CONTENIDO DE ARCHIVO:
El Salvador tiene encarcelados a 34 defensores de derechos humanos
La Organización Mundial Contra la Tortura registra esa cantidad de defensores de derechos humanos encarcelados, sin contar las detenciones registradas durante 2025. Al menos una docena se vieron obligados a buscar refugio en otros países para conjurar el peligro de ser capturados arbitrariamente
La Organización Mundial Contra la Tortura registra esa cantidad de defensores de derechos humanos encarcelados, sin contar las detenciones registradas durante 2025. Al menos una docena se vieron obligados a buscar refugio en otros países para sortear el peligro de ser capturados arbitrariamente.
La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) reveló la semana pasada que El Salvador está entre los seis países a nivel mundial con riesgo muy alto de tortura y que en el país hay 34 personas defensoras de derechos humanos encarceladas. Esto sin contar que muchos defensores han tenido que salir recientemente del país ante la amenaza de ser encarcelados arbitrariamente, sin garantías de un proceso judicial justo e independiente, es decir, sin garantías de un debido proceso, como muchos de ellos aseguran que es el caso de la abogada anticorrupción Ruth Eleonora López.
Según este organismo internacional, las organizaciones de la sociedad civil salvadoreña que trabajan en derechos humanos y los medios de comunicación siguen enfrentando riesgos y ataques. "Para el año 2024 hubo un total de 533 casos de agresión contra personas y colectivos defensores de derechos humanos, el registro más alto y más violento de los últimos cuatro años", detalló.
La cantidad que señala el informe de la OMCT, según se aclara en el mismo documento, está basado en datos recogidos hasta el 2024, es decir, que no incluye muchos casos de defensores de derechos humanos capturados o perseguidos durante el 2025, como la captura de López; del abogado constitucionalista Enrique Anaya Barraza, del también abogado Alejandro Henríquez y del pastor José Ángel Pérez. Estos dos últimos capturados tras haber participado en una manifestación pacífica, el pasado 12 de mayo, en la que pedían la ayuda del presidente Nayib Bukele, para evitar el desalojo de 300 familias pobres en la Cooperativa El Bosque, de Santa Tecla.
Una de las últimas defensoras en salir de El Salvador es la directora del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), Ingrid Escobar, quien dejó el país el 7 de junio, el mismo día que fue capturado Anaya Barraza, acusado del delito de lavado de dinero.
Escobar es una de las voces más críticas y ha denunciado violaciones de derechos humanos y del debido proceso. Recientemente, en una entrevista con el periodista Fernando del Rincón, afirmó que solo en mayo se registró la captura de por lo menos cuatro personas vinculadas al activismo por los derechos humanos.
"Específicamente en el mes de mayo, donde vimos la captura de por lo menos cuatro defensores de derechos humanos, sin debido proceso, sin acceso a la justicia, a derecho de defensa, presunción de inocencia. Bueno, con una fabricación de delitos de parte de la Fiscalía General de la República, y específicamente el día que capturaron al abogado constitucionalista Enrique Anaya, ese día yo tuve información de tres fuentes, dos periodísticas y una fuente fiscal, de que yo aparecía en una lista de 11 personas de inminente captura en los próximos días", detalló la ahora autoexiliada defensora de derechos humanos.
Escobar ha dejado claro porqué salió del país: "El último año para mí ha sido de persecución policial, de persecución política, al grado de que el gobierno de El Salvador había destinado no menos de tres equipos de la Policía Nacional Civil, algunos de civil, otros uniformados, para seguirme desde que salía de mi casa, llegaba a la oficina y todo el trayecto durante todo el día aboral mío; y eso es algo que yo logré documentar, denunciar de manera pública, notoria y formal".
La directora de la organización tomó la decisión de abandonar El Salvador precisamente partiendo del trabajo que su organización, de la cual es dirigente, ha hecho con muchas personas capturadas bajo el régimen de excepción, que padecían alguna enfermedad y al ser encarceladas, murieron. La activista sólo tenía dos opciones: quedarse y posiblemente morir en prisión o salir del país con sus hijos. Optó por la última.
Pero las estimaciones de Ingrid Escobar en relación a defensores de derechos humanos encarcelados en El Salvador van más allá de la cifra divulgada la semana pasada por la OMCT.
Lee también: El Salvador está entre los seis países con riesgo "muy alto" de tortura
En la entrevista, la defensora de derechos humanos afirmó que son más de 100 activistas los que Bukele mantiene en prisión, entre defensores de derechos ambientales (contra la minería metálica), sindicales, etcétera. Además de más de 30 mil personas inocentes, según ella, que a más de tres años del régimen de excepción, no han tenido derecho a una segunda audiencia.
A las cifras defensores de derechos humanos encarcelados, divulgadas por la OMCT y por Escobar, se suman los casos de quienes han tenido que salir de El Salvador ante el temor de ser capturados bajo delitos inventados, sin garantías de un proceso apegado a derecho e independiente.
Human Rights Watch (HRW) reveló el jueves anterior confesiones de miembros de la Policía Nacional (PNC) sobre detenciones arbitrarias basadas en cuotas, pruebas fabricadas, y otros abusos de poder.
"En este momento hay muchísimas personas defensoras de derechos humanos que se están yendo de El Salvador, están buscando en Centroamérica, en Norteamérica, en Europa, una salida a la situación de peligro a la libertad personal", afirmó la dirigente del SJH, quien el sábado anterior se sometió a una primera cirugía, en el país donde se ha exiliado.
