"Nadie tiene por qué escoger entre seguridad y derechos humanos": directora de HRW

Juanita Goebertus es la directora de Human Rights Watch (HRW), una organización que defiende derechos humanos y denuncia abusos en el mundo.

Por años, HRW ha seguido lo que ocurre en El Salvador. Hoy encuentran grandes similitudes con países como Venezuela y Nicaragua.

En esta entrevista, Goebertus analiza lo que está pasando con defensores de derechos humanos perseguidos, y la política de seguridad de Nayib Bukele:

"Nadie tiene por qué escoger entre seguridad y derechos humanos", dice la abogada y politóloga colombiana.

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Pregunta: Ustedes dijeron recientemente que El Salvador había dado un paso más en la dirección de Nicaragua, ¿Qué parecidos encuentran entre El Salvador y Nicaragua?

Respuesta: Pues lo primero es que estamos viendo es una arremetida del Gobierno de Bukele en contra de la sociedad civil: la detención de Ruth López, la detención de Enrique Anaya, la forma en la cual se reprimieron las protestas de personas que iban a ser desalojadas, el arresto de transportistas y estas filtraciones sobre presuntas órdenes de captura en contra de miembros de El Faro, pues constituyen un siguiente paso en ese proceso dramático de represión de la sociedad civil como control del poder, que asemeja mucho a lo que vimos en Nicaragua y que generó prácticamente una diáspora total de la mayoría de de periodistas y de líderes de sociedad civil.

Esta Ley de Agentes Extranjeros es una ley que fue originalmente creada en Rusia, copiada en varios regímenes autoritarios, genera mecanismos que buscan el cierre de organizaciones, perseguir a sus líderes. Ya hemos visto, desde Rusia hasta Nicaragua, lo que estas leyes generan es el cierre de organizaciones, el exilio de sus líderes y la censura de sus opiniones y de sus investigaciones.

¿Encuentras diferencias entre lo que hace Bukele y lo que hace Daniel Ortega? 

Lo que vemos de manera más clara en dictaduras en América Latina, como lo son sin duda Nicaragua, Venezuela y Cuba, es que no existe alternancia en el poder. El proceso de deterioro de la democracia en El Salvador y, de crecimiento de prácticas autoritarias, es especialmente preocupante, porque muestra síntomas que hemos visto en el pasado en estos otros escenarios.

En El Salvador todavía hay elecciones. Allí hay una diferencia. Lo que es preocupante es el proceso de cooptación de todos los poderes públicos, que es común a esas dictaduras.

 ¿Crees que ya se le puede llamar dictadura a lo que ocurre en El Salvador?

Nosotros hablamos de una deriva autoritaria, de un deterioro dramático de las condiciones democráticas en El Salvador, insisto: por los ataques desde el gobierno a la separación de poderes, por las violaciones sistemáticas de derechos humanos en el marco del régimen de excepción, por la manera en la cual se viene cerrando el espacio cívico. Creo que hay que ser cuidadoso con las categorías. En El Salvador ha habido una elección popular del hoy presidente Bukele. 

Has mencionado, al inicio de la entrevista, una escalada en la persecución de críticos y defensores de derechos humanos. ¿En qué momento es que los gobiernos empiezan este tipo de arremetidas?

En la medida que la sociedad civil y el periodismo de investigación se vuelven más incómodos, gobernantes, que originalmente podían ser más tolerantes a la crítica, se vuelven más intolerantes y más dispuestos al uso de la acción penal arbitraria para reprimir.

Ha habido recientes investigaciones que documentan los presuntos nexos entre la campaña original de Bukele, tanto para la alcaldía como para la presidencia, y las maras. También investigaciones recientes por hechos de corrupción, que creo que han sido supremamente incómodas para el gobierno. Y, de alguna manera, tenemos un gobierno que pretendía insertarse internacionalmente como un gobierno centrado en resultados en materia de seguridad, cada vez más se quita la careta internacional. El hecho de que (Donald) Trump sea hoy el presidente de Estados Unidos le da cierto espacio para perder la vergüenza, y estar dispuestos a reprimir de manera directa a la sociedad civil, como lo hemos visto en el curso del último mes.

Quienes defienden las capturas de defensores de derechos humanos dicen que ahora cualquier persona se pone la bandera de defensor de derechos para buscar impunidad. ¿Qué opinión te merece esa narrativa?

Yo no he visto a ningún defensor de derechos humanos que busque impunidad, todo lo contrario. Todos los aliados con quienes trabajamos en El Salvador lo que buscan es que se haga justicia. En primer lugar, por ejemplo, de cara a las gravísimas violaciones cometidas por las pandillas. Yo no he conocido un solo defensor de derechos humanos que no quiera que se haga justicia por eso.

