Familia huye tras captura de padre y acoso de militares

Julia* nunca pensó que tendría que abandonar su casa para huir de quienes, supuestamente, estaban para protegerla. Desde la detención de Arnulfo Dolores Flores Echeverría, a quien Julia consideraba no solo un padrastro, sino una figura central de apoyo, guía y estabilidad para toda la familia, su vida y la de sus seres queridos se ha sumido en un ciclo de miedo, acoso militar e incertidumbre.

El 16 de septiembre de 2024, un grupo de militares llegó a una vivienda en el distrito oeste de San Salvador, solicitando hablar con el hombre que allí residía. Salió Arnulfo Dolores Flores Echeverría, el único hombre presente. Los soldados le pidieron que los acompañara, asegurando que solo querían hacerle algunas preguntas y que luego lo devolverían a su hogar. Arnulfo, sin nada que temer, accedió a irse con ellos. Desde entonces, su familia no ha recibido información sobre su estado de salud.

Sin entender los motivos de su detención, la familia intentó consultar con las autoridades responsables. Arnulfo, quien no tenía antecedentes penales, fue acusado de extorsión y agrupaciones ilícitas ese mismo día. "Pasó de ser un ciudadano normal a convertirse, según ellos, en un gran delincuente", relata Julia.

En la vivienda de Arnulfo quedaron su esposa, su suegra y dos de sus hijastros. Días después de la detención, otro grupo de militares se presentó con una fotografía de Pablo*, el hijastro menor de Arnulfo, quien no se encontraba en la casa; solo estaba su hermano mayor.

Según cuenta Julia, quien logró ver la grabación de una cámara de seguridad ubicada frente a la vivienda, los militares sacaron a su hermano mayor, lo obligaron a mantener los brazos sobre la cabeza y las piernas abiertas durante aproximadamente dos horas, mientras le exigían que admitiera ser el joven de la fotografía. Al no lograr que lo hiciera, se retiraron, pero advirtieron que volverían.

Víctimas de pandillas y del Estado

La fotografía de Pablo era antigua, tomada hacía 11 años, cuando él tenía apenas 13 años de edad. En aquel momento, fue detenido junto con su padrastro Arnulfo por encontrarse cerca de una escena del crimen, donde cuatro pandilleros asesinaron a un albañil y a un pastor que trabajaban en la construcción de una iglesia. Tres de los agresores fueron abatidos por agentes de la Policía y uno logró huir, lo que llevó a la captura de varios residentes de la zona.

Arnulfo y Pablo fueron retenidos por vivir cerca del lugar de los hechos. Les tomaron fotografías y fueron liberados cuatro horas después, sin que se les presentaran cargos ni se reflejara el incidente en sus antecedentes penales.

La presencia de pandillas en la zona era común, por lo que el cobro de extorsiones y el acoso eran parte del día a día.

Por ello, la instauración del régimen de excepción fue, en un inicio, un alivio para la familia. "Veía a los militares y me alegraba porque estaban limpiando la ciudad; cuando veía a personas vestidas de blanco (uniforme carcelario), me sentía feliz, pensaba que estaba bien que se los llevaran presos", recuerda Julia.

Esa percepción cambió drásticamente cuando detuvieron a su padrastro y cuando un grupo de militares intentó capturar a su hermano por crímenes que, según ella, no había cometido. A partir de ese momento, Julia comenzó a informarse sobre las violaciones a los derechos humanos en el país y se unió a las marchas organizadas por colectivos como el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR). "Antes me burlaba de ellas, pero esta es mi primera marcha, y todas ellas se me han acercado a preguntarme cómo estoy, cómo pueden ayudarme o a ofrecerme comida o agua", comentó Julia el 27 de marzo del 2025, durante la marcha conmemorativa por los tres años del régimen.

El régimen de excepción inició en marzo de 2022, luego de un fin de semana con 84 asesinatos. Cerca de 85,000 personas han sido arrestadas desde entonces, sin una investigación previa, y acusados de cargos relacionados con pandillas, según datos de Cristosal, una organización que defiende derechos humanos.

