¿Qué hay detrás de la escalada pandillera en Guatemala?

La escalada de violencia de las pandillas en Guatemala volvió a colocar al país en el centro de la agenda regional. El asesinato de diez policías, tras una serie de motines carcelarios y tomas de rehenes, no solo evidenció la fragilidad del sistema de seguridad y del control penitenciario, sino que también destapó acusaciones de un presunto complot político-criminal para debilitar al gobierno del presidente Bernardo Arévalo.

La situación llevó al mandatario socialdemócrata a decretar el estado de sitio, una de las medidas más severas contempladas en la legislación guatemalteca. La decisión llegó después de que fuerzas de seguridad retomaran el control de tres cárceles donde pandilleros habían retenido a decenas de personas, y de una respuesta violenta que incluyó ataques coordinados contra agentes del orden.

Para exfuncionarios con experiencia en el combate al crimen organizado, lo ocurrido no fue improvisado. Juan Francisco Solórzano, exfiscal antipandillas, afirma que existe “cero control” en el sistema penitenciario y cuestiona que los servicios de inteligencia no anticiparan una reacción de tal magnitud. En su lectura, los ataques formaban parte de un plan para desestabilizar al Ejecutivo y erosionar su legitimidad.

Te puede interesar: Gobierno de Guatemala afirma que mantiene el control tras ola de violencia

Cárceles, poder y redes político-criminales

El trasfondo de la crisis se remonta a decisiones tomadas meses atrás. En julio, el gobierno trasladó a cinco de los máximos líderes de la pandilla Barrio 18 a una prisión de alta seguridad, al considerar que seguían ordenando asesinatos, extorsiones y tráfico de drogas desde prisión. La medida desató motines y, en octubre, la fuga de una veintena de pandilleros de otro penal, en medio de denuncias de complicidad de autoridades.

Esa secuencia provocó una crisis política que terminó con la destitución del ministro de Gobernación y otros funcionarios. Sin embargo, lejos de apaciguar la situación, los hechos del último fin de semana marcaron un punto de quiebre. El motín en la cárcel Renovación I fue encabezado por Aldo Dupie, alias “El Lobo”, un reo condenado por múltiples homicidios, quien exigía su traslado a un penal con menores medidas de seguridad y comodidades poco habituales para un centro de detención.

Tras ser reducido y exhibido públicamente, se produjeron los ataques contra policías. Para Solórzano, la violencia “ya estaba programada” y buscaba enviar un mensaje directo al gobierno. Una visión similar tiene Juan Francisco Sandoval, exfiscal anticorrupción exiliado en Estados Unidos desde 2021, quien sostiene que la ofensiva “no es fortuita” y responde a operaciones impulsadas por redes político-criminales.

El pulso institucional y el momento político

La escalada ocurre en un contexto institucional delicado. Guatemala se prepara para el relevo de la fiscal general, así como de magistrados clave del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad. Estos órganos han sido señalados en los últimos años por presuntamente favorecer redes de corrupción.

La fiscal general, Consuelo Porras, figura central de este entramado según el gobierno y organizaciones civiles, ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea. Porras, que debe ser sustituida en mayo, intentó bloquear la toma de posesión de Arévalo hace dos años mediante recursos legales. Aunque ella niega cualquier vínculo con criminales, ha utilizado la crisis para cuestionar al presidente y exigirle resultados inmediatos en seguridad.

Para Sandoval, el repunte de violencia es un “mensaje” de sectores políticos opositores que ven amenazados sus intereses. Solórzano va más allá y asegura que la pandilla Barrio 18 se siente protegida por actores dentro del sistema, y que el objetivo final sería sacar a Arévalo del poder. Aun así, el exfiscal también critica la gestión de seguridad del mandatario y advierte que, tras dos años de gobierno, “ya no valen excusas”.

Te puede interesar: 293 detenidos en tres días de estado de sitio en Guatemala

Un problema regional con ecos en El Salvador

Las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha no son un fenómeno aislado de Guatemala. Operan también en Honduras, Estados Unidos y El Salvador, donde el gobierno de Nayib Bukele ha aplicado una política de mano dura que redujo drásticamente los homicidios, aunque ha sido señalada por violaciones a derechos humanos y supuestos pactos con sectores criminales, algo que el presidente salvadoreño rechaza.

En Guatemala, el temor es que la violencia actual sirva para justificar medidas extremas o para condicionar el escenario político de cara a las elecciones generales de 2027. Arévalo, respaldado por Estados Unidos, ha advertido que los ataques podrían continuar, al tratarse de una reacción de élites criminales que temen perder control sobre un sistema que les garantiza impunidad y negocios ilegales.

El riesgo inmediato es la repetición de atentados y la profundización de la crisis institucional. A eso se suma un factor clave: el poder económico de las pandillas. Según el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, su capacidad financiera les permitiría incluso influir en campañas políticas o impulsar candidatos propios, como parte de una estrategia de largo plazo para asegurar protección y control territorial, según dijo a la AFP.