¿Es Chicago la nueva ciudad santuario para migrantes? Esto dice su alcalde

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, firmó una orden ejecutiva que establece una política de no cooperación con operativos federales, especialmente aquellos con fines migratorios o militares, ante la posibilidad de que la administración de Donald Trump despliegue fuerzas en la ciudad para combatir el crimen.

“El Departamento de Policía de Chicago no colaborará con personal militar en patrullas ni en la aplicación de leyes migratorias civiles”, explicó Johnson en una conferencia de prensa, en la que también presentó la iniciativa “Protegiendo a Chicago”, una estrategia de defensa legal y administrativa para salvaguardar a los residentes ante posibles abusos federales.

La medida se anticipa a una posible intervención militar en la ciudad, que Trump ha mencionado en discursos recientes, como ocurrió anteriormente en Washington D.C. durante protestas sociales. Según Johnson, el objetivo es evitar escenarios donde tanques recorran las calles o personas sean detenidas sin proceso debido.

¿Qué implica esta orden para migrantes y residentes?

Para muchas comunidades migrantes —incluyendo miles de salvadoreños que residen en Chicago— esta orden significa una señal clara de respaldo desde el gobierno local. La política instruye a todas las dependencias municipales, incluyendo la policía, a no colaborar activamente con redadas, detenciones arbitrarias o vigilancia en conjunto con agentes federales de inmigración.

“No queremos ver familias destrozadas. No queremos que las abuelas sean arrojadas a la parte trasera de furgonetas sin identificar”, dijo Johnson, enfatizando que el municipio tomará acciones legales ante cualquier violación de derechos por parte del Gobierno federal.

Además, la orden faculta al Departamento de Leyes de Chicago a iniciar procesos judiciales para proteger a sus habitantes, algo que el alcalde asegura está alineado con la postura del gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, y otras ciudades como Los Ángeles.

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¿Es legal una ciudad “santuario”?

Chicago es desde hace años considerada una ciudad santuario, lo que significa que limita su cooperación con autoridades migratorias federales. Este tipo de jurisdicciones suelen:

• No permitir que la policía local actúe como agentes del ICE.
• Negarse a compartir información migratoria con el Gobierno federal.
• Rechazar solicitudes de detención migratoria sin orden judicial.

Aunque el Gobierno federal ha intentado presionar a estas ciudades —amenazando con recortes presupuestarios o medidas judiciales—, los tribunales han respaldado en varias ocasiones su derecho a regular la cooperación local-federal.

Según expertos del Migration Policy Institute, las ciudades tienen autonomía para definir sus prioridades de seguridad y establecer límites claros a la colaboración migratoria, siempre que no bloqueen directamente el cumplimiento de leyes federales.

¿Cómo podría afectar esta orden a los salvadoreños en EE. UU.?

Para la comunidad salvadoreña que reside en Chicago —una de las más numerosas en el Medio Oeste—, esta orden ejecutiva representa una garantía de protección local, especialmente en contextos de redadas o campañas federales de deportación.

La orden también envía un mensaje político fuerte: que el gobierno de la ciudad está dispuesto a oponerse jurídicamente a cualquier acción que vulnere los derechos de sus residentes, sin importar su estatus migratorio.

“Trump es la mayor amenaza para nuestra democracia que jamás haya experimentado la historia de nuestro país”, afirmó Johnson, cerrando su declaración con una advertencia contundente.

¿Qué se puede esperar a futuro?

Aunque por ahora no se ha confirmado un despliegue militar en ciudades santuario, la narrativa política en torno a migración y seguridad está tomando fuerza con miras a las elecciones presidenciales de 2026 en Estados Unidos.

Desde organizaciones de derechos humanos como ACLU y Human Rights Watch se ha alertado sobre el riesgo de usar la fuerza militar como herramienta de control interno, algo que contraviene principios constitucionales.

Por su parte, Chicago se posiciona como un territorio de resistencia legal y social, donde las autoridades locales asumen un rol activo en la defensa de los derechos humanos.