Centroamérica bajo vigilancia: migración, datos y soberanía en la era digital

En los últimos años, los flujos migratorios desde Centroamérica hacia Estados Unidos han sido el centro de múltiples estrategias de control fronterizo, programas de retorno y nuevas formas de cooperación regional. Pero hay un elemento poco discutido que avanza rápidamente y que amenaza con redefinir la relación entre migración, derechos humanos y soberanía: la recolección masiva de datos personales y el uso creciente de tecnologías de vigilancia para perfilar y rastrear a personas migrantes.

Estados Unidos ha construido una megabase de datos migratorios que le permite identificar, monitorear y rastrear a millones de personas, no solo dentro de su territorio, sino también en tránsito desde sus países de origen. Esta base incluye información de múltiples fuentes: registros del servicio postal, seguridad social, impuestos, licencias de conducir, seguros médicos, estatus migratorio, asistencia pública, empleo, educación, bancos, teléfonos móviles, redes sociales, historiales médicos, fotografías, visas, e incluso patrones de consumo.

Este sistema no solo se orienta a la gestión interna de la migración. Tiene como objetivo anticiparse, vigilar y disuadir los movimientos migratorios desde fuera de sus fronteras. En este contexto, Centroamérica se convierte en un laboratorio estratégico donde se ensayan modelos de contención y control.

El programa SAFE: control regional desde el norte

Recientemente, Estados Unidos ha intensificado su presencia en la región mediante el programa SAFE (Secure and Fast Expedition), promovido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Aunque en el discurso se presenta como una iniciativa para promover “migración ordenada y segura”, en la práctica se traduce en acuerdos bilaterales que permiten el acceso del gobierno estadounidense a bases de datos nacionales de los países firmantes.

El objetivo es claro: crear corredores migratorios vigilados desde el origen, establecer sistemas interoperables de datos y realizar perfilamientos de riesgo automatizados. Es decir, identificar desde Centroamérica quién puede representar una “amenaza” antes incluso de que esa persona llegue a la frontera. Todo esto bajo criterios que no han sido sometidos a debate público ni regulados por leyes nacionales de protección de datos.

Estos acuerdos, muchas veces firmados sin consultas ciudadanas ni evaluaciones de impacto en derechos humanos, ponen en riesgo la soberanía digital de nuestros países y convierten a nuestros Estados en piezas subordinadas dentro de un sistema global de control migratorio.

Google y el Estado salvadoreño: ¿colaboración o puerta trasera?

En paralelo, observamos cómo empresas tecnológicas internacionales están comenzando a establecer alianzas con gobiernos centroamericanos para mejorar sistemas estatales mediante herramientas digitales. Un caso emblemático es la colaboración entre Google y el Gobierno de El Salvador, la cual incluye el desarrollo de plataformas para salud, educación, finanzas públicas y servicios ciudadanos.

Aunque esta alianza puede tener potenciales beneficios en términos de eficiencia, la falta de transparencia y regulación en el uso de los datos recopilados abre serias interrogantes. ¿Quién tiene acceso a esa información? ¿Puede ser compartida con terceros o con gobiernos extranjeros bajo acuerdos bilaterales? ¿Qué garantías tienen los ciudadanos —especialmente los migrantes— de que su información no será utilizada para su persecución o exclusión?

La interconexión entre bases de datos públicas y privadas puede facilitar el acceso indirecto a información sensible por parte de agencias extranjeras, especialmente si no existen mecanismos legales que lo impidan. Y en un contexto donde se avanza en acuerdos como SAFE, el riesgo de que la tecnología se convierta en herramienta de vigilancia migratoria extraterritorial es real y urgente.

El papel que deben jugar SICA, PARLACEN y la CRM

Ante este escenario, urge una respuesta articulada a nivel regional. No basta con normativas nacionales fragmentadas o declaraciones de intención. Se necesita una arquitectura regional robusta de protección de datos personales, especialmente en temas vinculados a migración, movilidad humana y cooperación internacional.

El Sistema de Integración Centroamericana (SICA) debe liderar un proceso de armonización de legislaciones, promoviendo principios comunes de protección de datos, transparencia, consentimiento informado y limitación del uso de información personal con fines securitistas.

El Parlamento Centroamericano (PARLACEN) tiene la oportunidad de asumir un rol propositivo en la creación de una Ley Marco Regional de Protección de Datos y Derechos Digitales, con enfoque en poblaciones migrantes y desplazadas. Esta legislación debe establecer límites claros sobre el intercambio de información con terceros países, definir estándares de seguridad digital y contemplar mecanismos de supervisión y rendición de cuentas.

Por su parte, la Conferencia Regional sobre Migración (CRM) —que reúne a los países de origen, tránsito, destino y retorno— debe incorporar de manera urgente este tema en su agenda permanente. La CRM puede ser el espacio para construir acuerdos multilaterales que garanticen que toda cooperación migratoria respete los principios de legalidad, proporcionalidad y derechos humanos, incluyendo el derecho a la privacidad y la autodeterminación informativa.

Centroamérica debe tomar posición

La migración no puede seguir siendo gestionada como un fenómeno criminal ni tratado desde una lógica de amenaza. Las personas migrantes no son números ni perfiles de riesgo; son sujetos de derechos.

Centroamérica debe tomar posición. No para rechazar la cooperación internacional, sino para establecer límites claros, reglas justas y prioridades centradas en la dignidad humana. De lo contrario, estaremos abriendo la puerta a una era de control digital sin fronteras, donde nuestros pueblos sean vigilados, rechazados o perfilados sin voz ni defensa.