Denuncian ante CIDH falta de garantía para defender derechos en El Salvador

Organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos denunciaron en una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en El Salvador no existen garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos.

En el evento de este miércoles participaron Úrsula Indacochea, de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF); Irene Cuéllar, de Amnistía Internacional; Marylaura Acuña, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); Olga Guzmán, de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y Angélica Cárcamo, de la Red Centroamericana de Periodistas.

Guzmán expuso en su intervención que El Salvador no es un país seguro para quienes ejercen una labor de defensa de derechos humanos y el periodismo. La profesional sostuvo que las personas defensoras se enfrentan a la estigmatización, al acoso, a la criminalización y restricciones a su derecho a defender derechos humanos.

“En 2024 se registraron 533 casos de agresión contra personas y colectivos de derechos humanos, este es el registro más alto de los últimos cuatro años, con un aumento del 135 % respecto del 2023. También hubo 18 casos de actos de criminalización en contra de sindicalistas por exigir el cumplimiento de sus derechos laborales”, mencionó.

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Además, denunció que las agresiones hacia las mujeres defensoras de derechos también han incrementado de 205 casos en 2023 a 960 solo en el primer semestre de este 2025:  “Este año han documentado nuevas formas de agresiones, como la confiscación de bienes y propiedades, expulsiones de lugares, desalojos, desplazamientos forzados internos, violencia física”.

“Han incrementado significativamente casos de rastreo digital, ataques por manifestarse pacíficamente y actos de ridiculización de las actividades que realizan las mujeres defensoras y sus organizaciones”, denunció.

Cuéllar añadió que han documentado “un patrón” que suele iniciar con campañas de acoso y descrédito en redes sociales, frecuentemente impulsadas o amplificadas por altos funcionarios nacionales, mediante mensajes estigmatizantes “que prepara el territorio para la persecución institucional posterior”. Otro elemento que identifican es la vigilancia indebida, tanto digital como física. 

“El hostigamiento y la vigilancia escalan a una estrategia de criminalización o uso indebido del sistema penal que se beneficia de la falta de independencia del Órgano Judicial y del Minsterio Pública, la prolongación del régimen de excepción y la aprobación de reformas legales represivas. Bajo la excusa del combate a las pandillas, se hace uso de tipos penales ambiguos como pertenecer a agrupaciones ilícitas contra personas defensoras y periodistas sin vínculo alguno con el crimen organizado”, manifestó.

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Amnistía Internacional conoce de al menos 40 casos de este tipo contra líderes comunitarios, sindicalistas y defensores del territorio.

El organismo, además, no dejó de mencionar que en los últimos años la prisión preventiva en El Salvador se impone “de forma automática, sin fundamentos suficientes, ni revisión judicial efectiva”, dejando de ser una medida excepcional para convertirse en un “castigo anticipado”. 

“Más de la mitad de los casos de personas criminalizadas, permanecen detenidas y sin sentencias, muchos con reserva judicial, lo que limita el acceso a la defensa y a la información básica del proceso. Las condiciones de detención se agravan hasta la incomunicación total, hacinamiento extremo y riesgo de tortura”, dijo Irene Cuéllar.

Indacochea mostró su preocupación debido a que esta falta de garantía culmina en el exilio.

La representante de la DPFL dijo que desde el 2020 a la fecha, “cuando toma fuerza una nueva forma de autoritarismo en el país”, muchas personas han sido objeto de persecución como consecuencia directa de su labor de defensa de derechos humanos o de su labor periodística, particularmente cuando exponen abusos de poder, corrupción, violaciones a los derechos humanos o actividades de grupos criminales.

“En este escenario los únicos caminos posibles para quienes son perseguidos parecen ser la autocensura, la cárcel o el exilio”, señaló. 

Explicó que en la búsqueda de protección, las personas abandonan El Salvador. 

Dijo que al menos 130 personas han salido del país en los últimos cinco años y el éxodo se ha incrementado en los últimos meses a raíz de las detenciones de José Ángel Pérez, Alejandro Henríquez, Ruth López y Enrique Anaya y por la vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros. 

Estado ausente

Una vez más, el Estado salvadoreño se negó a participar de este tipo de audiencias, lo cual no fue bien visto por los comisionados de la CIDH presentes, pues consideraron que pudo haber sido la oportunidad de sus representantes de aclarar dudas sobre el cumplimiento o no de los derechos fundamentales.

Apenas minutos antes de la audiencia el Estado se excusó: “En atención de la comunicación de la convocatoria, El Salvador expresa su preocupación por el título de la audiencia, ya que considera que el mismo ya contiene un sesgo inherente sugiriendo que la CIDH da por ciertos los señalamientos de los peticionarios, lo cual es incompatible con el principio de soberanía nacional”.

Los llamados

Las organizaciones pidieron a la CIDH que continúe monitoreando de forma cercana la situación de derechos humanos en El Salvador y que inste al Estado a que derogue el régimen de excepción, pues se usa para persecución de defensores y periodistas.

También que le recuerde al Estado su obligación de proteger la labor de defensa derechos humanos, para lo cual debe dejar de seguir estimando, vigilando y persiguiendo a los defensores y periodistas.

A la Fiscalía y a los jueces de El Salvador les exhortan a que desistan de las detenciones arbitrarias y la persecución con fines políticos. Que la CIDH pida al Estado que garantice un retorno seguro de los exiliados.

También, que se inste al Estado a dejar sin efecto la Ley de Agentes Extranjeros.

Agunos casos

El pasado 5 de julio, la abogada Ruth López fue trasladada a una cárcel de condiciones más severas pese a que presenta afecciones de salud.

"Denunciamos el traslado arbitrario de Ruth López a Izalco y su incomunicación con su familia y defensa", aseguró en un comunicado Cristosal.

Fue trasladada "arbitrariamente" pese a una orden judicial previa "que ordenaba mantenerla en la delegación por razones de salud", agregó Cristosal, sin precisar cuáles.

Además, el abogado Salvador Enrique Anaya, detenido desde el pasado 7 de junio, fue trasladado desde la División de Tránsito de la Policía, donde se encontraba recluido, a un centro penal en Santa Ana, según confirmó uno de sus abogados el pasado 10 de junio.

Sobre este caso, la embajada de Italia en El Salvador envió una comunicación al Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC) en la que expuso que está monitoreando el proceso contra el constitucionalista.

En el caso de los periodistas exiliados, un especial del medio de investigación El Faro, tras lanzar un material entrevistando a líderes pandilleriles que andan en libertad, menciona que conocieron de posibles consecuencias penales en su contra, por el simple trabajo de informar y documentar.

“Apenas tres horas después de la publicación, el director del Organismo de Inteligencia del Estado de Bukele, Peter Dumas, posteó en X: “No hay que tirar morteros a los que tienen bombas”. Esa misma noche, una fuente con conocimiento puntual del proceso interno nos advirtió que se preparaban en la Fiscalía al menos siete órdenes de captura en nuestra contra por delitos relacionados con pandillas”, informó el medio.

El Diario de Hoy también cuenta con uno de sus periodistas en el exilio, Jorge Beltrán, quien destaca su trayectoria en sucesos de país.