Lo que es muy preocupante es que en un régimen de excepción de tres años, y luego de 85 mil personas detenidas, sin orden de captura, sin evidencia de su participación en la comisión de graves crímenes, o detenidas indefinidamente sin ser presentadas ante ante un juez, lo que es muy grave es que luego de todo eso no tengamos condenas en contra de los máximos responsables de la violencia de las pandillas. 

Lo que hay en El Salvador es un proceso de encarcelamiento masivo, pero sin hacer justicia. En ese sentido, en gran medida el modelo Bukele es un modelo de impunidad. No es un modelo que permita esclarecer cuáles eran las prácticas de las pandillas, cómo reclutaban, cómo se financiaban, cuál era el tráfico de armas.

Nada de eso nos ha sido esclarecido, nada de eso ha sido investigado, no ha habido sentencias ni justicia por esos hechos.

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De ahí que lejos de que las organizaciones de sociedad civil busquen impunidad, muy por el contrario, lo que sí creemos, y por los aliados con los que trabajamos, es que el encarcelamiento masivo, incluyendo personas en muchos casos inocentes, no es la forma de hacer justicia por los crímenes cometidos por las pandillas.

Lo que dice el Gobierno es que se sacrifican los derechos de unos pocos para darle libertad a millones, ¿Qué te parece ese planteamiento?

Lo primero es señalar que los registros históricos de homicidio en El Salvador han tenido muchas deficiencias metodológicas y problemas de transparencia. Es cierto que ha habido una reducción de la violencia, así lo muestra nuestro trabajo de campo también y todos nuestros informes lo ponen sobre sobre la mesa.

Dicho eso, también es cierto, que ha habido gravísimas violaciones a derechos humanos cometidas en el marco del régimen de excepción, no solo como ya decía, violaciones al debido proceso, sino también personas que han sido asesinadas dentro de las cárceles, más de 350, según Cristosal.

Lo que yo creo es más desafortunado es que no hemos tenido un proceso para hacer justicia por los crímenes cometidos por las maras.

De eso depende que no haya repetición, de eso depende que haya realmente una transformación territorial y no solamente un proceso de encarcelamiento masivo que luego sea insostenible y lleve a una nueva oleada de violencia.

Creo que el modelo Bukele es un muy viejo debate que pretende poner a escoger a la ciudadanía entre seguridad y derechos humanos. Y nada más falso que eso. Si algo nos ha mostrado la historia en América Latina es que se requieren ambos: se requiere contundencia en políticas de seguridad efectivas, pero que sean al mismo tiempo protectoras de derechos humanos.

Recientemente el periódico La Prensa Gráfica publicó una encuesta que le dio una aprobación muy alta al presidente, principalmente por los resultados en seguridad. Pareciera que a la gente no le importa cómo se consigue el resultado…

Sin duda hay una popularidad que está ahí, que responde a que la gente no quiere volver a un pasado donde las maras controlaban el país. Y ese pasado es un pasado al que definitivamente no se puede volver; pero del otro lado, lo que yo leo también en las encuestas es una creciente preocupación por violaciones a derechos humanos asociadas al régimen de excepción.

Y, de nuevo, la historia en América Latina nos lo ha mostrado: Pinochet en su momento fue muy popular, Uribe Vélez en Colombia fue muy popular también; y en la medida en la que la gente empieza a ver los costos y las violaciones a derechos humanos, esa popularidad empieza a bajar. Insisto: no es un nuevo modelo Bukele, es la historia que hemos visto de líderes que pretenden ponernos a escoger entre seguridad y derechos humanos, y nadie tiene por qué escoger entre esas dos.

Los latinoamericanos merecen seguridad y protección de sus derechos humanos. 

¿Está peleado defender el debido proceso con defender víctimas?

Para nada. De hecho, no hay nadie aprecia más el valor de los derechos humanos que quien está en oposición. Típicamente, quienes gobiernan ven los derechos humanos como una herramienta usada por la oposición en su contra.

Cuando la marea cambia, y se está luego en la oposición, ahí sí hay un aferre a esos elementos básicos. La oposición en Venezuela es una oposición típicamente asociada a la derecha política. Y hoy no hay nada más esencial en su proclama y en su lucha política que la defensa básica de los derechos humanos. Igual la oposición, la poca que queda, en Nicaragua y en Cuba. En lugares como El Salvador, como lo fue Brasil bajo Bolsonaro, son los sectores más hacia la izquierda del espectro político que pueden aferrarse a ese discurso.

La realidad es que los derechos humanos no tienen color político.