"A uno lo capturan y después le ponen los cargos”: vocero de MOVIR desplazado

Uno de los voceros del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) se ha visto obligado a permanecer fuera del país desde hace más de dos meses por presuntas acciones de acoso policial en su lugar de residencia, denunció Samuel Ramírez, representante del movimiento.

"El compañero Alfredo está fuera del país porque tuvo amenazas, mucha presencia de policías en su casa y lo mandaban a llamar para que fuera a la delegación más cercana porque querían hablar con él", aseguró Ramírez.

Alfredo Mejía es uno de los fundadores del movimiento de víctimas. Su hija fue capturada y acusada por el delito de agrupaciones ilícitas, señalamiento que él siempre ha negado.

Mejía relató vía telefónica que el 13 de marzo de este año un grupo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fuertemente armados llegó a buscarlo en dos lotes de la lotificación Miramar, de Nahulingo, cuya dirección aparece en su Documento Único de Identidad.

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Sin embargo, debido a que en los inmuebles no hay ninguna construcción, los agentes rodearon la casa de al lado, donde preguntaron por su nombre, el de su esposa y el de su hija.

"Él (vecino) se levantó asustado por los porrazos que le dieron a la puerta y se dio cuenta que estaba rodeada su casa por cuatro o cinco policías y otros encañonando la casa y le preguntaron si me conocía", declaró.

Mejía explicó que en esa lotificación él ha ocupado el cargo de presidente de la directiva comunal desde el año pasado, lo cual le ha traído algunos problemas con uno de los habitantes.

Ese día algunos vecinos le comunicaron que los agentes hicieron fotografías de sus lotes y además preguntaron cada cuánto se reunía la directiva y cada cuánto llegaba él a la lotificación. El vocero de MOVIR explicó que esa noche no durmió en su vivienda, la cual está localizada en Sonsonate, por temor a ser capturado.

Al día siguiente, Mejía participó en una conferencia junto a representantes de otras organizaciones en la que denunciaron la persecución de los abogados de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, (UNIDEHC).

Un día después abandonó el país y desde entonces permanece fuera, al considerar que ante una acusación no se le aplicará el debido proceso.

"Recuerde que la Policía anda cometiendo arbitrariedades. A uno lo capturan y después le ponen los cargos", manifestó Mejía.

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En cuanto al caso de su hija, sostiene que ella fue capturada solo por no portar su DUI, los agentes le dijeron que se la llevaran en investigación y desde entonces han pasado tres años.

Lo último que el padre de la detenida supo es que se encuentra muy mal de salud, porque el mismo día que la Policía llegó a buscarlo él andaba en el centro penal de Izalco dejando un medicamento que le habían solicitado.

"Ese día yo me solo quedé con $15 dólares porque gasté un poco más de $130 en los medicamentos que me pidieron que le llevara de emergencia", dice.

Otros casos

Los defensores de derechos humanos Ivania Cruz y Rudy Joya también se encuentran fuera del país, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) ordenara sus capturas por el delito de agrupaciones ilícitas y comercialización ilegal de parcelaciones y lotificaciones.

Posteriormente el 5 de mayo la jueza 3 del Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado los declaró rebeldes y ordenó la detención provisional de ambos, mientras el caso continúa en la etapa de instrucción.

La jueza informó que enviará el informe a la Policía Internacional (INTERPOL) para que esta emita la difusión roja.