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Vamos propone que se califique como delito el uso ilegítimo de la fuerza
La diputada Claudia Ortiz presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para que se sancione con prisión el uso de la fuerza pública contra manifestaciones pacíficas
Claudia Ortiz, diputada del partido Vamos, presentó este lunes a la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma al Código Penal para que se incluya como delito el uso ilegítimo de la fuerza pública contra manifestaciones pacíficas.
La legisladora argumenta que toda autoridad pública o agente de autoridad debe estar sujeto a límites legales.
“En ese sentido, toda actuación de la fuerza pública en contextos de manifestaciones o reuniones pacíficas deberá ajustarse a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, garantía irrestricta de los derechos humanos y rendición de cuentas, conforme a la normativa interna e instrumentos internacionales ratificados por El Salvador”, dice la correspondencia.
Por lo que plantea que se añada a la normativa penal un artículo 293-A, así: "El funcionario público, agente de la autoridad o miembro de cuerpos de seguridad del Estado que ordenare, autorizare, ejecutare o participare en el uso de la fuerza pública contra personas que ejercen de manera pacífica el derecho de reunión o manifestación, sin causa legal justificada o de forma desproporcionada, o que impidan por distintos medios que las personas lleven a cabo o participen en una reunión o manifestación pacífica será sancionado con pena de prisión de tres a seis años e inhabilitación especial para el ejercicio del empleo o cargo por igual tiempo”.
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Y agrega que la pena se aumente en una tercera parte del máximo indicado cuando el uso de la fuerza se haya cometido contra niños, personas adultos mayores o personas con discapacidad; que el uso de la fuerza haya implicado empleo de armas letales, productos químicos o explosivos o que el hecho “haya sido parte de una política o patrón sistemático”.
Recordó que los derechos de libertad de expresión y de manifestación pacífica están consagrados en los artículos 6 y 7 de la Constitución de la República y que El Salvador es suscriptor de instrumentos internacionales que protegen dichos derechos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los cuales establecen los estándares sobre el uso de la fuerza en contextos de protesta.