Demandarán a Bukele ante Corte Penal Internacional por venezolanos presos en el CECOT

El presidente salvadoreño Nayib Bukele y varios de sus funcionarios involucrados en el envío y posterior encarcelamiento de 238 ciudadanos venezolanos en el Centro de Confinamiento para el Terrorismo (CECOT) serán demandados en los próximos días ante la Corte Penal Internacional (CPI), según anunció este jueves en una conferencia de prensa desde Venezuela, Walter Márquez, presidente de la organización humanitaria del Estado venezolano de Táchira, El Amparo Internacional.

La Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal de última instancia que se encarga de enjuiciar a personas acusadas de cometer crímenes graves internacionales, como el genocidio, crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad.

Según Márquez, ya agotaron las instancias nacionales (en El Salvador) y por ello recurrirán tanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para denunciar al Estado salvadoreño como tal, pero también a la CPI para denunciar en su carácter personal a Bukele y a otros funcionarios responsables en la cadena de mando de las detenciones arbitrarias contra los venezolanos. 

Otras fuentes de El Diario de Hoy dijeron que están evaluando a qué funcionarios, después de Bukele, demandarán ante la CPI, pero que de momento, consideran que serían la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill; el presidente de la Corte Suprema de Justicia; Henry Mejía; el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro; el director general de Centros Penales, Osiris Luna; y la procuradora de derechos humanos, Raquel de Guevara.

Esta última funcionaria por no ejercer debidamente sus funciones en cuanto a tutelar los derechos humanos de los venezolanos. La comisión de abogados y familiares que recientemente visitó El Salvador para poder constatar de primera mano la situación de los encarcelados ilegalmente, como ellos los llaman, hizo peticiones directas a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH),pero no fueron atendidos, afirmaron.

De acuerdo con Márquez, con los 238 venezolanos se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, al mantenerlos aislados, incomunicados, sin tener ningún proceso judicial en este país. Sus familiares llevan más de tres meses sin saber su estado físico y de salud, y a pesar de que han gestionado visitarlos, el gobierno salvadoreño no lo ha permitido.

El activista de derechos humanos aseguró que a los detenidos se les debe garantizar el derecho a la visita y permitir a sus familiares constatar el estado en que se encuentran, ya que no saben nada de ellos desde el pasado 15 de marzo, cuando fueron enviados desde Estados Unidos en tres aviones, para ser encarcelados sin deber ningún delito tanto en Estados Unidos como en El Salvador.

Márquez afirmó que a más de dos meses de que fueran presentados hábeas corpus (recurso de exhibición personal) a favor de varios venezolanos, la Corte Suprema de Justicia no ha resuelto ninguno.

“Aunque la Corte Suprema no tiene un plazo determinado, sí hay lo que se llama en Derecho un plazo razonable. Los habeas corpus por su propia naturaleza tienen que ser resueltos en términos perentorios, porque se trata de la libertad de las personas”, afirmó Márquez, añadiendo que internamente, en El Salvador, se han agotado las instancias donde recurrir para lograr la libertad de sus conciudadanos. Y agregó:  “Nosotros sabemos que no es fácil apreciar la separación de poderes en El Salvador, y, de acuerdo a estudios que se han hecho, la situación es muy compleja en virtud de que de casi 7000 hábeas corpus, han resuelto muy pocos. Pero en caso concreto de los migrantes tachirenses deportados a El Salvador, se han intentado amparo individualizados y no tenemos respuesta”.

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Recurrirán a instancias internacionales

“Anunciamos que los próximos días vamos a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (Organización de Estados Americanos), con sede en Washington, para denunciar estos hechos y pedir medidas cautelares, medidas de protección”, afirmó Márquez, en rueda de prensa realizada en Venezuela.

Márquez, acompañado de abogados de venezolanos y familiares de éstos, agregó: “Vamos a denunciar al Gobierno de Nayib Bukele por crímenes de lesa humanidad contra los venezolanos que injusta, ilegal y arbitrariamente fueron deportados a El Salvador por el régimen de (Donald) Trump. Ahí hay una responsabilidad compartida del gobierno americano y el gobierno salvadoreño”.

¿Por qué van a denunciar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Corte Penal Internacional?, se le preguntó a Márquez, quien respondió que en el caso de los 238 venezolanos confinados en el CECOT, ellos han determinado que “hay dos responsabilidades: la responsabilidad internacional del Estado salvadoreño (que será denunciada ante la CIDH), y la responsabilidad penal individual de los responsables de esas encarcelaciones graves o detención arbitraria, se denunciarán ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.

