Asamblea amplía plazo para renovar buses con más de 20 años de antigüedad

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una nueva prórroga de 18 meses para la sustitución de buses del transporte público colectivo que ya cumplieron, o cumplirán, 20 años de antigüedad entre 2024 y 2026. La decisión extiende una serie de medidas transitorias que vienen aplicándose desde 2023 y que buscan evitar la salida abrupta de unidades, mientras los empresarios completan procesos de renovación y regularización contractual.

La reforma fue avalada en la última sesión plenaria de 2025, previa al receso de Navidad y Fin de Año, a petición del diputado Christian Guevara, del partido Nuevas Ideas, quien solicitó aprobarla con dispensa de trámites. La iniciativa recibió los votos de Nuevas Ideas, PCN y PDC, mientras que el partido Vamos votó en contra. Durante la plenaria no hubo intervenciones ni debate sobre el contenido de la reforma.

La legislación salvadoreña establece que las unidades de transporte colectivo deben retirarse de circulación al cumplir 20 años desde su fabricación. Sin embargo, en los últimos años el Estado ha aprobado varios plazos excepcionales para atender retrasos acumulados, dificultades financieras del sector y cambios en la organización del sistema de transporte.

Te puede interesar: Ministerio de Hacienda cerrará oficinas del 24 de diciembre al 2 de enero 2026

Prórrogas encadenadas para sostener el servicio

El primer alivio se dio el 20 de junio de 2023, cuando se aprobó el Decreto Legislativo 774. Ese instrumento concedió 18 meses a los concesionarios y permisionarios que no habían sustituido sus unidades en los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, pese a haber alcanzado el límite legal de antigüedad.

Posteriormente, el 17 de julio de 2024, la Asamblea otorgó otro plazo adicional de 18 meses para que los transportistas pudieran realizar trámites de cambio o traspaso que implicaran la modificación de contratos de concesión, con vencimiento en enero de 2026. Esa medida buscaba regularizar situaciones contractuales que, en muchos casos, seguían pendientes.

Más adelante, el 14 de enero de 2025, se aprobó una nueva prórroga que extendió la vigencia de las disposiciones transitorias hasta el 17 de julio de 2026, siempre con el mismo objetivo: permitir que los empresarios completaran la renovación de unidades o los traspasos de concesión sin interrumpir el servicio a los usuarios.

La reforma aprobada ahora modifica nuevamente el artículo 1 de esas disposiciones transitorias. Con ello se concede un nuevo plazo de 18 meses a los concesionarios o permisionarios cuyas unidades cumplieron 20 años en 2024 y 2025, o los cumplirán en 2026, y que aún no han logrado realizar la sustitución correspondiente.

Continuidad operativa y ajustes contractuales

El decreto aprobado también contempla escenarios en los que las unidades, pese a encontrarse dentro de su vida útil según los años señalados, no pudieron refrendar la tarjeta de circulación o renovar el permiso de línea. En esos casos, se autoriza la refrenda o, en su defecto, la renovación del permiso, para que el servicio no se vea interrumpido de manera inmediata.

Además, los empresarios cuyas unidades entren en este período podrán continuar provisionalmente operando la línea por un plazo de hasta un año, mientras llevan a cabo la sustitución exigida por la ley. La medida apunta a evitar una reducción repentina de la flota disponible y, con ello, afectaciones a la movilidad diaria de miles de usuarios.

La reforma también otorga 18 meses a las personas a quienes se les hayan transferido vehículos que prestan servicio de transporte colectivo, para que informen de estos cambios a la Dirección General de Transporte Terrestre y soliciten las adecuaciones correspondientes. Los traspasos sólo están permitidos entre concesionarios ya existentes y que operen en la misma ruta.

En paralelo, se instruye al Viceministerio de Transporte (VMT) a conceder 18 meses adicionales a los contratos de concesión que vencieron en 2024 y 2025, o que vencerán en 2026. Con ello se busca que los operadores puedan renovar sus flotas con unidades en mejores condiciones y, al mismo tiempo, regularizar su situación contractual.

Te puede interesar: Paso restringido en San Jacinto por trabajos de FOVIAL

Suspensión de juicios y visión de reordenamiento

Uno de los puntos más relevantes de la reforma es la incorporación del artículo 7-A, que suspende, durante la vigencia del decreto, los juicios ejecutivos civiles y mercantiles que impliquen embargo de unidades de transporte colectivo. La suspensión aplica tanto para procesos que estén por iniciarse como para aquellos ya en curso, siempre que involucren a concesionarios o permisionarios beneficiados por estas disposiciones.

Según la iniciativa leída en la plenaria, estas medidas responden a que “actualmente, varios concesionarios y permisionarios no han culminado el procedimiento de renovación de unidades”, en un contexto de modernización y reordenamiento de las rutas a nivel nacional. El objetivo, señala el texto, es mejorar y hacer más eficiente el transporte público colectivo.

Como disposición especial, se establece que los plazos del decreto aprobado el 14 de enero de 2025 se mantendrán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026. Con ello, el Estado busca dar estabilidad normativa al sector mientras el VMT, a través de la Dirección General de Transporte Terrestre, avanza en la implementación de cambios estructurales en el sistema de transporte público salvadoreño.

La aprobación de esta nueva prórroga confirma una tendencia de flexibilización temporal de la normativa, en un intento por equilibrar la necesidad de modernizar la flota con la realidad operativa y financiera de los transportistas, sin dejar de garantizar la continuidad del servicio para la población.

Con reportes de El Diario de Hoy.