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Basta con una orden administrativa interna

Según el memorando, firmado por el director interino del ICE, Todd Lyons, no es necesario contar con una orden judicial firmada por un juez para ingresar al domicilio de un inmigrante sujeto a una orden de deportación.

En su lugar, una orden administrativa emitida por un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sería suficiente para permitir el ingreso forzoso al hogar.

“El Departamento ha determinado recientemente que la Constitución de EE. UU., la Ley de Inmigración y Nacionalidad y las regulaciones de inmigración no prohíben el uso de órdenes administrativas para este fin”, indica el documento.

Esto supone un giro en la práctica habitual, ya que, hasta ahora, el ingreso a una residencia privada sin orden judicial solo era legal si había consentimiento del ocupante o en circunstancias de urgencia claramente justificadas.

Casos recientes intensifican la polémica

La revelación llega en un contexto de creciente presión migratoria y endurecimiento de las redadas en estados como Minnesota. Según reportes recientes, agentes de ICE han allanado viviendas sin presentar órdenes judiciales, apoyándose en la nueva directiva interna.

Uno de los casos más recientes fue denunciado por ChongLy Thao, ciudadano estadounidense, quien afirmó que el pasado domingo agentes del ICE derribaron la puerta de su casa sin orden judicial, lo apuntaron con armas y lo sacaron de su domicilio en ropa interior, a pesar de las bajas temperaturas.

“Me trataron como si fuera un criminal peligroso. No me mostraron ninguna orden”, relató Thao a medios locales. El incidente ha reavivado el debate sobre el respeto al debido proceso y las garantías constitucionales, especialmente para ciudadanos naturalizados o personas con documentación en regla.

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Reacción legal y constitucional en debate

El uso de órdenes administrativas —firmadas por agentes del propio ICE o del DHS— como base para entrar en una vivienda choca con una interpretación tradicional del derecho constitucional estadounidense, que requiere autorización judicial para acceder a una propiedad privada.

Diversos juristas han advertido que esta práctica podría violar la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege contra registros e incautaciones no razonables.

Aunque ICE defiende que las órdenes administrativas son válidas en el contexto migratorio, defensores de derechos humanos advierten que su uso indiscriminado representa un riesgo grave para las libertades civiles.

“El hecho de que un agente pueda firmar su propia orden y usarla para derribar una puerta es extremadamente preocupante”, señaló un abogado de la American Civil Liberties Union (ACLU).

La política migratoria bajo la administración Trump

Desde su regreso a la presidencia en 2025, Donald Trump ha endurecido su política migratoria, con énfasis en deportaciones rápidas, vigilancia interior y aumento de redadas. El memorando de ICE refuerza esta estrategia, al ampliar las herramientas para detener migrantes dentro del país, incluso sin orden judicial.

Trump celebró en redes sociales el aumento de arrestos por parte de ICE y ha presionado a estados “santuario” que no cooperan activamente con los operativos federales.

Críticos de su gobierno advierten que esta política convierte barrios residenciales en zonas de persecución para comunidades migrantes, sin distinción entre indocumentados, residentes legales o ciudadanos naturalizados.

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Temores por nuevas redadas y ausencia de garantías

Para muchas familias migrantes, la posibilidad de que ICE pueda ingresar a sus hogares sin previo aviso ni respaldo judicial genera un clima de miedo e incertidumbre. Líderes comunitarios temen que este precedente abra la puerta a abusos sistemáticos, especialmente en áreas de alta presencia latina o con población vulnerable.

“Esta política no solo pone en riesgo a las personas indocumentadas, sino también a quienes comparten hogar con ellas”, alertó una organización en Los Ángeles.

Hasta ahora, el Departamento de Seguridad Nacional no ha emitido comentarios oficiales sobre la filtración, y se desconoce si la nueva política está siendo aplicada de manera general o caso por caso.

Lo cierto es que, en medio del endurecimiento de las políticas migratorias, esta orden de ICE representa un cambio drástico en los límites del poder estatal frente al derecho a la privacidad en el hogar. Una discusión legal y ética que apenas comienza.