Este jueves, El Diario de Hoy envió un mensaje al secretario de prensa de la Presidencia de la República, Ernesto Sanabria, solicitando la posición institucional sobre las intenciones de la organización venezolana de denunciar el caso de los 238 venezolanos recluidos en el CECOT, ante la CIDH y la CPI. Hasta la publicación de esta nota no había respondido.

 “Vamos a denunciar al Gobierno de Nayib Bukele por crímenes de lesa humanidad contra los venezolanos que injusta, ilegal y arbitrariamente fueron deportados a El Salvador por el régimen de (Donald) Trump. Ahí hay una responsabilidad compartida del gobierno americano y el gobierno salvadoreño”.

WALTER MÁRQUEZ, PRESIDENTE FUNDACIÓN AMPARO INTERNACIONAL

95 días en el CECOT

El pasado 15 de marzo, 238 venezolanos fueron enviados a El Salvador, previo acuerdo entre Nayib Bukele y Donald Trump, para que fueran encarcelados en el CECOT, a pesar de que ninguno de los venezolanos tiene cuentas pendientes con la justicia salvadoreña.

Previo y durante el envío de los 238 venezolanos, tanto el gobierno norteamericano como el salvadoreño afirmaron que la mayoría eran peligrosos delincuentes pertenecientes a la organización criminal Tren de Aragua. Pero posteriormente, funcionarios norteamericanos e investigaciones periodísticas determinaron que tal señalamiento era falso, que la mayoría no tenía antecedentes penales ni policiales en Estados Unidos ni en Venezuela.

Pero posteriormente, funcionarios norteamericanos e investigaciones periodísticas determinaron que tal señalamiento era falso, que la mayoría no tenía antecedentes penales ni policiales en Estados Unidos ni en Venezuela y menos en El Salvador.

A principios de este mes, un juez federal estadounidense afirmó tajantemente que el gobierno de Trump “privó claramente” del debido proceso en Estados Unidos, a los cientos de venezolanos expulsados a El Salvador.

El juez James Boasberg determinó que a los inmigrantes, expulsados en el marco de una ley de guerra del Siglo XVIII, se les debe dar la oportunidad de impugnar sus detenciones y que las autoridades federales deben facilitar este proceso.

El magistrado dio al gobierno de Trump, una semana de plazo para que informe cómo piensa ofrecerles la oportunidad de hacerlo, pero han transcurrido más de dos semanas sin que se sepa la respuesta del Ejecutivo, y los 238 venezolanos continúan encarcelados en la megacárcel salvadoreña, construida en el distrito de Tecoluca, departamento de San Vicente y habilitada a principios de 2023.

Del 9 al 13 de junio anterior, Marquez junto a otros abogados y familiares de algunos venezolanos estuvieron en El Salvador, para intentar constatar, mediante visitas al CECOT, la situación de sus connacionales, pero no fueron escuchados ni atendidos por ninguna institución, afirmaron.

La comitiva se presentó en dos ocasiones a la Dirección General de Centros Penales y a la Procuraduría de Derechos Humanos para solicitar que se les permitiera visitar a sus conciudadanos; para ello portaban documentos notariales debidamente apostillados con los que comprobaban que eran defensores de 10 de los detenidos, oriundos del estado de Tachira, en el oeste de Venezuela, afirmó Márquez.

Del viaje, según Márquez, lo único que se llevaron es la certeza de que en El Salvador no existe la separación de Poderes y que “el Gobierno (salvadoreño) justifica con el estado de excepción, la restricción de los derechos humanos. El problema es que la seguridad de El Salvador es a un alto costo de personas inocentes”, detalló Márquez, quien ha sido embajador de Venezuela y diputado (retirado) de la Asamblea Nacional por más de 30 años, según detalló.

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Ante la frustración de no poder conseguir reunirse con los venezolanos, es decir, poder constatar su estado dentro de la prisión, la comitiva venezolana recurrió a dejar una carta a la Nunciatura Apostólica en San Salvador (misión diplomática de la Santa Sede) en la que solicitan la intervención del Papa León XIV ante el gobierno salvadoreño para que envíe a su país a los 238 venezolanos encarcelados tan solo por un pago que Estados Unidos le hace al gobierno salvadoreño, afirmaron.

El encarcelamiento sin proceso judicial en El Salvador de los 238 venezolanos expulsados por Estados Unidos ha derivado en cuestionamientos y críticas a nivel nacional e internacional hacia el gobernante salvadoreño, a partir de que existe existe un acuerdo económico de varios millones entre El Salvador y Estados Unidos para recibir migrantes atrapados en las redadas que autoridades migratorias de aquel país realizan desde hace varios meses, lo cual le ha granjeado a Bukele señalamientos como “el carcelero del mundo” o “el carcelero de América”.

• Esta nota fue actualizada a las 6:00 p.m. del 19 de junio de 2025