Seis años de Bukele: Retroceso democrático de 40 años en El Salvador

El retroceso democrático y del estado de derecho en El Salvador en los últimos llegó a niveles de hace cuatro décadas. "A principios del siglo XXI, hubo una notable disminución en la concentración de poder, tendencia que se revirtió notablemente a partir del 2019, al alcanzar niveles similares a 40 años atrás. Hoy, la concentración del poder en una sola figura política en El Salvador es la más fuerte en décadas", así lo dijo desde 2024 el Séptimo Informe de Estado de la Región del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) de Costa Rica.

Analiza que "se trata de los casos en los que el retroceso político ha sido de tal magnitud que se equipara a los niveles observados en los episodios de mayor involución política", es decir, la época que desencadenó el conflicto armado en la década de los 80.

De acuerdo al estudio, que retoma una serie de indicadores y mediciones internacionales, El Salvador ha venido gestando deterioros desde el 2017; pero a partir del 2023 cumple con los requisitos para ser considerado como una autocracia electoral.

El control del Órgano Judicial en mayo de 2021 por parte del gobierno de Nayib Bukele fue determinante para levantar la restricción constitucional a la reelección presidencial y dio cabida a un segundo mandato consecutivo, y este 1 de junio Bukele cumple seis años en el poder.

Este último año, que sería el primero de la gestión 2024-2029 (que algunos críticos llaman inconstitucional), continúa con las medidas del régimen de excepción, ausencia de un plan de gobierno que sea de conocimiento público, incremento del endeudamiento público con préstamos externos y opacidad en la información.

Pero en el último semestre ocurrieron hechos que llamaron más la atención, como la aprobación de la Ley General de Minería Metálica en diciembre de 2024, el recibimiento de deportados venezolanos de Estados Unidos para ser encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en marzo y la detención de defensores de derechos humanos, entre ellos a la destacada abogada Ruth Eleonora López, en mayo de 2025.

Aumento del miedo

A mediados de 2024, encuestas como las del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) indican que más de la mitad de la población siente temor de expresar sus opiniones políticas. Paralelo a eso, existe un fuerte acoso en redes sociales a quienes expresan opiniones diferentes al discurso oficial.

"Prefieren reservarse su opinión porque no saben con quién están hablando", expresó Omar Serrano, académico y analista.

El miedo sale de las redes sociales, como por ejemplo empleados que hablan bajo el anonimato o familiares de detenidos que prefieren callar ante vulneraciones, como el caso de la muerte bajo custodia del Estado del empresario de transporte, Roberto Jaco.

"Hay que decirlo, que paralelamente a esta profundización del régimen autoritario hay un aumento del miedo", añadió Serrano.

Indicó que lo que pasa en el país "es de libreto", pues ha ocurrido en otros regímenes autoritarios, lo que los especialistas denominan como "miedo político", para eliminar a la disidencia y la oposición.

"Es el miedo promovido, inducido por el Estado, por el gobierno, por el poder, como herramienta de control social. Yo creo que en este tiempo, con lo que ha pasando con los transportistas, con lo que ha pasado con Alejandro Henríquez, con lo que está pasando, lo que está aumentando es el miedo en la gente", expresó.

Indicó que los gobiernos autócratas, como en Chile e Italia en el siglo pasado, trabajaron por la seguridad; pero a cambio se violan los derechos humanos. "Y la gente le gusta eso, porque tiene más tranquilidad. Lo triste es cuando la gente se da cuenta que ese apoyo que está brindando se vuelve un bumerán, porque los afectados por esa falta de leyes, de democracia y de Estado de derecho es la misma población a la que se revierte", explicó.

"Existe un clima de miedo que ya no es solo implícito o subliminal, sino que es evidente y se expresa en actos de intimidación directa, de persecución en su máxima expresión, como lo hemos visto en los casos recientes de Ruth, Alejandro y Ángel, y anteriormente con otros presos por razones políticas", opinó el analista político, Ramiro Navas.

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Agregó que el gobierno ha empezado a perder notablemente "su cómoda popularidad" y por eso reacciona con agresividad.

"Buena parte de la gente sigue defendiendo que cualquier costo a pagar es válido con tal de mantener la 'seguridad'; pero cada vez son más los que entienden los verdaderos riesgos y también los que cuestionan que realmente El Salvador sea un país integralmente seguro", comentó Navas.

Regresión en libertad de expresión

Tanto en Nicaragua y como El Salvador las mejoras históricas en la libertad de expresión han sido prácticamente borradas. "En El Salvador, luego de un repunte importante posterior a los años noventa del siglo pasado, en los últimos años se presentó un fuerte deterioro que lo ubica cerca de los niveles de la década del conflicto armado", dice el informe de CONARE.

Una de las mediciones más constantes es el Índice de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras, que evidencia una tendencia a la baja en los indicadores del país, lo que también fue señalado por el CONARE en su informe.

"El Salvador ha mostrado fluctuaciones significativas. Después del cese de la guerra y la recuperación democrática, evidencia un balance mayormente positivo en el indicador, pero la llegada al poder de Nayib Bukele marca el punto de inflexión y muestra un retroceso significativo hasta alcanzar un nivel comparable con el que tenía a mediados de la década de los ochenta y principios de los noventa", indica.

Consigna que la estrategia del presidente ha sido acusar a los medios críticos de su gestión como "enemigos" del pueblo y afines a las élites tradicionales, así lo hizo en una conferencia en septiembre de 2020.

Además, el gobierno de Bukele se caracteriza por las restricciones al acceso a la información pública, con notables incumplimientos a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) respecto a los datos que deben publicarse de forma oficiosa. Lo que dejó de ser señalado por el Instituto de Acceso (IAIP) que fue cooptado desde 2020.

Héctor Rodríguez, del Movimiento de Trabajadores Despedidos, señala que en este año hay una profundización de la represión, la persecución a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

"En esa misma línea hay una constante amenaza de persecución e intentos de capturas, hay una persecución contra periodistas. En este momento han tenido que abandonar el país un grupo de periodistas, precisamente, por las amenazas de captura, por el simple hecho de decir la verdad, por denunciar las múltiples violaciones a derechos humanos en nuestro país", denunció.

Aumento de fuerza

"Quizá el caso más grave que estamos registrando en este régimen inconstitucional de Bukele es utilizar el régimen de excepción para perseguir y criminalizar a personas defensoras de derechos humanos, en detrimento de estar dejando en libertad a aquellos criminales con los que ha tenido pactos y que la misma prensa ha documentado", comentó Rodríguez.

El debilitamiento de la administración de la justicia en los países de la región ha coincidido con el fortalecimiento del poder militar.

"En el último quinquenio, las fuerzas armadas han asumido un rol activo en la protección de los poderes ejecutivos con rasgos autoritarios, lo que se manifiesta de forma más clara en la aplicación de regímenes de excepción y la contención de protestas sociales, en detrimento de los derechos y libertades de la ciudadanía", señala CONARE.

El documento del Consejo de Rectores califica a Centroamérica y la República Dominicana como "un laboratorio político" en donde coexisten desde una democracia liberal hasta autocracias, junto a regímenes híbridos que combinan rasgos democráticos con otros autoritarios.

Esto está acompañado de un repunte de la concentración de poder personalista, con líderes que llegaron al poder por medios democráticos; pero que una vez están instalados gobiernan con un creciente desapego a las instituciones y reglas de la democracia.

"En El Salvador se observan picos pronunciados en el índice durante los años ochenta del siglo pasado, lo cual coincide con el conflicto armado interno y el gobierno militar, indicando una alta concentración de poder en el Ejecutivo", agrega el documento.