Operativo en Nueva Orleans impacta a migrantes de El Salvador y la región

El gobierno de Estados Unidos lanzó la operación migratoria Catahoula Crunch en Nueva Orleans, una acción del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) enfocada en detener a migrantes de Centroamérica y México. El anuncio llega en un momento de reforzamiento de operativos federales en ciudades gobernadas por demócratas, lo que ha provocado preocupación entre residentes, comerciantes y organizaciones de defensa migrante.

El DHS no detalló qué agencias participan en esta nueva fase, aunque medios locales anticipan la llegada de unidades de la Patrulla Fronteriza, similar a lo ocurrido en Carolina del Norte durante el operativo Charlotte's Web, en el que se detuvo a 200 personas. Para comunidades con alta presencia de salvadoreños, hondureños y mexicanos, la noticia ha encendido alarmas por su impacto laboral y social.

En su comunicado, el DHS indicó que la operación se dirige a personas con historial criminal y acompañó el anuncio con imágenes de migrantes de México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Jordania y Vietnam que, según la institución, habrían sido liberados bajo “políticas santuario”. “Las políticas santuario ponen en peligro a las comunidades estadounidenses al liberar a extranjeros criminales y forzar a los agentes del DHS a arriesgar sus vidas para remover a extranjeros criminales ilegales a los que nunca debieron haber vuelto a soltar a las calles”, afirmó Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS.

Te puede interesar: Gobierno de Trump despide a ocho jueces de inmigración de Nueva York

Efectos inmediatos en negocios y vida comunitaria

Luisiana tiene cerca de 223.000 inmigrantes, de los cuales casi uno de cada cinco es de Honduras y una octava parte proviene de México, de acuerdo con el American Immigration Council. Esta composición demográfica explica por qué el anuncio ha tenido un impacto inmediato: restaurantes y comercios latinos informaron cierres preventivos en redes sociales, temiendo que trabajadores o clientes pudieran ser abordados durante las redadas.

Al mismo tiempo, activistas cuestionan si el enfoque real del operativo está limitado a personas con antecedentes, como señala el DHS. Todd Schulte, presidente de FWD, expresó su preocupación en X: “Estoy profundamente enojado porque amigos, socios y todos en Nueva Orleans verán de cerca cómo esta crueldad y caos se impone en personas que merecen dignidad y, en muchos casos, simplemente un proceso para ajustar su estatus. Hay una mejor manera”.

Para comunidades centroamericanas y caribeñas, que dependen de redes de trabajo informal o empleos que requieren presencia diaria, el temor a operativos de este tipo implica interrupciones laborales, pérdida de ingresos y una sensación generalizada de incertidumbre.

Escenario político y despliegue adicional

El operativo Catahoula Crunch también se inserta en un contexto político más tenso. La ciudad, administrada por la alcaldesa LaToya Cantrell y que en 2026 pasará a manos de Helena Moreno, de origen mexicano, ya había expresado preocupación por la posibilidad de un despliegue federal. La llegada de agentes migratorios se suma al anuncio del presidente Donald Trump sobre el envío próximo de la Guardia Nacional, tras la solicitud del gobernador de Luisiana, Jeff Landry, quien argumentó la necesidad de apoyo para “combatir el crimen”.

“Él ha pedido ayuda para Nueva Orleans y vamos a ir ahí en un par de semanas”, dijo Trump durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca.

Estas medidas buscan replicar operativos realizados en Los Ángeles y Chicago, que durante 2024 generaron manifestaciones y debates sobre el alcance de la autoridad federal en ciudades con políticas locales más protectoras hacia la población migrante.

Te puede interesar: Estados Unidos suspende trámites de residencia y ciudadanía para migrantes de 19 países

Una comunidad en alerta constante

Para salvadoreños que viven en Nueva Orleans o que tienen familiares en Luisiana, el panorama se vuelve más complejo. Las redadas incrementan la preocupación por detenciones inesperadas, posibles separaciones familiares y el impacto económico sobre sectores donde la mano de obra latina es fundamental, como construcción, gastronomía y servicios.

Aunque el DHS afirma que su objetivo se limita a personas con antecedentes criminales, la experiencia de operativos anteriores ha dejado dudas entre residentes y organizaciones, que piden mayor claridad y garantías sobre el trato que recibirán los migrantes sin historial delictivo.

Por ahora, la comunidad latina se mantiene en vigilancia permanente, mientras negocios ajustan horarios, activistas ofrecen asesoría legal y familias reorganizan rutinas diarias ante la incertidumbre. El desarrollo de Catahoula Crunch podría definir el tono de futuros operativos federales y su impacto en ciudades con alta población migrante.