Solo en 2023, se reportaron alrededor de 233 casos de desplazamiento forzado interno causado por el acoso de agentes de la Policía Nacional o de la Fuerza Armada, según las organizaciones Cristosal, Servicio Social Pasionista e Idhuca.

Entre julio y septiembre del 2024 se reportaron alrededor de 52 personas más que tuvieron que abandonar su hogar, principalmente por amenazas de policías y soldados, según un informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH).

Este mismo informe muestra que en total fueron 2,099 víctimas de desplazamiento forzado interno en el año 2023, lo cual muestra un aumento de 923 personas a diferencia del año 2022 con 1,176 de afectados, abarcando múltiples causantes como el abuso sexual y las amenazas.

Según Cristosal, desde marzo del 2022 hasta el 15 de abril del 2024, se registraron al menos 261 muertes de personas que estaban detenidas bajo el régimen de excepción. De estas, 244 eran hombres y 17 mujeres. Cuatro de los fallecidos eran menores de edad.

Otras organizaciones, como Socorro Jurídico Humanitario y MOVIR han reportado cifras más altas de muertes en prisión. Hasta el 13 de junio de 2025, ambas reportaron alrededor 418 muertes en el contexto del régimen.

Huir de El Salvador

Ante la amenaza de que los militares regresaran por Pablo, Julia, con ayuda de un abogado, envió un escrito a la Fiscalía General de la República (FGR) solicitando información sobre la existencia de alguna investigación en su contra. El objetivo era colaborar y ejercer su derecho a una defensa técnica y material, conforme al artículo 12, inciso 1 y 18 de la Constitución, y el artículo 2 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Al no recibir respuesta y temiendo una detención injusta, Julia decidió abandonar el país junto con Pablo hacia otro destino en Centroamérica, con la esperanza de regresar cuando la situación se normalizara.

En octubre de 2024, la Fiscalía respondió finalmente con una carta firmada por el secretario general de la institución, donde se negaba la existencia de una investigación contra Pablo: "No se registran expedientes de investigación penal activos en contra del señor", indicaba el documento.

Esto brindó un respiro a la familia, y contemplaban el regreso. Sin embargo, en la primera semana de enero de 2025, un numeroso grupo de militares volvió a la vivienda preguntando nuevamente por Pablo. Solicitaron facturas y documentos de propiedad, y al no encontrarlo, fueron casa por casa indagando por su paradero. "Si no ayudan a localizarlo, ustedes también son cómplices", recuerda Julia que dijeron, según le contó uno de sus vecinos.

Tras esta nueva amenaza, Pablo decidió no regresar a El Salvador. Tomó un avión y se marchó solo hacia otro continente.

"Algunos dirán que está chivo (bueno) porque está en otro país, pero no, él no quiere estar en otro lugar que no sea su casa. Se fue no por gusto, sino porque no tuvo otra opción", expresó Julia.

Abandonar todo por miedo

Julia también se vio obligada a abandonar su hogar junto con sus hijos, su madre, su abuela y hasta los perros de su padrastro. Se trasladaron a una vivienda que no les pertenece, lo que ha dificultado su rutina diaria, pues sus trabajos y estudios se encuentran lejos de su nuevo refugio.

Además, el desplazamiento ha complicado sus intentos por obtener información sobre el paradero y estado de salud de Arnulfo Flores Echeverría. Tienen temor de acudir al penal de Izalco, donde está recluido, a dejar paquetes o hacer consultas, por miedo a ser arrestados injustamente. Hasta la fecha de publicación de esta nota, desconocen su estado de salud.

Julia y su familia se sienten desamparados, sin saber a qué institución acudir. A pesar de que la Fiscalía General les confirmó por escrito que no hay ningún proceso activo contra Pablo, los militares siguen llegando a preguntar por él. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos no ha intervenido en su caso.

La última organización a la que acudieron fue el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Sin embargo, en su última conversación les informaron que, debido al cierre de operaciones de USAID, lamentablemente ya no podrían intervenir en su situación.

