¿Se cancela el TPS? Poner nuestras barbas en remojo

La reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los ciudadanos de Honduras y Nicaragua ha encendido las alarmas en la región centroamericana. Más allá de los impactos inmediatos para esas comunidades, el anuncio nos obliga a reflexionar profundamente sobre el futuro de los más de 230,000 salvadoreños amparados por el TPS, cuya protección está vigente hasta septiembre de 2026.

Lo que estamos presenciando no son hechos aislados. Se trata de una cancelación en cadena de varios TPS —el de Haití, el de Venezuela, ahora los de Nicaragua y Honduras— que revela una política deliberada de reducción de protecciones temporales. En este contexto, debemos reconocer que El Salvador podría ser el siguiente, especialmente tras las declaraciones del presidente Donald Trump, actualmente en su segundo mandato, quien ha expresado su intención de “revisar el TPS salvadoreño”, aunque simultáneamente haya calificado al presidente Bukele como “su amigo” y elogiado sus políticas de seguridad.

Esa amistad política, aunque estratégica, no garantiza la continuidad del TPS. No se trata de una relación personal sino de una decisión administrativa basada en criterios políticos, jurídicos y migratorios. Ya en 2018, durante su primer mandato, Trump intentó cancelarlo, y aunque los tribunales detuvieron la medida entonces, el panorama legal ha cambiado. Hoy, con un poder judicial más alineado con el Ejecutivo y precedentes recientes que validan terminaciones previas, las posibilidades de mantener este estatus en el tiempo se han debilitado considerablemente.

DED: una herramienta diplomática con precedente histórico

Frente a este escenario, es imperativo que El Salvador no espere pasivamente la cancelación del TPS. Debemos actuar con antelación y utilizar todas las herramientas que la diplomacia internacional permite. Una de ellas es la Salida Forzosa Diferida o DED, por sus siglas en inglés (Deferred Enforced Departure).

El DED no es una ley, ni requiere del voto del Congreso. Es una prerrogativa presidencial que puede ser activada por razones humanitarias, estratégicas o de política exterior. Ha sido utilizada históricamente para proteger a nacionales de países en crisis, como Liberia, Venezuela, Hong Kong y Angola, este último en 2003, cuando el presidente George W. Bush concedió DED a miles de angoleños que enfrentaban situaciones de violencia y colapso social.

El caso de Angola demuestra que el DED puede aplicarse incluso a países que no tienen una relación política tan cercana con EE.UU., siempre que se justifique con fundamentos humanitarios. En el caso salvadoreño, existe una doble justificación: por un lado, la posible inestabilidad que generaría el retorno forzado de decenas de miles de personas; y por el otro, los fuertes lazos históricos, económicos y geopolíticos entre El Salvador y los Estados Unidos.

Solicitar el DED no significa rendirse ante la cancelación del TPS, sino abrir una vía alternativa y responsable para proteger a nuestros compatriotas, mientras se articulan soluciones de más largo plazo. Para ello, la cancillería salvadoreña debe elevar una petición formal a la administración estadounidense y articularse con aliados del Congreso, de la sociedad civil y de la diáspora salvadoreña.

Reencontrarnos con las familias que dejaron atrás

Más allá del plano jurídico, el país necesita humanizar el debate sobre el TPS. Los beneficiarios de este estatus no son solo cifras; son padres, madres, hermanos, hijos. Muchos de ellos mantienen vínculos vivos con sus familias en El Salvador, pero han estado separados por décadas.

Es urgente establecer mecanismos de contacto directo con sus familias, para entender sus expectativas, sus temores y su situación actual. Los gobiernos municipales y organizaciones comunitarias podrían liderar este proceso, creando registros familiares, espacios de escucha y orientación. Reencontrarnos con estas familias no solo fortalecerá el tejido social, sino que nos permitirá construir respuestas más sensibles y realistas en caso de un retorno.

El Ministerio de Trabajo debe preparar el terreno para la reintegración laboral

Una de las grandes preguntas en un escenario sin TPS es: ¿cómo absorbemos a miles de trabajadores experimentados que regresan al país? La respuesta no puede improvisarse. El Ministerio de Trabajo tiene el deber de iniciar desde ya una estrategia de evaluación del mercado laboral, para identificar las necesidades reales de mano de obra en sectores estratégicos.

Este análisis debe ser transparente, técnico y participativo, e incluir no solo al sector público, sino también a los gremios empresariales, las cooperativas, las asociaciones de productores y los sindicatos. La información generada será clave para diseñar rutas de inserción productiva para quienes regresen del exterior.

Recientemente, representantes de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI). de la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT) y  CASALCO así como la misma ministra de Economía, han expresado que el país espera un aumento de la actividad económica en los próximos años. Estos sectores han manifestado la urgente necesidad de incorporar trabajadores calificados con experiencia internacional, especialmente en áreas como choferes experimentados, furgones y camiones, electricidad, refrigeración, logística, servicios técnicos, tecnología, y comercio exterior.

Los retornados del TPS, y en general los migrantes que han vivido y trabajado en Estados Unidos, traen consigo una riqueza de conocimientos, habilidades técnicas, dominio del inglés, y una ética y seguridad laboral consolidada. Son perfiles altamente valiosos, que pueden contribuir a la transformación productiva del país.

No se trata solo de asistirlos en su regreso, sino de verlos como actores clave para el desarrollo nacional. Su reinserción no debe ser entendida como un problema, sino como una oportunidad estratégica para cerrar brechas de capital humano.

Prepararse no es rendirse, es actuar con visión y responsabilidad

Hoy más que nunca, El Salvador necesita una política migratoria nacional seria, moderna y articulada. La posible cancelación del TPS no puede sorprendernos sin un plan de contingencia. Es hora de que nuestras instituciones actúen con anticipación y no con urgencia. Que las decisiones se basen en datos, análisis y participación, no en la improvisación ni la indiferencia.

Proteger a nuestros compatriotas en Estados Unidos implica actuar en dos frentes: negociar su permanencia legal por medio de herramientas como el DED, y al mismo tiempo preparar el país para su posible retorno, dignificando su reinserción y reconociendo su aporte.

La experiencia migratoria de nuestros hermanos no debe ser vista como un fracaso, sino como un activo nacional. Convertir la amenaza en oportunidad depende de nosotros.

César Ríos es director de la Asociación Agenda Migrante de El Salvador (AAMES). Con más de 20 años de experiencia en temas de migración en Centroamérica, ha sido analista, articulador regional y defensor de derechos de las personas migrantes. Ha escrito para medios nacionales e internacionales y participa activamente en foros sobre políticas migratorias y desarrollo local. cesar.rios@agendamigrante.org