El Gobierno argentino anunció que modificará, a través de un decreto de necesidad y urgencia, la normativa migratoria del país. El objetivo anunciado es volver más estrictas las condiciones de ingreso y permanencia en el país.

Las autoridades dijeron que entre los cambios se prevé volver más estricto el proceso para acceder a la residencia permanente y la ciudadanía argentina. También que aquellos que cometan cualquier tipo de delito en el país podrán ser deportados, y que quienes entren a Argentina deberán contar con un seguro de salud.

El presidente Javier Milei había anunciado que habría una reforma migratoria en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso el 1 de marzo pasado.

 El vocero presidencial argentino, Manuel Adorni, reveló además que las reformas al régimen migratorio argentino incluyen restricciones más severas para la residencia, el fin de la gratuidad de atención médica para extranjeros en los hospitales públicos y la implementación de un arancel para estudiantes extranjeros no residentes.

Adorni detalló, en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, que el Gobierno de Javier Milei realizará una reforma migratoria, la cual se hará efectiva a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia en el Boletín Oficial en los próximos días, que impulsará modificaciones para avanzar hacia un país "ordenado que cuide sus fronteras y proteja a los ciudadanos argentinos".

El vocero adelantó que endurecerán las condiciones para conceder la residencia a personas extranjeras y se expulsará a los migrantes por delitos y se incorporarán más delitos como causa para impedir el ingreso o la expulsión de migrantes.

“La doctrina garantista ha hecho desastres en términos migratorios y lo cierto es que los malandros, los ocupas y los oportunistas deben quedarse del otro lado de la frontera y no venir a la Argentina a hacer daño a los ciudadanos que residen en el territorio nacional”, afirmó el vocero.

“Si a un delincuente se lo detiene cometiendo un delito (en flagrancia) o por violentar el sistema democrático, será expulsado y se le prohibirá su reingreso al país”, aseguró y aclaró se prohibirá también el reingreso al país a quienes ingresen con documentación apócrifa.

Acercando posiciones con Trump

El asunto de la migración no había sido hasta entonces un tema central de la agenda de Milei, pero al levantar esa bandera acerca posiciones con, entre otros, Donald Trump, a quien considera su principal aliado global.

En 2017, también mediante decreto y durante la presidencia de Mauricio Macri, se había avanzado en una modificación similar de la ley migratoria, pero el decreto fue declarado inconstitucional por la justicia y luego derogado.

Según cifras del censo de 2022, en Argentina viven 1.933.463 personas nacidas en otro país, sobre un total de 45.892.285 habitantes.

Las nuevas medidas buscan ampliar las herramientas legales para facilitar la expulsión de extranjeros del país, una política impulsada por la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien ya había promovido y similares durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) mediante el DNU 70/17.

 Según indicó el portavoz presidencial, se eliminará la gratuidad de la atención médica para extranjeros no residentes.

Los organismos competentes en salud determinarán las condiciones de acceso al sistema, incluyendo la posibilidad de cobrar por los servicios.

Adorni citó el caso de la provincia de Salta, donde una medida similar redujo en un 95 % la atención a extranjeros y generó un ahorro de 60 millones de pesos (alrededor de 53.300 dólares).

 “Nos despedimos de los famosos tours sanitarios, que por desgracia son tan conocidos en la Argentina”, afirmó.

 Las universidades nacionales podrán cobrar aranceles a estudiantes extranjeros que no residan en el país. La decisión será tomada por cada institución, ya que se constituyen como entes autárquicos.

Adorni afirmó que "uno de cada tres estudiantes de Medicina es extranjero", y destacó que esta medida representará una fuente de financiamiento para las casas de estudio.

Estas reformas se enmarcan en la política migratoria del Gobierno del presidente Javier Milei, que busca fortalecer el control fronterizo y priorizar los derechos de los ciudadanos argentinos en áreas como la salud y la educación.