La ausencia de Arnulfo les pesa todos los días. Para Julia, su madre y sus hermanos, no solo falta una presencia física; falta el consejo sabio, el silencio protector con el que Arnulfo resolvía los conflictos, y el abrazo que, sin palabras, les recordaba que no estaban solos. A pesar de no ser su padre biológico, Julia lo reconoce como una figura paternal que, en muchas ocasiones, fue el único que sostuvo a la familia cuando todo parecía derrumbarse. Hoy, esa familia camina herida, desplazada y sin respuestas sobre su estado de salud.

Un padre obligado al exilio

Alfredo Mejía es otro salvadoreño que ha tenido que desplazarse forzosamente debido al acoso de militares que llegaron a buscarlo a un terreno de su propiedad en Sonsonate. Al no encontrarlo, los soldados intimidaron a los lugareños para intentar obtener información sobre su paradero.

Mejía es un padre que ha dedicado los últimos tres años a exigir justicia por la detención arbitraria de su hija, una joven capturada sin pruebas durante los primeros meses del régimen de excepción. En ese proceso, Alfredo se convirtió en uno de los rostros más visibles del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR), una organización que busca dar voz a quienes han sido silenciados por el miedo.

Su activismo, motivado por el amor y compromiso hacia su hija, lo convirtió también en un blanco. La persecución no tardó en llegar.

Debido al acoso de los militares en su terreno, Alfredo Mejía tuvo que salir del país de un momento a otro. "No me pude ni despedir de mi esposa", explicó Mejía. Tuvo que salir de territorio salvadoreño con su celular apagado sin poder avisar a su familia su destino.

Ya fuera del país, intentó buscar respuestas. Envió una solicitud a la Fiscalía General para saber si existía alguna investigación en su contra. La respuesta llegó tarde y, como en otros casos: no había expediente abierto. Pero poco después, militares regresaron a su comunidad, lo que confirma su sospecha de estar siendo vigilado por razones políticas.

"Mi regreso depende de la situación del país. Con la captura de Ruth y el abogado Anaya, lo veo complicado", menciona Mejía. Por el momento está a la espera de una segunda carta de parte de la Fiscalía para conocer si se le ha acusado de algún delito o se ha girado una orden de captura a su nombre.

Su lucha comenzó como la de cualquier padre que busca justicia, pero la persecución lo ha forzado a un destierro que ha ensanchado aún más la distancia con su hija.

Además de Alfredo Mejía, los abogados de UNIDEHC, Ivania Cruz y Rudy Joya se vieron obligados a un exilio forzado en España, ya que mientras ellos se encontraban en el País Vasco para exponer las arbitrariedades que se han dado durante los tres años del régimen de excepción, Fidel Zavala, quien fue liberado gracias al trabajo de los abogados, fue recapturado y se giró una orden para detener a los abogados, por lo que tomaron la decisión de pedir asilo político para resguardar su seguridad.

"Hemos decidido pedir asilo político aquí en el País Vasco para resguardar nuestra seguridad, porque la semana pasada el tribunal que lleva nuestro caso ha pedido difusión de alerta al Interpol, situación que legalmente no aplica, porque eso es para el crimen organizado, pero precisamente lo que intentan es criminalizar la organización (Unidech)", explicó Cruz al medio RFI (Radio France International).

Distintos defensores de Derechos Humanos o personas que han denunciado las torturas dentro de las cárceles del país, o corrupción de funcionarios anteriores y del actual gobierno, se encuentran en incertidumbre, ya que han denunciado seguimientos o movimientos sospechosos de agentes de la Policía Nacional Civil.

La abogada, Ingrid Escobar, denunció, por medio de un video que una cámara de seguridad que subió a su red social "X", que agentes de la PNC rondaban su vivienda, pero que ella tuvo que desalojar hace tiempo por medidas de seguridad.

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció que debido al acoso de agentes de seguridad y por las capturas de defensores de Derechos Humanos, alrededor de 40 periodistas han tenido que abandonar el país como medida de seguridad.

*Por razones de seguridad, los nombres reales fueron omitidos, y no se mencionan los lugares exactos donde ocurrieron los hechos.