Cárceles en Guatemala operan como “centros de mando” de las pandillas, según expertos

Las prisiones de Guatemala dejaron hace mucho de ser espacios de rehabilitación. En la actualidad, funcionan como verdaderos centros de mando para las pandillas, según coinciden analistas y organizaciones locales.

Desde dentro, líderes criminales coordinan extorsiones, ataques armados y mantienen el control de estructuras violentas, en medio de una crisis carcelaria agravada por el hacinamiento, la corrupción y la falta de vigilancia.

“El sistema penitenciario padece una penetración histórica de la corrupción que permite a las estructuras criminales operar con total impunidad”, afirmó Manfredo Marroquín, director ejecutivo de Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional.

Ola de violencia y motines agudizan la crisis

El más reciente episodio de esta crisis ocurrió el pasado fin de semana, cuando diez agentes de policía fueron asesinados tras una serie de motines y tomas de rehenes en tres cárceles del país. La situación escaló después de que el gobierno retomara el control de esos centros penitenciarios, en su mayoría dominados por pandilleros.

Según el gobierno del presidente Bernardo Arévalo, los hechos tienen relación directa con la decisión de trasladar a cabecillas de pandillas a la prisión de máxima seguridad Renovación I, ubicada en Escuintla. Desde julio de 2025, el Ejecutivo ha intentado frenar los privilegios que los líderes criminales mantienen tras las rejas.

Las extorsiones, un negocio que opera desde prisión

El fenómeno de la extorsión, según datos del Centro de Estudios Económicos Nacionales (CIEN), sigue creciendo. Solo en 2025, se registraron 25,961 denuncias, casi mil más que el año anterior, consolidando una tasa de 142,7 casos por cada 100,000 habitantes.

“Las órdenes de cobro y amenazas llegan directamente desde dentro de las prisiones”, explicó el investigador David Casasola. Según los análisis, el departamento de Guatemala concentra casi la mitad de los delitos de extorsión y homicidios del país.

El negocio criminal, lejos de verse afectado por las detenciones, parece fortalecerse al operar desde espacios donde los líderes tienen acceso a celulares, armas y redes de complicidad institucional.

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Hacinamiento y privilegios: una combinación explosiva

Con más de 23,000 internos en cárceles diseñadas para solo 6,000 personas, Guatemala tiene una de las tasas de hacinamiento penitenciario más altas de América Latina, superando el 300 % de sobrepoblación. A eso se suma la escasez de personal: solo 3,997 guardias están asignados a la vigilancia de todos los reclusos del país.

Esta situación permite que los reos con mayor poder económico y político impongan sus propias reglas. Tal es el caso de Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias “Lobo”, líder de la pandilla Barrio 18, quien en medio de la crisis exigía aire acondicionado, comida a domicilio y una cama tamaño ‘king size’ en su celda.

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Requisa tras requisa, la corrupción no se detiene

Pese a los operativos y aislamientos en centros como Renovación I, los dispositivos electrónicos siguen apareciendo en las celdas. Para el CIEN, esto confirma que la reforma del sistema penitenciario va más allá de traslados o encierros.

La organización plantea la necesidad urgente de profesionalizar la carrera penitenciaria, reducir los niveles de corrupción y realizar un censo carcelario que permita conocer con precisión quiénes están realmente tras los delitos que siguen azotando al país desde el interior de las prisiones.

Mientras tanto, las cárceles siguen siendo el verdadero poder detrás del crimen organizado en Guatemala, donde los cabecillas no solo sobreviven, sino que conservan su liderazgo e influencia desde sus celdas.