Acuerdos de Paz y régimen de excepción

La narrativa bukeliana insiste en descalificar los acuerdos de paz y los presenta como una negociación bastarda entre izquierda y derecha, concebida para beneficiarse de ella, sin considerar las necesidades e intereses de la población. Y hay gente que se lo ha creído, pero también otros que la rechazan vehementemente sin analizar el fondo del problema. La discusión no es nueva; tiene como antecedente otra que se dio y se sigue dando entre sectores de izquierda y que afirma que los acuerdos de paz fueron un fracaso — o al menos una mala negociación —, en tanto que no se resolvieron los problemas socioeconómicos que fueron una de las causas de la guerra civil. Por el contrario, hay una interpretación que ve a los acuerdos de paz como un éxito rotundo, la cual es suscrita por los actores del proceso y también por las Naciones Unidas.

Estoy más de acuerdo con la segunda, a condición de ceñirse al objetivo principal de las negociaciones de paz. Y este era ponerle fin al conflicto armado. Definido este y manteniéndolo como el centro de atención se podría considerar otros. A cualquier suspicaz, esto le parecerá reduccionista y hasta sospechoso. Durante años se insistió en que la guerra tenía raíces socioeconómicas tales como: pobreza, concentración de la propiedad de la tierra y marginación social. Ciertamente que fue así, pero el detonante fue de tipo político: y fue la imposibilidad de que la oposición llegara al poder por la vía de las elecciones.

Entonces, poner fin al conflicto armado implicaba una reforma política que garantizara las libertades políticas y sobre todo garantizar que los procesos electorales fuesen realmente competitivos, que ningún partido político entrara con ventaja al ruedo electoral, y que se respetara la voluntad del electorado. Para eso era necesario reformar o crear instituciones. Y sobre todo, quitar a los militares su incidencia político-electoral. Eso fue el centro de la negociación. Los acuerdos fueron exitosos y sobre ellos se hizo la transición democrática. ¿Qué pasó con los problemas socioeconómicos? Se retomaron por conveniencia política, sabedores que se vería mal ignorarlos, pero conscientes de que rebasaban las posibilidades y voluntades de la mesa de negociación.

En suma, si el objetivo principal de los acuerdos era poner fin al conflicto, necesario es reconocer que fueron exitosos, y podrían verse como ejemplo de pragmatismo político. Se dejó abierta la posibilidad de retomar a posteriori la discusión de los incómodos problemas sociales y no se hizo; las consecuencias se vieron después.

La misma lógica de análisis puede aplicarse al polémico “régimen de excepción”, que ya no es excepcional, sino permanente. Por falta de visión, incompetencia o lo que sea: la violencia pandilleril devino en el principal problema de la posguerra. Ni los gobiernos de ARENA ni los del FMLN supieron enfrentar el problema. Ambos partidos intentaron dos vías: la represión de “mano dura” y la negociación con las pandillas. La primera chocaba con las garantías del debido proceso; cada gobierno intentó reformas penales que endurecieran las penas y dieran más recursos (libertades) a la PNC y la Fiscalía para proceder contra las pandillas, pero lógicamente la oposición política en el legislativo (que eran los mismos partidos en diferente momento) se opuso a esas medidas. Y el problema siguió creciendo.

Bukele y sus asesores hicieron exactamente lo mismo que ARENA y FMLN, pero en orden inverso. Negociaron impúdicamente con las pandillas para favorecerse en las elecciones y luego para reducir los asesinatos. De eso hay abundante evidencia; lógicamente lo niegan. En algún momento, hubo una ruptura; las pandillas respondieron con una ola de asesinatos, como ya habían hecho antes. Pero vino un giro gubernamental que las sacó de base. El gobierno respondió imponiendo el régimen de excepción, cuyo componente central es la suspensión de garantías constitucionales del debido proceso. A posteriori se agregaron otras reformas que violan flagrantemente principios legales, por el ejemplo, el principio de individualización del delito, según el cual la pena impuesta a una persona debe ser adecuada y proporcional a la conducta específica que tuvo en el cometimiento del delito, a su grado de participación y a las circunstancias. Obviamente, para esto se requería, la absoluta aquiescencia de la Asamblea Legislativa, Fiscalía y Sala de lo Constitucional.

