Entre el 1 % y el “Alcatraz Caimán”

Mi alegría porque el proyecto de presupuesto en el Senado reducía al 1 % el gravamen sobre remesas se desvaneció rápidamente pues la monstruosa política contra migrantes era fortalecida como nunca en la historia estadounidense. El infame e inhumano “Alcatraz Caimán” en los pantanos Everglades de la Florida -inaugurado por el presidente Donald Trump- es la avanzada.

Como vicepresidente electo, J. D. Vance propuso un gravamen del 10%. Medida punitiva coherente con las promesas de campaña. Luego, el primer borrador de presupuesto de la Cámara de Representantes -con perspectiva a la baja- estableció 5 % para desembocar en 3.5 %, cifra que se fue al Senado. Las presiones de las corporaciones financieras dieron resultado para disminuir al 1%: el gravamen arrebatará sólo un dólar por cada 100 que un trabajador migratorio envíe a su familia. Por ejemplo, ante el promedio mensual por hogar en El Salvador de recepción de 300 dólares, el 1% equivale a 3 dólares, razonablemente asimilable para nuestro paisano sin papeles.

La conmoción entonces no es únicamente porque se destinan al menos US$ 150 mil millones (algunos expertos hablan de que serán US$ 350 mil millones) a la política migratoria que gira en torno a la Secretaría de Seguridad Interior y la agencia federal ICE que ejecutan el muro en la frontera con México y los masivos arrestos; organizan las instalaciones de confinamiento y establecen las vías de expulsión. El shock es por el perfil que esa política adquiere: la criminalización de la migración en una sociedad construida con migrantes desde todo el planeta a lo largo de los siglos, una nación en la que ningún nacido -ni Donald Trump- puede negar que desciende de migrantes.

En enero de 1989, tras ocho años de presidencia -cuando Francis Fukuyama veía inminente la caída de la URSS y el fin de la Guerra Fría- el saliente Ronald Reagan afirmó: “Cualquiera, desde cualquier esquina de la Tierra, puede venir a vivir a EE. UU. y convertirse en ciudadano estadounidense…Esto, yo creo, es una de las causas más importantes de la grandeza de EE. UU.”. Efectivamente, Reagan sancionó en 1986 la reforma migratoria que benefició a más de tres millones de migrantes, entre ellos miles de salvadoreños que arribaron tras la Guerra con Honduras de 1969 y en los primeros años de la guerra civil en los 80.

El presupuesto Trump igualmente articula varias ramas de las Fuerzas Armadas a las actividades del ICE por lo que es racional la alarma sobre la militarización de la seguridad interior en una involución autoritaria y de irrespeto a resoluciones de jueces federales. En este entronque, la estrategia se complementa con la contratación sustancial de personal civil para fiscalías y 800 nuevos juzgados sobre migración. Igualmente, incrementa las transferencias financieras a aquellos gobiernos estatales y locales que colaboren con esta política migratoria. 

Contradictoriamente, se destinan recursos a una oficina en el Departamento de Justicia que atiende a familiares de asesinados por delincuentes indocumentados, mientras la Casa Blanca ordena a sus fiscales que retiren los cargos criminales contra líderes de la MS-13 para entregárselos a Nayib Bukele quien ha pactado con las pandillas. Congresistas y medios señalan que así el gobierno Trump traiciona a las familias agraviadas y a su propia ordenanza ejecutiva que designó terroristas a la MS-13 y a los cárteles mexicanos, por constituir una amenaza a la seguridad de EE. UU.

No menos paradójico es que además del 1 % de impuesto sobre las remesas también los ingresos previstos al presupuesto observan un aumento de la tarifa universal para el trámite de quienes han estado cubiertos bajo las figuras humanitarias la cual sube de los 50 dólares actuales a 500, cuando está en curso el cierre de los Parole y TPS para Cuba, Venezuela, Haití, y recién se anuncia la conclusión del TPS/Honduras-Nicaragua otorgado por la destrucción del huracán Mitch (1998).  

Un sondeo de Fox News reveló que el 40 % no entendía mayor cosa o nada del presupuesto. Otras encuestas le otorgan una aprobación debajo del 30%. En el ínterin, otras graves iniciativas avanzan como despojar de la nacionalidad a algunos cientos o miles entre los 25 millones que la han recibido a la fecha. Si bien la Corte Suprema sentenció hace seis décadas que la desnaturalización es inconstitucional, dejó ranuras -en la vía civil- por donde el gobierno Trump se meterá para expandir radicalmente su agenda contra la migración, e incluso para atacar a nuevos adversarios no nacidos en EE. UU. como el sudafricano Elon Musk.

¿Viene entonces la reproducción del “Alcatraz Caimán” en todo EE. UU.? Sí.

¿Vamos hacia el fin del TPS/El Salvador, por los terremotos del 2001, que el presidente Joe Biden generosamente nos refrendó el 10 de enero pasado antes de dejar la Casa Blanca? Seguramente.

Napoleón Campos / Analista político y experto en relaciones internacionales