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El procesado habría enviado mensajes que intimidaron a un funcionario público. Foto: Centros Judiciales El Salvador

Hombre acusado por presunta violencia contra funcionario público seguirá detenido

La víctima participó en un proceso penal en contra del acusado y este le envió mensajes que hicieron al funcionario temer por su vida.

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Por Alexander Pineda
Publicado el 03 de junio de 2025


Un hombre permanecerá detenido mientras es investigado por supuesta violencia contra funcionario público y por supuestas amenazas agravadas en perjuicio de otra persona, según lo determinó el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador, tras la audiencia inicial.

José Nain Membreño Pineda fue denunciado en abril pasado después de que la víctima recibiera, presuntamente, un mensaje a través de WhatsApp desde un número vinculado a Membreño.

El mensaje, de acuerdo al reporte judicial sobre la audiencia, era la ubicación de la casa, su foto según Documento Único de Identidad (DUI) y el mensaje "$2,530 valen la vida de tanto inocente".

La víctima declaró en su denuncia “sentir temor por su vida”, puesto que, añade el reporte, había participado en un proceso penal en el que Membreño resultó perjudicado. La identidad del funcionario denunciante está reservada bajo régimen de protección.

Al acusado también le atribuyen haber amenazado a otra víctima, en agosto de 2024, habría enviado mensajes considerados ofensivos y fotos y videos de una masacre ocurrida en marzo 2016 en San Juan Opico al canal de atención al cliente de una empresa.

En el mensaje, de detalla en el reporte, adjuntó imágenes de los directores de la empresa, entre ellos la persona que lo denunció.

Violencia contra funcionario público

Según consta en un documento sobre reformas al Código Penal emitido por la Asamblea Legislativa en 2017, la pena por este delito es de entre cinco y diez años de cárcel.

Art. 152-B.- El que realizare violencia en contra de funcionario público, autoridad pública, agente de autoridad, miembros de la Fuerza Armada, personal de seguridad de los centros penales, personal de seguridad de los centros de internamiento de menores, personal de protección de personas sujetas a seguridad especial, Fiscalía General de la República, Órgano Judicial, parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, así como su cónyuge o conviviente, motivada por la calidad de servidor público de cualquiera de las referidas instituciones o por ser familiar de éstos, mediante acciones de amedrentamiento, hostigamiento, persecución, acecho, vigilancia, intimidación o realizar otras formas de provocación, será sancionado con prisión de cinco a diez años.

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