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Un juez ordena la aprehensión de Evo Morales por presunta trata de una menor

La fiscalía, que acusó formalmente a Morales del delito de trata de personas, ya había emitido una orden de detención contra el exmandatario en octubre de 2024, durante la fase de investigación, para que sea conducido a una sede del Ministerio Público a declarar.

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Por AFP
Publicado el 17 de enero de 2025


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Un juez de Bolivia ordenó la aprehensión de Evo Morales, luego de que el expresidente no se presentara por segunda vez a la audiencia en la que debía resolver un pedido de prisión preventiva por el caso de trata de una menor durante su mandato.

«Se dispone (que) se libre mandamiento de aprehensión en contra del imputado (Evo Morales)», dijo este viernes Nelson Rocabado, juez de Tarija (sur), al dar a conocer su resolución durante la audiencia que fue transmitida por el canal estatal Bolivia TV.

La fiscalía, que acusó formalmente a Morales del delito de trata de personas, ya había emitido una orden de detención contra el exmandatario en octubre de 2024, durante la fase de investigación, para que sea conducido a una sede del Ministerio Público a declarar.

Durante la audiencia de este viernes, el juez también declaró «rebelde» al líder cocalero.

«Está declarado rebelde. ¿Qué significa esto? Que el juicio se va a suspender hasta que él aparezca», dijo a la prensa Sandra Gutiérrez, fiscal a cargo del caso, al término de la diligencia.

Según el Ministerio Público, Morales inició una relación con una menor de 15 años en 2015, cuando era presidente, y sus padres consintieron la unión a cambio de beneficios. Fruto de la relación nació una hija un año después.

De acuerdo al expediente de investigación, los padres de la menor la inscribieron en la «guardia juvenil» de Morales «con la única finalidad de escalar políticamente y obtener beneficios (…) a cambio de su hija menor».

Morales, de 65 años, rechaza los cargos y argumenta que una investigación por los mismos hechos fue desestimada en 2020. 

En esa ocasión fue investigado por estupro, un delito que implica acceso carnal con una menor de entre 14 y 18 años. Esta vez la fiscalía se concentra en un caso de presunta trata y que según la fiscal Sandra Gutiérrez tendría una pena de «10 a 15 años de prisión». 

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