La activista definió como "una escalada donde (Bukele) se ha ido en contra de defensores de derechos humanos que vienen denunciando ya por 38 meses los actos arbitrarios del gobierno, la corrupción en el gobierno". Entre estos casos están los abogados Rudy Joya e Ivania Cruz, de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc), quienes no pudieron regresar a El Salvador de un viaje que hacían por España, luego de que se ordenara su captura por delitos que ambos señalan como inventados.
Uno de los casos más recientes, denunciado el pasado 26 de junio, es el arresto del joven Óscar Benedetto Sánchez, defensor de derechos humanos, quien fue arrestado en la ciudad de San Miguel, según denunció su padre, César Benedetto Sánchez, también activista por los derechos humanos, dirigente del Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) y de la Confraternidad de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de América Latina.
De acuerdo con la denuncia hecha por el padre de Sánchez, el joven sería acusado del delito de estafa, según le dijeron tres hombres vestidos de civil, quienes dijeron ser miembros de la Unidad de Investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) de Soyapango, y manifestaron que la captura se debía a una orden emitida por el Juzgado de Paz de Soyapango.
"El último año para mí ha sido de persecución policial, de persecución política, al grado de que el gobierno de El Salvador había destinado no menos de tres equipos de la Policía Nacional Civil, algunos de civil, otros uniformados, para seguirme desde que salía de mi casa, llegaba a la oficina y todo el trayecto durante todo el día eh laboral mío; y eso es algo que yo logré documentar, denunciar de manera pública, notoria y formal”.
INGRID ESCOBAR, DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS AUTOEXILIADA
En conferencia de prensa, el padre del detenido dijo que él no tenía cuentas pendientes ni con (el Ministerio de) Hacienda, ni con la Corte de Cuentas, que no tiene antecedentes policiales ni penales, y que ante esa realidad, le habían capturado al hijo por el delito de fraude y estafa.
En junio, a la detención de Óscar Benedetto Sánchez se suma a la del abogado Anaya Barraza. Este es un jurista ha sido un férreo crítico de las múltiples violaciones a la Constitución que se han realizado desde que Nayib Bukele arribó al poder, incluyendo la reelección del mismo para un segundo mandato presidencial consecutivo.
Testimonios de policías
A los datos aportados tanto por la OMCT como por Ingrid Escobar, se suma el reciente informe de HRW, en el que revela testimonios de miembros de la PNC que admiten haber realizado capturas por presiones de sus superiores.
El pasado 27 de junio, HRW publicó una investigación en la que policías, bajo anonimato, confirmaron lo que desde el comienzo del régimen de excepción, los medios de comunicación independientes han denunciado reiteradamente: capturas arbitrarias, con fichas falsas elaboradas de forma exprés, arrestos para cumplir con cuotas o simplemente porque recibieron una llamada anónima en la que alguien señalaba a una persona de ser pandillero o colaborador de esos grupos terroristas.
Según el informe de HRW, los testimonios policiales "ofrecen una mirada poco común sobre cómo la policía fabrica evidencia para cumplir con cuotas de detención, extorsionaba a personas inocentes, ignora el debido proceso y desobedece órdenes judiciales".
419
personas han muerto mientras estaban en prisión, bajo la responsabilidad del Estado salvadoreño. La mayoría había sido arrestada bajo el régimen de excepción, según registros de la organización de derechos humanos, Socorro Jurídico Humanitario.
Pocos días después de que el gobierno decretara el Régimen de Excepción, El Diario de Hoy comenzó a publicar casos en los que militares y policías habían actuado al margen de la ley al capturar a personas que no tenían relación con grupos de pandillas, sino que su detención estuvo fundamentada en la elaboración de fichas falsas en las que los capturados eran etiquetados como pandilleros, o tan solo porque recibieron una denuncia anónima en la que se informaba falsamente de la pertenencia a pandillas de una persona.
El 16 de abril de 2024, El Diario de Hoy publicó una nota en la que expuso la orden del jefe policial de la Delegación de Santa Ana, en la que ordenaba abstenerse de capturar personas mediante la elaboración de fichas falsas, mediante un documento interno.
La orden del jefe policial fue motivada por la detención de un hijo de un sargento de la misma institución por parte de elementos de la Fuerza Armada que lo llevaron hasta una delegación policial donde le elaboraron una ficha falsa en la que lo pusieron como miembro de una pandilla.
Hasta el momento, el joven identificado como Ricardo Ernesto García Cabrera, sigue encarcelado injustamente, según familiares entrevistados por este diario, pero que pidieron reserva de identidad por temor a sufrir represalias.
Escobar considera que Bukele ha arremetido contra defensores de derechos humanos precisamente porque ellos, desde las organizaciones de las cuales forman parte, han denunciado nacional e internacionalmente los graves abusos y violaciones que existe en El Salvador desde la imposición del régimen de excepción.
"Creo que lo que más le ha dolido al gobierno de Bukele es que justamente en este momento donde ya le están notificando al Estado de El Salvador todos las denuncias, cartas de legación, nuestros escritos dirigidos a los comités del Sistema Universal de Naciones Unidas respecto a las graves violaciones en el sistema penitenciario contra población civil de manera sistemática perpetrada por el estado de El Salvador", afirmó Escobar.