Tribunal de EE.UU. frena plan de Trump que busca ampliar deportaciones rápidas

El Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia determinó que la administración de Donald Trump no puede aplicar una ampliación nacional de las deportaciones rápidas, una medida que buscaba permitir la expulsión acelerada de personas en cualquier punto del país si no podían demostrar al menos dos años de residencia. La decisión, publicada el 23 de noviembre y reportada inicialmente por Reuters, señala que la política planteaba un “riesgo serio de remoción sumaria errónea”, según expresó la jueza Patricia Millett.

Fallo con votación dividida

La medida fue adoptada por un panel de tres jueces que, con una votación de dos a uno, confirmó la orden preliminar emitida en agosto por la jueza de distrito Jia Cobb. Esa orden ya había frenado la implementación de la política migratoria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Reuters detalló que la jueza Cobb había concluido que la expansión de deportaciones rápidas podría afectar derechos fundamentales al limitar las oportunidades de las personas migrantes para demostrar vínculos, residencia o temores de persecución.

Las juezas Patricia Millett y J. Michelle Childs coincidieron en que el Gobierno no demostró que el nuevo procedimiento garantizara salvaguardas adecuadas. En palabras de Millett, citadas por Reuters, el Gobierno “no ofreció garantías suficientes” para evitar que personas con derecho a un proceso migratorio fueran expulsadas sin una revisión adecuada.

La disidencia estuvo a cargo de la jueza Neomi Rao, quien argumentó que la orden de la corte inferior representaba una “interferencia judicial indebida” con las facultades del Ejecutivo en materia migratoria.

Qué buscaba la medida bloqueada

La administración Trump había anunciado a inicios de 2025 una ampliación del uso del mecanismo conocido como expedited removal. Usualmente, este procedimiento se aplica en zonas fronterizas a personas detenidas poco después de ingresar al país. Sin embargo, la nueva política habría permitido utilizarlo en cualquier estado y contra quienes no pudieran demostrar dos años de residencia física continua.

Según reportes del PBS NewsHour, la medida formaba parte de una estrategia más amplia para acelerar deportaciones y reducir de manera significativa la población indocumentada. PBS recordó que Trump había prometido realizar deportaciones “a una escala sin precedentes”.

Diversas organizaciones de derechos civiles presentaron demandas argumentando que extender este procedimiento a nivel nacional dejaba a miles de personas vulnerables a errores administrativos, especialmente a quienes no cargan documentos de manera habitual o viven en zonas alejadas de la frontera.

Implicaciones y próximos pasos

En su resolución, el Tribunal de Apelaciones mantuvo vigente la mayor parte del bloqueo, aunque permitió temporalmente algunos ajustes vinculados a los procedimientos de “miedo creíble” utilizados en solicitudes de asilo. Aun así, la prohibición central —la expansión del uso de deportaciones rápidas en el interior del país— continúa en pie mientras avanza el litigio.

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Reuters informó que la administración Trump planea apelar la decisión en el caso principal. El propio tribunal fijó una audiencia para el 9 de diciembre, en la que se escucharán argumentos de ambas partes.

Este fallo no elimina el mecanismo de deportación acelerada, pero limita significativamente su alcance. Voces especializadas citadas por PBS explicaron que el tribunal recordó que, incluso sin estatus migratorio, las personas dentro del territorio estadounidense tienen derechos constitucionales básicos, incluyendo ciertos niveles de debido proceso.

Contexto más amplio

El uso de deportaciones rápidas ha sido una herramienta clave de las administraciones de ambos partidos durante las últimas dos décadas, aunque históricamente se ha aplicado en zonas cercanas a la frontera sur. La propuesta de ampliarla a todo el país representaba un cambio sustancial en su alcance tradicional.

Medios especializados como Bloomberg Law describieron esta estrategia como una de las políticas migratorias más agresivas impulsadas durante el año, señalando que habría facilitado expulsiones prácticamente inmediatas sin audiencia ante un juez migratorio.

Por ahora, el fallo del Tribunal de Apelaciones mantiene sin efecto la expansión, mientras las cortes continúan evaluando los límites legales y constitucionales del uso de esta herramienta migratoria en el entorno interior de Estados Unidos.