Guardia Nacional de Estados Unidos despliega 500 soldados en Chicago entre polémica

La llegada de 500 soldados de la Guardia Nacional a Chicago encendió una nueva disputa entre la administración federal y las autoridades estatales demócratas. El gobierno sostiene que las fuerzas son necesarias para proteger a los agentes federales durante redadas migratorias en la ciudad; críticos locales y estatales sostienen que el despliegue es innecesario y políticamente motivado. En el caso de Chicago, la tercera ciudad más poblada de Estados Unidos, el tema llegó a una jueza federal que celebró una audiencia tras una demanda presentada por el estado de Illinois.

Según el Comando Norte del Ejército de Estados Unidos, el contingente está compuesto por 200 soldados provenientes de Texas y 300 movilizados desde Illinois. La administración federal informó que la movilización inicial tiene una duración prevista de 60 días. El gobierno también afirmó que una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Broadview, un suburbio de Chicago, "ha sido blanco de violencia real y amenazas", lo que, en su argumento, ha requerido "asistencia del Departamento de Guerra".

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Reacciones locales y contexto político

La presencia militar fue recibida con protestas: un periodista de AFP que visitó la instalación de Broadview observó a miembros de la Guardia Nacional y personal de ICE al otro lado de la valla, donde alrededor de 15 manifestantes les lanzaron insultos y gritos.

El gobernador demócrata de Illinois, J.B. Pritzker, y otros funcionarios locales presentaron acciones legales para impedir el despliegue, cuestionando el juicio del presidente. Pritzker, mencionado en el escrito de la demanda y señalado por su perfil público como posible candidato demócrata para 2028, calificó al presidente con dureza: "Es un dictador frustrado. Y hay algo que realmente quiero decirle a Donald Trump: si vienes por mi gente, tendrás que pasar por mí. Así que ven y búscame", declaró el gobernador.

Tanto Illinois como Oregón presentaron impugnaciones judiciales. En Portland, Oregon, la orden de una jueza que bloqueó temporalmente un despliegue previsto fue objeto de una apelación y un panel de tres jueces escuchó la impugnación del gobierno. California también acudió a los tribunales tras el envío de tropas a Los Ángeles previamente en el año en curso; un juez de distrito declaró ese despliegue ilegal, aunque luego una corte de apelaciones lo confirmó.

Legalidad, seguridad y debate público

El gobierno federal ha presentado como justificación la protección de agentes y de instalaciones federales durante operaciones contra inmigración irregular y las redadas asociadas. El presidente incluso dijo esta semana que podría invocar la Ley de Insurrección la cual permite al presidente desplegar al ejército dentro del territorio estadounidense para sofocar rebeliones si los tribunales o las autoridades locales continúan "frenándonos".

En una reunión de gabinete, el mandatario reiteró su versión de que el crimen está fuera de control en ciudades como Chicago y Portland y afirmó: "Hemos lanzado una campaña histórica para recuperar nuestra nación de las pandillas y los criminales callejeros, reincidentes violentos, infractores ilegales de la ley migratoria, extremistas y cárteles salvajes y sedientos de sangre". Sus críticos, por otra parte, acusan a la administración de inclinarse hacia políticas autoritarias y de usar la presencia militar como recurso de presión política.

Autoridades locales sostienen que las fuerzas municipales y estatales son suficientes para manejar tanto las protestas como la seguridad en torno a las operaciones de ICE. Asimismo, defensores de derechos civiles y organizaciones comunitarias han denunciado abusos derivados de redadas efectuadas por agentes federales armados y enmascarados, y han cuestionado la proporcionalidad del uso de tropas en contextos de orden público.

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Qué implica para vos y la agenda internacional

Para el lector salvadoreño sea que vivás en el país o que estés en la diáspora este episodio subraya dos tendencias que conviene observar: primero, la creciente utilización de recursos federales para operaciones de control migratorio y, segundo, la disputa entre distintos niveles de gobierno sobre competencias y límites constitucionales. Aunque el foco inmediato es Chicago, casos similares en Portland y Los Ángeles muestran que la controversia no es aislada, sino parte de un debate nacional sobre seguridad, fronteras y el papel de las fuerzas armadas en territorio civil.

En síntesis, el despliegue de 500 soldados en Chicago es, además de una medida temporal de seguridad, un nuevo capítulo en una disputa jurídica y política de amplio alcance que pone en tensión la relación entre gobierno federal y gobiernos estatales, la protección de instalaciones federales y los derechos civiles en contextos de control migratorio.