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Los derechos humanos bajo la lupa: La importancia de la historia
George Santayana escribió: "Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo" (The Life of Reason), ésta es la razón de nuestra edición.
La edición de este domingo titulada "Los derechos humanos bajo la lupa" es un esfuerzo editorial planificado, en dónde todas las secciones –política, sucesos, economía, cultura, deportes- de la redacción contribuyeron a expresar la importancia de los derechos humanos es un contexto complejo, pautado por el desprecio, ataques y riesgos a los activistas de los derechos humanos.
En la portada, utilizando la estética de Andy Warhol, presentamos cuatro rostros sustanciales de los derechos humanos en El Salvador: San Oscar Romero, un pastor y defensor de los derechos humanos universal; Herbert Ernesto Anaya, mártir de los Derechos Humanos; María Julia Hernández, una mujer luchadora e incansable; y Ruth Eleonora López, una activista contemporánea, recientemente capturada.
Después de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, las naciones preocupadas por los horrores de la guerra, adoptaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 a través de la ONU, marcando un hito en la historia de los derechos humanos.
Durante el conflicto armado de El Salvador hubo secuestros, detenciones ilegales y arbitrarias; abusos en el uso de la fuerza por los cuerpos de seguridad; atentados; restricciones a la libertad de expresión y a la prensa; ataques a defensores de los derechos humanos; desaparecidos, homicidios, masacres y delitos de lesa humanidad. No menos de 70,000 muertos; y así pasamos "de la locura a la esperanza"
Una vez firmados los Acuerdos de Paz en 1992, se acabó la guerra, pero comenzó un proceso complejo de desnaturalización social evolucionando hacia el fenómeno de las pandillas, que causó luto, terror e impacto en la economía. Las promesas de "mano dura" también evolucionaron hacia perversas negociaciones con las pandillas con fines electorales y políticos perversos.
Luego de chantajes, y una vez decidido eliminar a las pandillas, lo cual ha sido una muy buena noticia para la sociedad salvadoreña, aparecieron las sombras de otros daños colaterales relacionadas con las nuevas políticas del Plan Control Territorial: inocentes capturados, maltrato carcelario, homicidios bajo custodia del Estado, información reservada, desaparecidos e innecesarios ataques a la prensa, activistas de derechos humanos y de la sociedad civil; y el uso del estado de excepción como una herramienta de coerción más allá de la seguridad ciudadana.
Los derechos humanos no son un "mecanismo de sometimiento", ni tampoco parte de una "agenda globalista", son una garantía del respeto a la dignidad humana por el simple hecho de ser persona y al margen de cualquier condición económica, política, cultural, ideológica o religiosa.
George Santayana escribió: "Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo" (The Life of Reason), ésta es la razón de nuestra edición.
Seguridad sí, pero, con debido proceso, bajo el Estado de Derecho y el imperio de la ley
El concepto de seguridad, desde la perspectiva integral, no solo implica la lucha contra la delincuencia y el crimen, sino también la seguridad jurídica, lo que, sin lugar a dudas, también podría atraer inversión extranjera, algo que actualmente es débil para la economía salvadoreña.
Lo que reclaman académicos, intelectuales honestos, medios de comunicación, iglesias, organismos internacionales, algunos pocos profesionales del derecho y jueces valientes, es no obviar el "debido proceso", es decir un conjunto de garantías y principios que aseguran un juicio justo e imparcial para toda persona, tanto en procesos judiciales como administrativos. Implica, además, que nadie puede ser privado de sus derechos sin ser oído y vencido en un juicio justo, con la oportunidad de defenderse adecuadamente.
Asimismo, es fundamental que la nación funcione bajo el "Estado de Derecho", un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, incluidas las del Estado, están sujetas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir en igualdad y se aplican con independencia. Esto significa que nadie, ni siquiera el gobierno, está por encima de la ley, y que la ley es la base de la sociedad y la guía para la toma de decisiones.
Debido proceso y Estado de derecho configuran el "imperio de la ley", un constructo jurídico y político que significa que la ley es la que gobierna, no el poder político o una persona. Implica que todos, incluyendo las autoridades, están sujetos a la ley, y que la ley es la base de la legitimidad del poder.