El gobierno fue muy inteligente al determinar que la violencia pandilleril era el problema que más agobiaba a los salvadoreños, tanto que estaban dispuestos a dispensar cualquier abuso al gobernante que lo resolviera, independientemente de la forma y modo en que lo hiciera. Intentó de varias modo, no se sabe si fue probando alternativas o solo usó la negociación para ganar tiempo y preparar las condiciones políticas para dar el golpe. En la lógica de este análisis, al igual que se hizo con los acuerdos de paz, importa: problema, acciones y resultados.

Al margen del cómo y el para qué, puede afirmarse que el régimen de excepción “resolvió” el problema inmediato, ese que más preocupaba a la población. Pero no se han tocado los problemas de fondo. El simple sentido común deja ver que detrás del fenómeno pandilleril hay causales socioeconómicas, tales como pobreza, marginación social, desintegración familiar, migración, etc. Estas son más complejas y difíciles de resolver que la violencia pandilleril. Al igual que pasó en 1992, se resolvió el problema inmediato, y se posponen los problemas de fondo.

Los acuerdos de paz se firmaron con mucha pompa en el castillo de Chapultepec y se celebraron ruidosamente el 16 de enero de 1992. Este gobierno se autocomplace de su éxito con las pandillas, basta ver la enorme cantidad de material audiovisual que produce y que circula profusamente. Todavía está en la celebración y hará todo lo posible por alargarla; es el único logro inobjetable que puede lucir después de seis años en el poder. Y es el que le ha permitido violar flagrantemente la constitución y desmantelar el estado de derecho.

El problema es que eso será funcional por un tiempo; así pasó con los acuerdos de paz. Y ya lo dije; los problemas socioeconómicos, no permanecerán bajo la alfombra por mucho tiempo. Y aquí está la mayor debilidad del gobierno. No tiene apuestas claras para la economía ni para los problemas sociales. Basta ver cómo ha ido saltando de tema en tema: Bitcoin y Bitcoin City, fracasos mayúsculos. Luego Surf City, visualmente atractivo, pero terriblemente excluyente. De repente, la minería metálica, que le costó una baja significativa en popularidad. El centro histórico ya devela su sello clasista y de intereses familiares. Ya se anuncia la energía nuclear que provocará tanto o más rechazo que la minería. Así no hay manera.

Tampoco tiene una política social clara: Salud y educación son dos ministerios de muy cuestionable desempeño. En educación se cometió un craso error de principiante: ofrecer algo imposible de cumplir: “Vamos a intervenir y remodelar en los próximos años 5 mil escuelas, mil cada año”, dijo el presidente el 7 de diciembre de 2002. Obviamente no era cierto. Hace poco volvió al tema y reconoció que no había cumplido y cambió la promesa. Hoy serán dos escuelas por día; tan imposible como la primera promesa.

Los gobiernos de ARENA y FMLN también prometieron mucho e hicieron poco. Pero tuvieron a la mano tres excusas: tiempo, recursos económicos y correlación de fuerzas desfavorable. Ninguna de esas excusas es válida para el actual. Está por cumplir su sexto año en el poder (violación de la constitución de por medio), tendrá cuatro años más. Con la posibilidad de que el vicepresidente encuentre otro artículo escondido que permita la reelección indefinida. Es bien sabido que este gobierno ha tenido la mayor cantidad de recursos económicos, a costa de llevar la deuda a límites extremos. Este endeudamiento ha permitido pingües negocios a los grupos de mayor poder económico, vía deuda interna, que ya es mayor que la externa. Por último, no tiene ningún impedimento político, ya que domina la Asamblea Legislativa; tampoco tiene impedimentos legales, en tanto tiene una Corte Suprema hecha a su gusto y medida. Si no avanza en lo económico social es porque no quiere o porque no tiene idea de cómo hacerlo. Ni lo uno ni lo otro, sorprende.

Historiador, Universidad de El Salvador