El fiscal de California, el demócrata Rob Bonta, emitió este miércoles una guía actualizada sobre las leyes estatales que limitan la participación de la policía y agencias locales con las autoridades de inmigración, ante la llegada del presidente electo, Donald Trump, a la Casa Blanca y su plan de deportación masiva.

La guía, emitida por primera vez en 2018 cuando entró en efecto el Acta de Valores de California (SB 54), tiene como objetivo ayudar al personal a desarrollar planes para proteger los derechos de los inmigrantes y sus familias a acceder de manera segura los servicios de las instituciones públicas, explicó Bonta en un comunicado.

“No nos tomará por sorpresa si el presidente electo cumple con sus amenazas de deportación masiva, y no permitiremos que espacios seguros como bibliotecas, hospitales y juzgados sean cooptados y requisados ​​para su agenda inhumana de inmigración”, agregó el fiscal demócrata.

El Acta de Valores de California, conocida como la ley santuario, prohíbe a las agencias policiales estatales y locales ayudar con la aplicación de las leyes de inmigración, con excepciones limitadas.

La guía contiene orientación para juzgados, centros de atención médica, universidades, escuelas primarias y secundarias, agencias laborales, bibliotecas públicas y refugios, entre otras dependencias.

La Fiscalía de California ha recomendado a estas instituciones documentar todas las solicitudes relacionadas con el cumplimiento de la ley de inmigración; y capacitar a los trabajadores sobre cómo manejar estos requerimientos. 

Confirman a Los Ángeles como "Ciudad Santuario"

Concejales de Los Ángeles, la segunda mayor urbe de Estados Unidos, aprobaron este miércoles declarar a esta ciudad como  «santuario» para la migración, en momentos que las jurisdicciones liberales se preparan para el regreso del republicano Donald Trump a la Casa Blanca.

La ordenanza, aprobada por unanimidad, prohibirá que se utilicen recursos o personal de la ciudad para implementar las leyes federales en materia migratoria.

Esto ocurre luego de que Trump nominara figuras de línea dura para aplicar la controvertida política migratoria de su gobierno, lo que le muestra comprometido con materializar sus promesas de campaña sobre deportaciones masivas de personas indocumentadas.

También, llega a medida que los gobiernos regionales de corte liberal en el país, con el del estado de California al frente, tratan de establecer barreras contra lo que consideran podrían ser excesos durante una nueva presidencia del magnate republicano.

La votación de este miércoles aprobó además una cláusula de urgencia que permitiría su entrada en vigor apenas diez días después de que la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, la promulgue.

«Hemos sido una ciudad pro-migración durante años, sabemos que el presidente electo ve un blanco en nuestra espalda y lo que estamos haciendo es reforzar nuestras defensas», dijo el concejal demócrata Bob Blumenfield el mes pasado. 

«Estamos codificando nuestras buenas políticas para proteger a los inmigrantes», agregó.

Trump puso la lucha contra la migración ilegal como eje central de su campaña electoral para las elecciones de noviembre pasado y sus seguidores con frecuencia exhibían en los actos pancartas a favor de las llamadas deportaciones masivas. 

El presidente electo reiteró en sus alocuciones, sin ningún fundamento, que los migrantes sin documentos eran responsables por el aumento del crimen, a pesar de que las estadísticas dicen lo contrario.

Pero la filial del Partido Republicano en Los Ángeles no demoró en criticar la decisión municipal del miércoles. 

«Las llamadas ciudades y estados ‘santuarios’ suenan como cálidas y acogedores, pero las protecciones que ofrecen no son para (abuelas) los que comen helado, sino para gente que entró de forma ilegal al país y cometió otros crímenes», expresó en un comunicado. 

Los Ángeles es una amalgama de culturas diferentes, ya que un amplio porcentaje de sus residentes es primera o segunda generación de inmigrantes. 

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