Guatemala alerta que sus cárceles son una “bomba de tiempo permanente”

El gobierno de Guatemala reconoció esta semana que el sistema penitenciario del país atraviesa una de sus peores crisis. Con un hacinamiento del 340 %, las cárceles han sido calificadas como una “bomba de tiempo permanente” por el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, en declaraciones tras los recientes episodios de violencia.

“El sistema carcelario está rebasado. Es una bomba de tiempo permanente”, dijo Villeda este miércoles en Ciudad de Guatemala, al asegurar que las autoridades mantienen el control tras los motines registrados el fin de semana pasado y el asesinato de diez policías en distintos puntos del país.

Aunque el ministro aseguró que “no hay impunidad” y que los cabecillas responsables han sido neutralizados, las condiciones actuales de las prisiones siguen siendo un foco de tensión nacional.

Motines, asesinatos y una estructura criminal desde dentro

La escalada de violencia, iniciada el domingo con una serie de ataques coordinados por la pandilla Barrio 18 desde el interior de varios penales, dejó al descubierto las profundas fallas estructurales en el sistema de seguridad y control penitenciario.

Según fuentes judiciales, los disturbios comenzaron con un motín liderado por Aldo Dupie, alias “El Lobo”, en la cárcel Renovación I. El recluso, condenado por homicidios múltiples, exigía ser trasladado a un penal con menores medidas de seguridad. Su captura desencadenó una ola de ataques armados fuera de los centros penitenciarios, incluyendo el asesinato de diez agentes de policía.

Exfiscales como Juan Francisco Solórzano consideran que la violencia fue planificada y responde a un intento por desestabilizar al gobierno del presidente Bernardo Arévalo. “Hay cero control en el sistema penitenciario y parece que los servicios de inteligencia no anticiparon nada”, advirtió Solórzano.

Estado de sitio y acusaciones de complot político-criminal

Ante el desbordamiento de la violencia, el presidente Arévalo decretó estado de sitio en varias zonas del país, una de las medidas más severas contempladas en la legislación guatemalteca. La decisión permitió el despliegue de fuerzas especiales para retomar el control en al menos tres cárceles dominadas por pandillas.

Sin embargo, la medida no ha disipado las sospechas de un trasfondo político. Exfuncionarios como Juan Francisco Sandoval, exfiscal anticorrupción exiliado en EE. UU., señalan que los hechos no son aislados. “Esta ofensiva es una reacción de redes político-criminales que temen perder el control institucional”, afirmó.

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En julio del año pasado, el gobierno trasladó a cinco líderes de Barrio 18 a una prisión de máxima seguridad. Desde entonces, los incidentes carcelarios se han intensificado, incluyendo fugas, motines y denuncias de complicidad de funcionarios penitenciarios.

Pandillas con poder económico y capacidad política

Más allá de la violencia puntual, el ministro Villeda también advirtió sobre la dimensión económica de las pandillas, señalando que su poder financiero representa un riesgo electoral.

“Las pandillas tienen recursos para influir en campañas políticas, financiar candidatos o condicionar decisiones. No se trata solo de violencia, sino de control territorial y económico”, dijo Villeda a la AFP.

El temor es que estos grupos criminales, además de operar desde las cárceles, busquen extender su influencia a nivel institucional, aprovechando la debilidad del sistema judicial y la cercanía del relevo de figuras clave como la fiscal general y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

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Ecos regionales y temores por una respuesta autoritaria

La crisis carcelaria guatemalteca tiene resonancia en toda la región, especialmente en países como El Salvador y Honduras, donde las mismas pandillas han tenido presencia histórica. En el caso salvadoreño, el gobierno aplicó desde 2022 un régimen de excepción que redujo los homicidios, pero ha sido criticado por detenciones arbitrarias y denuncias de pactos con grupos criminales.

En Guatemala, algunos sectores temen que la situación actual sea utilizada para justificar medidas autoritarias o desviar la atención de otras tensiones políticas. “El riesgo es que esta violencia se use para consolidar poder en lugar de resolver el problema de fondo”, advirtió Solórzano.

Además, el contexto institucional guatemalteco sigue siendo delicado. La fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, mantiene una postura crítica hacia el presidente Arévalo y ha utilizado la crisis para exigir resultados inmediatos en seguridad, pese a su historial de señalamientos.

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El desafío: desactivar la bomba antes de que estalle

Guatemala enfrenta una encrucijada. Por un lado, un sistema penitenciario colapsado, con cárceles superpobladas y sin control efectivo. Por otro, un entorno político marcado por tensiones entre el Ejecutivo y sectores del poder judicial, y una ciudadanía que exige soluciones sin recurrir a la represión.

“El sistema está al borde. Ya no basta con controlar los motines: se necesita una reforma estructural que saque a las pandillas del centro del poder penitenciario”, concluye Solórzano.

Mientras tanto, el gobierno insiste en que mantiene el control, pero las cárceles siguen siendo, como dijo el propio ministro Villeda, una bomba de tiempo permanente. La gran incógnita es cuánto falta para que vuelva a estallar.