Gobierno tomó $45.68 millones del Fondo de Pensiones en abril

El Gobierno de El Salvador tomó $45.68 millones del Fondo de Pensiones solo en abril de 2025, el segundo mes dentro de su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), según los datos del Banco Central de Reserva (BCR).

Con esto, la deuda de pensiones llegó a los $10,742.22 millones, el 32% de la deuda pública total. De ese monto, $2,347.06 millones corresponden solo a la emisión de Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), los instrumentos creados a partir de la reforma de diciembre de 2022. Desde esa fecha, el ritmo en la que toman los ahorros de los trabajadores es de casi $84 millones al mes.

Si bien en abril el aumento fue menor, si se compara con el promedio que llevaba, se trata todavía de una frecuencia alta. Esto ha sido una constante desde que Nayib Bukele llegó al poder en 2019, ya que lo que han tomado en su gestión es mucho más que lo tomado en los gobiernos durante los 16 años anteriores (2006-2022).

La deuda con los cotizantes siguió una trayectoria imparable en el primer quinquenio de Bukele, ya que cuando asumió el mandato, en junio de 2019, la deuda previsional era de $5,082.7 millones, pero de esa fecha hasta abril de 2025 el monto subió en $5,659.52 millones. Es decir que en seis años de la actual administración dicho compromiso con los trabajadores aumentó en más del doble.

 VER: Gobierno de Bukele duplicó la deuda de pensiones en 5 años

Aunque en 2017 se marcó un récord de endeudamiento con el fondo de pensiones en la administración de Salvador Sánchez Cerén y también se aprobó una reforma de pensiones en ese año, no se compara con la deuda actual. En esa reforma se creó la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), de donde sale el pago de jubilaciones cuando el saldo de las cuentas individuales se agota.

Según Rafael Aguirre, secretario general de SIMETRISSS, el asunto es de preocupación para la clase trabajadora del sector formal, que es la que cotiza para su retiro, pues pone en peligro la sostenibilidad del sistema, sobre todo en un contexto en el que el Gobierno no está pagando capital ni intereses a la deuda representada por los Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), es decir el monto acumulado por gobiernos anteriores y una parte por la actual administración. Estos CFT se comenzarán a pagar hasta 2027.

La reforma de 2022 le ha permitido al gobierno un ahorro anual de al menos $500 millones mientras dura el período de gracia, tiempo en el cual la deuda lejos de bajar, incrementó.

"Se está dando un manoseo indebido de estos fondos, que son privados, de todos los trabajadores cotizantes", sostiene Aguirre.

Patricio Pineda, de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, ilustra que el programa con el FMI, en esencia, se resume en cumplir ciertos compromisos en fechas concretas para recibir recursos.

En ese sentido, Pineda considera que el Gobierno calcula que todavía puede disponer de los fondos de pensiones para cualquier fin que lo considere conveniente, porque no hay una exigencia específica sobre el tema hasta julio. "Muy probablemente están viendo hasta donde el FMI es capaz de poder presionar", opina.

De hecho, la sospecha de que el gobierno pueda estar financiando otros gastos con dinero de pensiones la ha planteado también el banco de inversión inglés Barclays en marzo del año pasado.

"Las deficiencias fiscales se vieron agravadas por un opaco acuerdo de financiación del sistema de pensiones, recientemente reorganizado. Aunque la transparencia financiera es limitada, sospechamos que el sistema de pensiones está financiando al gobierno mediante planes de représtamo a través del nuevo organismo de pensiones (el ISP), y de bancos comerciales", señaló Barclays en un informe sobre El Salvador.

VER: Barclays: Gobierno se financió con dinero del Fondo de Pensiones

Por ley, el dinero de las cotizaciones de los trabajadores se pueden usar solo para pagar las pensiones de los antiguos sistemas del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

La necesidad de una reforma

Desde el FMI son conscientes de que el actual sistema de pensiones no tiene futuro: concluyeron que la CGS se agotará en 2027, por lo que el Estado tendría que asumir el pago desde las cuentas públicas. La suma requerida sería equivalente al 0.5% del PIB al año.

Por eso, uno de los compromisos de la administración de Bukele para recibir más recursos desde el FMI es, primero, presentar un estudio actuarial independiente a finales de julio de 2025. En este se debe establecer con total certeza cuándo se agotarán los fondos con el escenario actual y qué hay que hacer para que ello no pase.

Pineda añade que no es del todo un estudio actuarial lo que se le ha exigido al Gobierno por parte del Fondo, a la luz de lo incluido en los informes publicados por la entidad. Más bien, sostiene, se le pedirá una valuación actuarial, una especie de análisis o posteriori a la reforma aprobada en diciembre de 2022.

"Es una sentencia técnica sobre la salud de un sistema de pensiones después de haberse hecho una reforma. En este caso, tres años después de la implementación", comenta.

Para Pineda, la gran ventaja que se tendrá desde la sociedad civil es que, a partir de julio, se tendrá el acceso total a la información del sistema de pensiones, que ha estado bajo la sombra al menos desde abril de 2023. Además, será factible conocer el destino de cada centavo que ha salido del fondo.

"Esa es la secuencia lógica de los acontecimientos, primero presentan una valoración del sistema actual, después se hace el estudio actuarial y al final se presenta la propuesta de reforma, que será en febrero de 2026... lo que se define en un estudio actuarial (que después se concreta en propuesta) es la respuesta a tres preguntas: ¿Qué queremos, cuánto cuesta y quién lo paga?", explica.

VER: Deuda de pensiones adquirida tras reforma abarca el 22% del total

Según el FMI, el aumento generalizado del 30% a las pensiones aceleró el agotamiento de la CGS. Una nueva propuesta tendrá que definir cómo se corrigen los problemas.

Lo más probable es que se realicen reformas que ajusten los parámetros existentes del sistema de pensiones, como la edad de jubilación, el porcentaje de cotizaciones o la fórmula de cálculo de la pensión, dicen los expertos.

Pero Rafael Aguirre sostiene que debe hacerse algo también con el acceso que el Gobierno pueda tener a los fondos para financiarse. "De nada va a servir aumentar las variables paramétricas que van a sustentar al sistema si no se corrige esta situación. De nada sirve aumentar el caudal de recursos si no se va a cerrar el hoyo por el que se fugan", comenta el líder sindical.

"Es muy triste que quien va a tener que reparar los problemas del sistema de pensiones no es aquel que los provocó, el Gobierno, sino el trabajador con su esfuerzo y sudor", añade Pineda.

"Esperamos que en esta ocasión el estudio actuarial esté disponible al público, y que se promueva una reforma al sistema de pensiones que desarrolle procesos de consulta y diálogo con organizaciones de la sociedad civil, academia, trabajadores, pensionados, empleadores y otros sectores sociales interesados en el tema previsional", comenta el economista Carlos Argueta.