El cierre de Gobierno en EE. UU. deja sin salario a miles y se prolonga hasta noviembre

El cierre del Gobierno Federal de Estados Unidos, iniciado el 1 de octubre, continuará al menos hasta el 3 de noviembre, según confirmó la oficina de prensa del Senado. La Cámara Alta levantó su sesión este jueves a las 15:25 hora local (19:25 GMT) y no volverá a reunirse hasta el lunes siguiente, prolongando una parálisis gubernamental que ya alcanza 34 días y ya deja a miles sin salario.

El cierre, que afecta a unos 730,000 empleados federales, mantiene en funciones únicamente a los trabajadores considerados esenciales, aunque sin recibir salario. Este escenario ha despertado inquietud en distintos sectores, especialmente en el transporte aéreo, ante el riesgo de que los controladores comiencen a ausentarse por falta de pago. 

En el cierre anterior, fueron precisamente las bajas entre los controladores las que provocaron un colapso parcial del tráfico aéreo y obligaron a republicanos y demócratas a llegar a un acuerdo.

Para los mercados y los inversionistas internacionales, este cierre prolongado refuerza la imagen de inestabilidad política en Washington. Además, incrementa la presión sobre el Congreso, donde el debate se ha centrado en las condiciones que los demócratas exigen para aprobar el presupuesto que permitiría reabrir el Gobierno.

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El Senado y la disputa por el presupuesto

El actual estancamiento en el Senado refleja un pulso político que va más allá de una simple negociación presupuestaria. Los demócratas condicionan su apoyo a los republicanos a que se prolonguen los subsidios del programa sanitario Obamacare, que expiran a finales de año. Según analistas, de no extenderse estos subsidios, las primas médicas podrían aumentar significativamente para 2026, afectando a millones de familias de clase media.

Los republicanos, por su parte, insisten en reducir el gasto público y limitar los subsidios federales, argumentando que su ampliación incrementaría el déficit. La falta de consenso ha dejado en el limbo no solo los salarios de los empleados federales, sino también programas sociales esenciales y servicios públicos.

Uno de los puntos más sensibles llegará el 1 de noviembre, cuando varios estados advierten que se quedarán sin fondos para los cupones alimentarios de los que dependen más de 40 millones de estadounidenses. Ese mismo día se publicarán las nuevas tarifas del Obamacare, lo que podría añadir más presión política a ambos partidos para llegar a un acuerdo.

Riesgos globales y señales para la región

Para América Latina, y particularmente para El Salvador y la diáspora salvadoreña en Estados Unidos, este cierre federal tiene implicaciones concretas. Los retrasos en servicios migratorios, la suspensión de programas de asistencia y la ralentización de trámites consulares podrían afectar directamente a comunidades migrantes que dependen de la estabilidad administrativa del gobierno estadounidense.

Además, economistas señalan que una parálisis prolongada podría repercutir en la confianza del consumidor estadounidense, reduciendo el consumo interno y, con ello, el envío de remesas hacia países centroamericanos. En 2024, las remesas representaron más del 25 % del PIB salvadoreño, por lo que cualquier fluctuación en ese flujo impactaría la economía nacional.

A nivel internacional, los inversionistas observan con cautela este escenario. El cierre del Gobierno más largo en más de cuatro años podría afectar la calificación crediticia de Estados Unidos si se prolonga, afectando las tasas globales y el costo del endeudamiento de varios países emergentes.

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Un desafío político con efectos inmediatos

Aunque ambos partidos coinciden en la necesidad de reabrir el Gobierno, las diferencias ideológicas sobre el gasto público y la política sanitaria mantienen el bloqueo. Analistas consideran que el próximo fin de semana será clave: si el Senado no logra avances significativos antes del 3 de noviembre, podría iniciarse una nueva ronda de negociaciones de emergencia con la mediación de la Casa Blanca.

Mientras tanto, los trabajadores federales continúan cumpliendo funciones sin recibir salario, y los ciudadanos enfrentan demoras en servicios básicos. Cada día de cierre añade presión económica y política, en un país que se aproxima a un nuevo año electoral con el clima de polarización más alto en una década.