¿Cuánto costaría erradicar el hambre según un modelo del IICA y el FMI?

Un nuevo estudio conjunto del  Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que la mayoría de países latinoamericanos podrían erradicar el hambre con una inversión adicional inferior al 1% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que una minoría requiere esfuerzos mucho mayores.

El documento pone el foco en la eficiencia del gasto y en la redistribución de recursos como palancas centrales para lograr seguridad alimentaria.

El costo estimado para eliminar el hambre en la región

Según el informe “¿Cuánto costaría eliminar el hambre en América Latina y el Caribe? Un enfoque simple para estimar las transferencias necesarias”, 70% de los países de LATAM podrían erradicar el hambre con una asignación suplementaria menor al 1% de su PIB, tomando como punto de partida los niveles previstos en sus líneas de pobreza nacionales.

El resto de los países —un 30%, que en el informe equivalen a ocho naciones— necesitan un promedio de 3.59% del PIB para cumplir esa meta. Entre ellos figura Haití con un requerimiento cercano al 13% del PIB, el caso más extremo entre los evaluados.

El investigador del IICA, Eugenio Díaz‑Bonilla, explicó que los cálculos parten de asumir una focalización más precisa del gasto social existente o de reasignaciones de subsidios regresivos. Aclaró que cada país puede ajustar esos números según sus propias metas y realidades.

Con ello, en la región hay alrededor de 44 millones de personas que padecen hambre. El informe clasifica la prevalencia de inseguridad alimentaria así: en 2 países se estima por encima del 20%; en 5 países entre 10% y 20%; en 10 países entre 5% y 10%; en 15 naciones entre 2.5% y 5%; y en 2 países por debajo de 2.5%.

Por otra parte, el estudio advierte que, aunque el hambre es el problema más urgente, no es el único. En la región unos 141 millones de personas sufren de obesidad, y 182 millones carecen de ingresos suficientes para adquirir una dieta saludable.

Disponibilidad frente a acceso: una tensión clave

El informe recalca un dato relevante: Latinoamérica y el Caribe generan aproximadamente una cuarta parte de las toneladas de alimentos comercializadas en el mundo, lo que implica que la disponibilidad alimentaria no es la principal barrera para erradicar el hambre. En cambio, el impedimento es el acceso económico: muchas familias no tienen ingresos para adquirir la canasta básica adecuada.

Ese contraste sostiene una tesis central del estudio: el hambre no responde necesariamente a escasez global, sino a desigualdades en cómo se distribuye el ingreso, cómo se focaliza el gasto social y cómo se estructura el sistema de subsidios.

Complementariamente, el director general del IICA, Manuel Otero, planteó que agricultura y seguridad alimentaria deben articularse con las carteras de finanzas nacionales: sin políticas coordinadas entre ministerios productivos y estructuras fiscales, los esfuerzos pueden quedar fragmentados.

Implicaciones fiscales, políticas y técnicas

Los cálculos del estudio suponen que los gobiernos siguen operando programas sociales y de alivio a la pobreza, pero añaden recursos para cubrir brechas residuales de hambre. En muchos casos, ese volumen adicional es modesto —si se ubica por debajo del 1% del PIB—, lo que sugiere que el desafío no está tanto en conseguir recursos nuevos sino en redirigir los existentes hacia mayor eficacia y focalización.

Una estrategia sugerida consiste en revisar los subsidios regresivos, reasignarlos o eliminarlos para dirigir esos recursos a transferencias condicionadas, programas de nutrición o compras públicas de alimentos.

Sin embargo, los países con mayores requerimientos fiscales, como Haití, enfrentan un reto estructural más severo: necesitan movilizar recursos sustanciales y realizar reformas profundas de recaudación, eficiencia estatal y capacidad administrativa para que esas transferencias sean viables y sostenibles.

También hay un componente técnico: el estudio es un “modelo simple” que parte de supuestos uniformes (como líneas de pobreza oficiales y tasas de cobertura) y no incorpora variables dinámicas como crecimiento del ingreso, inflación, costos de transporte, logística agrícola o tensiones climáticas. Por ello, los autores advierten que los países pueden adaptar los cálculos a sus condiciones específicas.

Riesgos y condiciones para avanzar

Una advertencia estratégica del estudio es que los recursos adicionales no alcanzarían si se mantienen deficiencias de gobernanza, corrupción, filtraciones de gasto o fallas en focalización. La voluntad política aparece como una condición indispensable.

Otra dimensión es la sostenibilidad macroeconómica: los países que requieren mayores inversiones deben evitar que esas transferencias desborden las cuentas públicas o generen desequilibrios, especialmente en entornos con presiones sobre la deuda.

Además, el documento señala que la meta no debería limitarse a números estáticos: con el tiempo los gobiernos podrían ajustar los montos a medida que crezca el ingreso, se reduzca la pobreza estructural o mejoren las condiciones productivas.

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El horizonte estratégico para los países salvadoreños

Para El Salvador —como para cualquier país interesado en afrontar el hambre desde una perspectiva integral— este análisis ofrece pistas valiosas:

• Dentro del 70% de países con requerimientos menores al 1%, El Salvador podría calibrar cuánto de ese monto correspondería si ajusta su línea nacional de pobreza y los mecanismos de transferencia.
• Reformas de subsidios generales (como energía o servicios) podrían liberar recursos para redestinar a población vulnerable.
• Mejoras en sistemas de registro, georreferenciación y monitoreo ayudarían a que las transferencias alcancen a quienes más lo necesitan, reduciendo pérdidas por filtraciones.
• La coordinación entre agricultura, salud, desarrollo social y finanzas será clave para evitar solapamientos o vacíos entre programas.

Este estudio no resuelve todos los detalles técnicos o políticos, pero ofrece una hoja de ruta cuantitativa y una guía para que gobiernos puedan dimensionar el esfuerzo adicional necesario, compararlo con sus capacidades fiscales y planear un trayecto plausible hacia la erradicación del hambre en sus territorios.