¿Y cuando se acaben “los enemigos"?

Desde que empezó su pretensión de llegar al poder, los artífices del discurso oficialista han necesitado enemigos. El aparato de propaganda mantiene desplegada una ofensiva sistemática contra todo actor que promueva la organización social, la transparencia o el pensamiento crítico. Esta estrategia ha tenido episodios tristemente célebres como la reforma electoral implementada para reducir a sus contrincantes políticos, la Ley de Agentes Extranjeros diseñada para estrangular a las ONG que monitorean abusos o fiscalizan, la persecución mediática y judicial contra periodistas de medios independientes y comunitarios, el desmantelamiento del Instituto de Acceso a la Información Pública, que dejó a la ciudadanía sin una herramienta crucial para exigir transparencia. 

La academia tampoco se ha librado de esta ofensiva. Desde la deuda con la UES hasta las amenazas públicas contra docentes e investigadores por expresar opiniones incómodas, el pensamiento crítico en El Salvador enfrenta presiones inocultables. Y, por supuesto, hay que enumerar a las organizaciones de derechos humanos han sido constantemente señaladas como "defensoras de delincuentes", al grado que varias de sus vocerías han enfrentado detenciones arbitrarias o se han visto forzadas al exilio por amenazas a su integridad o la de sus familias. Hasta iglesias y comunidades religiosas han conocido la represión estatal cuando se movilizan para demandar algún derecho básico. Los ejemplos podrían llenar páginas enteras.

Según lo que indiquen la conveniencia política y las lecturas de big data, diferentes sectores han sido colocados en la mira cuando han incomodado a quienes hoy gobiernan. Pero aunque venga empaquetada con luces y efectos especiales, esta estrategia no es nueva. Se trata de la tristemente célebre “doctrina del enemigo interno”, utilizada por regímenes autoritarios desde el siglo XX para desacreditar y destruir a quienes cuestionan los abusos del poder. Esta doctrina consiste en convertir cualquier crítica en una traición, cualquier pregunta en un ataque y cualquier diferencia en una amenaza existencial. Al hacerlo se va aislando a quienes piensan distinto, hasta dejarlos sin espacio, sin respaldo y sin derechos.

Aunque para la gran mayoría no sea un asunto mayor, el verdadero peligro es que una maquinaria represiva que opera con ese enfoque nunca se detiene. Siempre necesita a alguien más, ya sean los supuestos "defensores de delincuentes", o los "vendepatrias", los "falsos ambientalistas" o los temibles "periodistas pagados". Eso sin haber mencionado a las familias de personas capturadas sin un debido proceso, cifra que en El Salvador se cuenta por centenas. El objetivo de etiquetarlos como enemigos es claro: eliminar cualquier posibilidad de fiscalización, de organización popular y de crítica legítima.

Es obvio, entonces, el propósito de ir renovando el relato sobre una tremenda amenaza interna que urge combatir: mantener la legitimidad de “los protectores del pueblo” para que puedan seguir haciendo uso de la fuerza. Recordar constantemente por qué la mano dura es necesaria contra aquellos que, según la narrativa, procuran un mal superior para la sociedad. Esta doctrina reconfigura el contrato social, estableciendo una constante cesión de los derechos y libertades para no dejar de recibir la protección del aparato que es capaz de “combatir y derrotar a los malos”.

Hay miles de personas que viven bajo los efectos de esta ilusión, pero también hay otro tanto que sabe perfectamente que se trata de un artilugio comunicacional y aún así prefiere seguirlo validando para no alterar lo que según ellos es el nuevo orden de las cosas.

Ahora bien, ¿nos estamos preguntando con seriedad qué pasará cuando al gobierno “se le acaben los enemigos"? Concretamente, ¿qué pasaría si alcanzaran su propósito de que se desarticule el movimiento social, que cierren las ONG, que se callen los periodistas, que en las universidades sea reprimido el pensamiento crítico, que se desarticulen los sindicatos, que se reprima por completo a las comunidades organizadas que reclaman servicios básicos? ¿Qué pasaría en un país sin sociedad civil?

Está escrito en el manual de las autocracias que los primeros que sufren la persecución son quienes se atreven a denunciar los abusos, pero los siguientes serán siempre los más vulnerables. Claro, es fácil tolerar la represión cuando cae sobre otro, hasta que un día ese "otro" desaparece. Y entonces se revela la naturaleza profunda de aquella maquinaria represiva: un poder absoluto que no rinde cuentas y que actúa sin control ciudadano, de modo que solo los adeptos sumisos gocen de algunos derechos.

Quienes hoy justifican estas acciones pensando que son necesarias para el orden y la seguridad, al enfrentar alguna vez una injusticia personal, se habrán de preguntar “¿por qué nadie dice nada?, ¿por qué nadie investiga esto?, ¿a quién acudir?”

Y la respuesta entonces será la que hemos venido advirtiendo: porque ya no quedarán. Porque habrán sido destruidas poco a poco. Porque la mayoría guardó silencio cuando los primeros fueron silenciados. Porque creyeron que nunca les tocaría a ellos.

@RamiroNavas_