Estados Unidos reabre investigación por expulsiones de migrantes hacia El Salvador

Un juez federal de Estados Unidos retomó la investigación para determinar si el Gobierno Trump incurrió en desacato al enviar migrantes a El Salvador, luego de que un tribunal de apelaciones autorizara continuar el proceso. El caso vuelve a colocar en el centro del debate la expulsión de más de 200 personas, en su mayoría venezolanas, trasladadas a una cárcel de máxima seguridad salvadoreña pese a una orden judicial que prohibía esos vuelos. La decisión reactiva una disputa con impacto directo para migrantes, comunidades latinas en EE.UU. y observadores en Centroamérica atentos al rumbo de la política migratoria estadounidense.

El anuncio, reportado por el Washington Post, se conoció este miércoles en una audiencia en Washington, donde el juez James Boasberg confirmó que la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia levantó la pausa que mantenía detenida la indagación. Con esto, se reabre un capítulo que podría derivar en consecuencias legales para funcionarios del entonces Gobierno Trump.

Boasberg aclaró el alcance del proceso: “Mi investigación no consiste en determinar si se debe declarar al gobierno en desacato, sino en determinar si existe suficiente información para remitir el caso por desacato”, dijo el magistrado, citado por el Washington Post. Este matiz legal es clave para entender la ruta del caso, ya que el juez no evalúa todavía sanciones, sino si hay base para enviar el expediente a una instancia que decida si hubo violaciones deliberadas a la orden judicial.

Te puede interesar: Primer caso humano de gripe aviar H5N5 en Estados Unidos: esto es lo que se sabe

Testigos clave y acusaciones internas

El magistrado adelantó que al menos dos personas serán llamadas a declarar. Una de ellas es Erez Reuveni, un informante del Departamento de Justicia (DOJ) que fue despedido y que ha señalado irregularidades en la ejecución de los vuelos. La otra es Drew Ensign, abogado del departamento a quien Reuveni acusó de engañar al tribunal sobre los traslados de migrantes, según el reporte del rotativo estadounidense.

Estas declaraciones podrían arrojar luz sobre lo ocurrido los días en que se realizaron los vuelos a El Salvador, una operación que generó una batalla legal sin precedentes. En su opinión de más de 40 páginas emitida en abril, Boasberg acusó al Ejecutivo de haber ignorado con “completo menosprecio” la orden judicial que instruía detener los traslados.

“La Constitución no tolera la desobediencia intencional de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios que han jurado respetarla”, escribió el juez en aquel fallo. La frase refleja el tono con el que Boasberg valoró la actuación gubernamental durante esa etapa. Agregó que permitir al Gobierno “anular” los fallos de las cortes “convertiría en una burla solemne a la propia Constitución”.

El caso también involucra la invocación, el 14 de marzo, de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una normativa pensada para tiempos de guerra que el entonces presidente Donald Trump utilizó para expulsar a cientos de venezolanos a quienes acusaba de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua. Un día después, Boasberg bloqueó su uso justo cuando dos aviones viajaban hacia Centroamérica con los migrantes y ordenó su regreso inmediato. Los aviones no retornaron y aterrizaron en El Salvador, lo que detonó la confrontación.

Implicaciones para El Salvador y comunidades migrantes

Aunque la controversia ocurre dentro del sistema judicial estadounidense, su impacto toca directamente a El Salvador. Según lo documentado en el proceso, los más de 200 migrantes principalmente venezolanos fueron enviados a una cárcel de máxima seguridad en territorio salvadoreño. Este episodio abrió preguntas sobre el manejo de personas expulsadas bajo figuras legales extraordinarias y sobre los límites de cooperación entre países en situaciones migratorias críticas.

Para el público salvadoreño local y para salvadoreños en la diáspora, el caso ofrece una ventana al tipo de políticas migratorias que pueden surgir en contextos de tensión política en Estados Unidos, así como a la capacidad del sistema judicial estadounidense para frenar decisiones ejecutivas cuando considera que violan la ley. También plantea interrogantes sobre cómo resuelven las instituciones salvadoreñas los ingresos de personas deportadas en circunstancias ajenas a procesos migratorios regulares.

La disputa legal ha tenido incluso tintes políticos. Tras la decisión de Boasberg, Trump sugirió que el magistrado debería enfrentar un juicio político, lo que elevó aún más el perfil del caso en un momento de polarización en EE.UU. Paralelamente, existe otro litigio relacionado: el de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño expulsado junto a los venezolanos y posteriormente retornado a Estados Unidos por orden de un juez.

Te puede interesar: Trump impulsa nueva propuesta para restringir residencia permanente a inmigrantes

Un proceso que continuará bajo la mirada internacional

La reanudación de esta investigación deja claro que el caso está lejos de concluir. Por ahora, la pregunta central es si hubo desacato y si el Gobierno Trump desobedeció intencionalmente una orden federal. Lo que determinen las nuevas declaraciones podría influir no solo en la responsabilidad individual de funcionarios involucrados, sino también en futuras discusiones sobre el uso de leyes antiguas para justificar medidas migratorias extraordinarias.

Para El Salvador y la región, seguir este proceso permite comprender mejor cómo interactúan factores legales y políticos en el manejo de la migración y qué tan fuertes son los mecanismos de control institucional en momentos de crisis. Aunque el caso se originó en Estados Unidos, sus repercusiones han cruzado fronteras, y el desarrollo de la investigación será observado con atención por gobiernos, defensores de derechos humanos y comunidades migrantes en ambos países.