El ICE opera y captura por apariencias

Las políticas migratorias de Estados Unidos han atravesado múltiples etapas de endurecimiento, pero pocas han sido tan abiertamente agresivas como las promovidas durante la administración del expresidente Donald J. Trump. Tom Homan, conocido como el “Czar de la frontera” y exdirector interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), ha sido uno de los rostros más visibles de esta postura.

En una entrevista concedida a Fox News, Homan fue contundente al afirmar que “la gente debe entender que los agentes del ICE y la Patrulla Fronteriza no necesitan una causa probable para acercarse a alguien, detenerlo o interrogarlo basándose en su apariencia física”. Esta declaración, más que una simple opinión, representa una peligrosa validación institucional del perfilamiento racial como práctica operativa.

Según Homan, el simple hecho de parecer “extranjero” —ya sea por el idioma que se habla, el color de piel, el acento, la vestimenta o incluso por el barrio en el que se reside— es motivo suficiente para que un agente del ICE actúe. Esta permisividad abre la puerta al abuso, la discriminación y a la anulación práctica del debido proceso, un principio fundamental del Estado de Derecho en cualquier democracia.

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Lo más grave es que estas no son solo declaraciones aisladas. Desde 2018, The New York Times documentó el caso de dos ciudadanas estadounidenses, Ana Suda y Martha Hernández, quienes fueron detenidas por agentes de la Patrulla Fronteriza en un supermercado de Montana tras escucharlas hablar en español.

Aunque ambas eran ciudadanas por nacimiento, los agentes insistieron en revisar sus documentos alegando que “hablar español en esa zona era inusual”. El incidente fue grabado en video y provocó una ola de indignación a nivel nacional e internacional.

Este tipo de casos no solo vulnera derechos civiles básicos, sino que instala una cultura del miedo en las comunidades migrantes. Muchas personas —con o sin documentos— viven ahora con temor de ir a trabajar, enviar a sus hijos a la escuela o incluso salir de sus hogares. Basta con tener el “aspecto equivocado” para convertirse en blanco de una detención que puede tener consecuencias devastadoras.

Las políticas de detención por apariencia socavan los principios democráticos que Estados Unidos dice defender. Más allá de los discursos oficiales sobre seguridad nacional o control migratorio, lo que se está cultivando es un ambiente de persecución sistemática que recuerda más a regímenes autoritarios que a una nación construida por migrantes.

En este contexto, urge un debate serio sobre los límites del poder del ICE, la necesidad de reformas migratorias profundas y, sobre todo, la defensa del principio básico de igualdad ante la ley. Porque, como lo demuestra la historia, cuando se permite que las apariencias determinen los derechos, lo que se erosiona no es solo la dignidad de unos pocos, sino la libertad de todos.